Cepis, la entidad que en 2016 logró frenar en la Justicia el aumento de tarifas de gas que impulsaba Aranguren, sostiene que el régimen de segmentación que diseñó el gobierno “puede sin dudas traer inequidades y abre la posibilidad de judicialización”. Para atenuar esa situación pide establecer una serie de deducciones sobre los ingresos, tal como están contempladas para determinar la renta gravada en el impuesto a las ganancias.
