Funcionarios del área de Legales del Ministerio de Hacienda están reunidos por estas horas redactando las resoluciones para congelar por 90 días toda la cadena de precios del sector petrolero. Es una de las medidas que anunció hoy el presidente Mauricio Macri para recuperar a la opinión pública que le dio la espalda en las PASO. Entre las petroleras la decisión causó estupor. No lo esperaban bajo ningún escenario.
La mayoría de las empresas descontaba que el gobierno iría llevando los precios a través de YPF, la compañía controlada por el Estado, que marca la pauta de precios de las naftas y gasoil por ser el mayor jugador del mercado de los combustibles. Esa es la estrategia que tácitamente viene aplicando la Casa Rosada desde mayo del año pasado, cuando la devaluación desalineó los precios locales con sus referencias internacionales.
Sin redactar ninguna regulación —es decir, técnicamente sin intervenir sobre el mercado—, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y sus colaboradores validaban mes a mes con directivos de YPF el aumento que se trasladaba a las estaciones de servicios. El resto de las refinadoras (Axion, Shell, Puma) siguen esa línea. Y los productores no integrados (Chevron, Pluspetrol, Vista Oil&Gas y Sinopec, entre muchos otros) monitorea al detalle esos números para negociar sus precios de venta de crudo al downstream.
Ese esquema ad hoc fue aceptado —no sin críticas de todo tipo, claro está— por las empresas de toda la cadena. Por eso, frente a una nueva devaluación como la del lunes, los privados descontaban que el gobierno apelaría la misma fórmula. Pero no. Algo cambió.
- Ayer por la noche, la mesa chica del gobierno desestimó la propuesta de YPF de aumentar un 4,5% los combustibles a partir de las cero horas de mañana jueves, tal como publicó este medio el martes a primera hora. La propuesta de YPF contaba con el respaldo de la mayoría de los actores la industria.
- La suba (en la banda del 5%) era muy inferior al atraso en surtidores generado por la devaluación, que ya llega la 30% en algunos productos, y el 1% de la suba se utilizaría para trasladar un incremento pendiente del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
- “Era una propuesta razonable porque la economía ya indexó a un 10% o 15% y la industria planteó una suba del 4,5%. Incluso le planteamos al gobierno que espere hasta el 30 de agosto a ver cómo evoluciona la macroeconomía”, explicó el gerente general de una empresa. Pero por la noche de ayer, Lopetegui desestimó la propuesta. En rigor, la decisión no la tomó él. Se decidió directamente en Presidencia.
Ley de Abastecimiento
Por estas horas, el jefe de Legales de Hacienda, Ignacio Pérez Cortés, lidera al equipo que está redactando el conjunto de resoluciones para instrumentar la medida. Respetado por su estatatura profesional entre los abogados de las empresas, es probable que termine escribiendo una resolución que marque a fuego la relación del Ejecutivo con el sector. Entre los considerandos, las resoluciones terminarán apelando a la Ley de Abastecimiento, uno de los pocos recursos normativos que autoriza al Ejecutivo a fijar los precios de los combustibles.
“Es terrorífico lo que está pasando”, se sinceró un funcionario de la Secretaría de Energía. Difícil arrancar del imaginario colectivo la vinculación de esa norma con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Habrá que ver cuál es la reacción de las petroleras. En sus tiempos como presidente de Shell, Juan José Aranguren cuestionó la constitucionalidad de esa ley en la Justicia. En respuesta, Moreno llegó a trabarle unas 50 denuncias penales, que luego fueron desestimadas. Después Aranguren asumió como ministro de Energía y prometió que el gobierno nunca más intervendría sobre el mercado de combustibles. Hasta hoy.
