El pliego contempla que, durante los primeros dos años, un 95% de la energía generada en las represas tendrá un precio regulado destinado a cubrir la demanda prioritaria residencial a través de las distribuidoras. El 5% restante se podrá comercializar libremente. Luego ese porcentaje se irá ampliando cada dos años. El gobierno decidió avanzar por este camino para evitar un encarecimiento abrupto del costo medio de la electricidad, situación que derivaría en un aumento de las tarifas residenciales o de los subsidios.