La Secretaría de Energía, que dirige Sergio Lanziani, modificó las condiciones de contratación del gas que consumen las usinas eléctricas. Por medio de una nota interna instruyó a Cammesa, el organismo de despacho que está a cargo de la compra de combustibles para el parque de generación, a que introduzca una cláusula de ‘deliver or pay’ (entregar o pagar) que, en la práctica, limitará el accionar especulativo de las comercializadoras de gas.

• ¿En qué consiste la novedad?  

Las empresas que participen de la subasta que realizará el martes Megsa, que administra el Mercado Electrónico del Gas, para adquirir el gas que consumirán las centrales durante febrero, deberán comprometerse a entregar al menos un 30% del volumen nominado diariamente por CAMMESA . De no hacerlo, deberán pagar una penalidad equivalente al valor del gas no entregado.

La medida —acentada en el artículo 9 de las Condiciones Generales del concurso que redactó Cammesa— marca un cambio relevante con relación al esquema utilizado en el último año y medio. Desde septiembre de 2018 hasta enero de este año, los privados —productores y comercializadoras— no enfrentabas ninguna multa económica por incumplir sus ofertas. Podían ofrecer cualquier precio en la licitación. Si, llegado el momento de entregar lo ofertado, no disponían del gas, sólo lo informaban al sistema sin pagar ninguna pena. Esa flexibilidad total del esquema de contratación —con contratos interrumpibles sin cláusulas de deliver or pay o transporte en firme— favoreció a las empresas comercializadoras, que no cuentan con producción de gas propia.

• ¿Por qué el diseño de la subasta provocó una baja artificial de los precios?

Porque en los minutos finales de cada subasta (se extiende durante una hora), las comercializadoras ofrecieron más bajos que los de los productores para garantizarse una cuota del negocio. Las empresas que ofrecen los precios más económicas son a las primeras que llama Cammesa para despachar sus centrales. En los días de baja demanda de gas por cuestiones estacionales (temperaturas medias), cuando sobra gas en el mercado, la estrategia de las traders hace sentido porque tienen mayores chances de encontrar a un productor que acceda a venderle gas barato con tal de no cerrar sus pozos. A raíz de esa dinámica, la compra de gas para usinas por parte del Estado terminó provocando un descenso inconsistente de los precios, desde la óptica de las petroleras.

¿Por qué? Porque el precio del gas cayó pero por el comportamiento especulativo de las comercializadoras, que se aseguraban un lugar en el orden de despacho. Si después conseguían gas de algún productor para cumplir con el precio asumido con Cammesa, mejor. Si no, declinaban del llamado sin ningún pesar. La cláusula de deliver or pay (DOP) que introdujo el gobierno busca limitar ese accionar.

Contradicciones

Alguien puede decir que, en los últimos 18 meses, pese a que se registró una evidente caída del precio del gas en boca de pozo, acentuada además por efecto de la devaluación, la oferta del fluido no descendió. Es cierto. Pero eso se explica, casi por completo, porque al mismo tiempo que spotizó el mercado de gas a través de las subasta de Cammesa, el Estado incentivó la producción no convencional de gas por medio de programas de estímulo que funcionan con subsidios directos a las productoras. El más conocido es el de la resolución 46/2017 del Ministerio de Energía, lanzado para promocionar la producción de de shale gas en Vaca Muerta. Así, por caso, Tecpetrol siguió inyectando unos 17 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) durante 2019 pese a que el precio de venta del gas cayó por lo menos un 30% en el mismo año. La petrolera del grupo de Techint, al igual que otras compañías, siguió recibiendo un seguro de precios que garantizó la rentabilidad del negocio aunque el precio haya retrocedido.

• ¿Qué hay que esperar a partir de este cambio?

El Ejecutivo avanzó en un sentido lógico. Sabe que es necesario intentar recomponer una señal de precios a mediano y largo plazo, para lo cual, como primer paso, debe limitar la especulación por parte de las productoras. La cláusula del deliver or pay era un pedido de los productores desde hace tiempo.

“Las petroleras querían un porcentaje mayor, pero finalmente se decidió que la cláusula fuera del 30% para ir sondeando cómo responde el mercado”, indicaron a EconoJournal allegados al mercado.   

Lo más probable es que los precios que se reciban en esta subasta sean mayores que los recibidos en los licitación de enero, cuando algunas empresas ofertaron valores inferiores a un dólar por millón de BTU. Parece improbable por cuestiones estacionales y regulatorias (este cambio en las condiciones de DOP) que eso precios se repitan. Pero aunque eso no suceda, el gobierno avanzó en una dirección razonable: sabe que de nada sirve tener un semestre de precios bajos si eso acentúa la parálisis de la inversión en yacimientos de gas, provocando una caída de la producción que se materializará más temprano que tarde.