En función de su política anti-inflacionaria, el Gobierno aprovechó el retroceso en el valor internacional del petróleo para dictaminar un recorte de un 4% en los surtidores locales. Motivada por razones políticas en vísperas de un proceso electoral, la decisión significó -de acuerdo con algunos analistas- dejar pasar una buena oportunidad para recomponer el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos.
