Preska ya había resuelto el pasado 31 de marzo que el Estado argentino, y no la compañía YPF, deberá indemnizar a Burford Capital por la expropiación de la petrolera concretada en 2012. Sin embargo, todavía restaba ponerle una cifra a la indemnización, que es lo que terminó de definir hoy. El gobierno anticipó que apelará la decisión.