El Estado trabaja contrarreloj para instrumentar cambios en la metodología de facturación del gas a fin de amortiguar el impacto de la suba de tarifas previsto para el próximo 1º de abril. En concreto, el Ente Regulador del Gas (Enargas) y las empresas distribuidoras –con Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi como principales jugadores del mercado- están evaluando cómo aplanar el esquema tarifario en hogares, comercios y PyMEs para evitar que los mayores montos de las boletas de gas se concentren en el invierno. Lo que se pretende es distribuir esa suba a lo largo de un período más amplio para neutralizar los saltos en la facturación registrados en el cuatrimestre que va a de mayo a agosto. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, que acompañó al presidente Mauricio Macri en su visita al Foro de Davos, se enfocará en el tema a partir de la próxima semana.
Entre los privados existe preocupación en torno al impacto que tendrá la próxima suba de las tarifas. El Ejecutivo desagregó en tres cuotas los aumentos resultantes de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que concluyó en marzo del año pasado. El último tramo de la suba –que prevé una mejora del 40% para los ingresos de distribuidoras y transportistas de gas- se aplicará el 1º de abril. Esa alícuota se indexará también por la inflación (se tomará como referencia la evolución del IPIM) de los últimos seis meses, cercana al 15 por ciento. A su vez, en abril está previsto un incremento del precio del gas en boca de pozo para los usuarios residenciales, que saltará de 4,19 a 4,68 dólares por millón de BTU, según el sendero de incrementos presentado por Energía. Con el dólar cerca de los 20 pesos, el impacto de la suba del valor que reciben los productores de gas será significativo.
Según los números que barajan las distribuidoras, una vez aplicada la suba tarifaria prevista para abril, las facturas de gas serán hasta un 85% más caras que las de abril de 2017 según el tipo de usuario. Es decir, casi el doble de lo que se pagaba un año atrás. Medidos en términos relativos, los saltos más pronunciados llegarán para los hogares de menores consumos (R1 y R2), que son los que evidenciaban un mayor nivel de atraso tarifario. En términos económicos, el aumento será más pesado para los hogares medios. De ahí la premura de los privados para evaluar alternativas que amortigüen el impacto para evitar una eventual judicialización de los aumentos. En despachos oficiales comparten la visión.
Hay tres líneas de acción en carpeta de las distribuidoras, que ya fueron planteadas en reuniones con técnicos del Enargas. Se contempla: a) el diferimiento del 50% del valor de las facturas de gas del período invernal tal como la implementada el año pasado. Así, se refinanciaría la mitad de lo consumido en los meses de bajas temperatura en bimestres posteriores. b) la financiación o desdoblamiento en 4 o 6 cuotas cuando la factura se paguen con tarjeta de crédito. La financiación de la demanda en invierno incluso podría correr por cuenta de las empresas distribuidoras. c) el establecimiento de un sistema de tarifa plana estacional, que partiría el año en dos (invierno y verano) y aplanaría las facturas por semestre. Así, el pico de consumo registrado en el cuarto período del año (julio-agosto) se repartiría en el semestre que va de abril a septiembre.
Esta última opción es la que genera mayor consenso en el Enargas y en las dos distribuidoras de la región metropolitana, Metrogas y Gas Natural Fenosa. Sin embargo, su implementación no es sencilla desde lo técnico porque hay que modificar todos los sistemas de facturación de las distribuidoras. Existen restricciones tecnológicas difíciles de superar en dos meses.
“Se pagaría una tarifa promedio en invierno que se calcularía en base al consumo de gas del año pasado. Los desbalances que se registren entre el consumo proyectado y el real se compensan o ajustan en el verano, cuando el peso de las tarifas de gas es mucho menor”, explicó a EconoJournal una fuente al tanto de la iniciativa.
La gran duda por estas horas está dada por conocer la posición de Aranguren. El ministro siempre se mostró a favor de que las facturas reflejen el consumo real de un período. Cree que es la única manera de generar una concientización en cuanto al uso responsable del hidrocarburo. Por eso, en 2016 se mostró contrario a aplicar un esquema de tarifa plana que era promovido por varios actores. Habrá que ver si su posición se mantuvo firme o acepta un cambio metodológico. En cualquier caso, el tiempo juega en contra. El Enargas convocará en febrero a audiencias públicas para tratar los aumentos previstos para cada distribuidora. Cualquier modificación en la forma de cobrar el gas deberá estar incluida en el orden del día de esas audiencias. Por lo cual todo se definirá en las próximas dos semanas.
