La visita de Guillermo Pereyra, líder del sindicato petrolero de Neuquén, al presidente Mauricio Macri un día antes de la marcha opostora que encabezó Hugo Moyano fue interpretada unánimemente entre los empresarios petroleros como un gesto de debilidad explícita por parte del gremialista patagónico.
La foto de Pereyra -que hace apenas dos años fue promovido por el propio Moyano para integrar el triunvirato de la CGT- saludando plácidamente a Macri en la Casa Rosada no pasó desapercibida en la industria. Preocupado por el eventual avance de la Justicia en denuncias en su contra por participar de negocios periféricos a la industria petrolera y también por las ramificaciones del Mani Pulite neuquino que protagonizan el ex gobernador Jorge Sapag y su ministro de Energía Guillermo Coco por presuntamente intentar abrir una cuenta en Andorra, Pereyra decidió acercarse a Macri para intentar capear ese temporal.
En esa clave, el sindicalista -que también es senador nacional por el MPN y preside la Comisión de Energía de la cámara alta- accedió a revisar la aplicación de la adenda a los convenios colectivos aplicable para proyectos no convencionales que se firmó en enero del año pasado. El Presidente presentó esa iniciativa como un paso estratégica para reducir los costos laborales en la industria de Oil & Gas y de esa manera viabilizar el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, las operadoras petroleras -entre las que se destacan YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall, Pampa Energía, Chevron, Tecpetrol, Shell y ExxonMobil- y las empresas servicios -Schlumberger, Halliburton, Baker, Weatherford y Calfrac- nunca pudieron terminar de implementar el acuerdo en su totalidad por la negativa de los gremios.
Algunas empresas, incluso, accedieron a pagar adicionales compensatorios -bonos por productividad- a los trabajadores para compensar la eliminación de los “horas taxi”, uno de los recortas más significativos previstos en la adenda firmada por Macri. Por presión de Ricardo Astrada, número dos del sindicato petrolero y otros delegados del gremio, Calfrac y Baker, por ejemplo, se vieron obligadas, desde mediados del año pasado, a pagar a sus empleados bonos compensatorios que no están contemplados en el acuerdo. No se trata de cifras menores. En algunos casos, representan para las empresas el pago de hasta $ 2500 diarios.
Pereyra no promovió esas exigencias, pero tampoco las frenó. Ahora las empresas petroleras pretenden dejar sin efecto el pago de esos adicionales. Y cuentan con el respaldo del propio Macri, que está al tanto de la situación.
La reunión convocada para hoy a las 15 por Aranguren en el Ministerio de Energía va en esa dirección. Participará la cúpula de la industria petrolera -Marcos Bulgheroni, CEO de PAE; Pablo Bizzotto, VP de Upstream de YPF; Gustavo Albrecht, de Wintershall; Jean-Marc Hosanski, de Total, y Carlos Ormachea, de Tecpetrol, entre otros-, Pereyra y Manuel Arévalo, secretario del gremio de petroleros jerárquicos; y representantes de las empresas de servicio.
“La idea es avanzar con la implementación total de la adenda o, al menos, dejar de pagar bonos compensatorios y otros adicionales que no están previstos en el convenio colectivo de trabajo firmado a principios de 2017”, indicó a EconoJournal uno de los ejecutivos convocados a Energía.
