El gobierno nacional y las distribuidoras Edenor y Edesur llegaron a un acuerdo sobre los reclamos pendientes que arrastraban desde 2002 y es inminente el anuncio del traspaso definitivo de jurisdicción de las eléctricas a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.  

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, firmaron el 28 de febrero un acta para avanzar con la transferencia. En ese documento se aclaraba que era necesario que “se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el Estado Nacional y las distribuidoras”. La liquidación de activos y pasivos de las distribuidoras no es una tarea sencilla porque se retrotrae hasta la devaluación de 2002. Sin embargo, las empresas hicieron sus propuestas y la semana pasada se realizo una reunión encabezada por el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico del Estado, Juan Garade, donde se terminaron de pulir las diferencias.

En la práctica, la negociación de las empresas con el gobierno pivoteaba sobre la necesidad de resolver un conjunto demandas cruzadas que vienen desde hace más de 15 años (desde la caída de la Convertibilidad) por un monto cercano a los $ 10.000 millones. De ese monto, se acordó que las distribuidoras eléctricas deberán invertir unos $ 7.000 millones en concepto de obras de mejoras en la red, según indicaron a EconoJournal fuentes de la Secretaría de Energía.

En el acta de febrero se habían explicitado los tres puntos pendientes de resolución:

a) Reclamos vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el EN y las Concesionarias en 2006, y con el correspondiente Período de Transición (entre el 6 de enero de 2002 y la revisión tarifaria integral, RTI, que entró en vigencia el 1º de febrero de 2017);

b) Reclamos relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, exclusivamente respecto del porcentaje comprometido por el Estado Nacional (Nuevo Acuerdo Marco); y

c) Reclamos en relación con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.

Todavía se desconocen los detalles del acuerdo económico, pero es un anuncio que promete generar polémica porque la negociación con las empresas estuvo encabezada por Garade, quien fue gerente de Planificación Económica de Edenor entre 1992 y 1998 y director de Planificación, Control y Regulación de la empresa Edesur entre 2001 y 2012.

Una vez efectivizado el traspaso, la regulación quedará a cargo de un ente bipartito integrado por seis directores, tres en representación de la provincia y otros tres por la Ciudad. El organismo funcionará con un presidente.

El objetivo oficial es que opere con no más de 90 técnicos, lo que implicaría reducir sensiblemente la plantilla del Ente Regulador de la Electricidad (Enre), que hoy cuenta con un personal de 400 operarios. Esta situación puso en alerta a la Asociación de Trabajadores del Estado que a principios de marzo se declaró en estado de alerta.

Los trabajadores afirman que el directorio del ENRE les había prometido que en el acta se iba a incluir una cláusula donde se garantizara el traspaso de todo el personal que realiza tareas relacionadas al servicio de distribución (unos 200 de los 400 trabajadores del ente), pero finalmente esa garantía no apareció. El acta dice que para avanzar con el traspaso “se requiere que las áreas técnicas del ENRE y del nuevo organismo regulador trabajen coordinadamente, para lograr una transición que no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios y que respeto los derechos de las concesionarias”, pero a continuación sólo aclara que “en ese período se evaluará también la posibilidad de que algunos agentes que hoy prestan servicios en el ENRE, pasen a hacerlo en el nuevo organismo regulador a crearse”.