Daniel González, ex CEO de YPF y actual director ejecutivo de IDEA; Nicolás Arceo, titular de la consultora Economía y Energía; y Guido Zack, director del área económica de Fundar, dieron a conocer en diálogo con EconoJournal los principales lineamientos del trabajo que realizaron en conjunto para exponer el potencial exportador que tiene Argentina en cuanto al gas natural licuado (GNL) teniendo en cuenta las reservas que posee Vaca Muerta y la necesidad de políticas de Estado que apunten a desarrollar estos recursos.

En una entrevista en profundidad para conocer los pormenores del proyecto, los especialistas consideraron que las políticas de Estado para explotar todo el potencial gasífero deben estar plasmadas en una ley. González remarcó que la norma «debe ser ampliamente votada, en donde todo el arco político debería poder consensuar porque sin esto no habría confiabilidad por parte de los inversores”.

Asimismo, remarcaron que los resultados -en caso de que Argentina se convierta en un país exportador de GNL– recién comenzarían a visualizarse cinco años después de las primeras inversiones. Por lo cual, González adelantó que «las ventajas no se van a ver ni en este gobierno, ni en el que viene, con lo cual nadie tiene demasiado incentivo porque los beneficios se verían a partir de lo que sería el gobierno de 2028». De esto se desprende la necesidad de que la política persiga un objetivo común.

En ese sentido, Arceo cuantificó que el volumen de los recursos gasíferos de Vaca Muerta garantizaría el abastecimiento pleno de la demanda local, además de permitir exportaciones que rondarían los USD 27.000 millones anuales.

–¿Cuáles serían las cuestiones sobre las que se debería avanzar para que la Argentina se convierta en un país que exporte GNL?

Daniel González: -Nosotros coincidimos en que hoy el GNL es una oportunidad gigantesca, pero no sabemos si en cinco años esto va a seguir así. Seguro que dentro de 10 o 20 no. A su vez, esta oportunidad presenta un desafío en cuanto al nivel de inversión que hay que realizar, que es algo que Argentina nunca vio. Pero dada la historia del país, es decir, el prontuario que tiene que es la falta de cumplimiento y reglas de juego cambiantes, hacen que todo esto sea un reto enorme. Y la única manera de poder vencer (esa inercia) es generar una política de Estado detrás de la cual se alinee toda la política.

Como es un proyecto a largo plazo, dado que su concreción va a tomar entre cinco y siete años, se trata de algo de lo que no se va a beneficiar este gobierno ni el que viene. Con lo cual, esto incrementa las chances de que la política persiga un objetivo común que a la vez va a contribuir positivamente al país.

Nosotros creemos que esa política de Estado tiene que estar plasmada en una Ley, la cual sea ampliamente votada, en donde todo el arco político debería poder consensuar. Porque sin ese tipo de consenso imaginamos que no habrá confiabilidad por parte de los inversores. Esa es la manera de que esto tenga posibilidades de ser duradero.

–¿Qué aspectos debería considerar esa ley?

González: -En primer lugar, creemos que esa ley tiene que asegurar estabilidad fiscal. Los impuestos son los que rigen hoy. No pedimos que se saque el Impuesto a las Ganancias, ni que bajen las regalías en el caso de los impuestos provinciales, ni que haya una alícuota diferencial del IVA. Pero lo que planteamos es que no se agreguen impuestos nuevos ni se cambien los existentes.

El segundo punto es la estabilidad regulatoria porque nos referimos a un proyecto en donde prevemos que se licúen 120 millones de metros cúbicos (MMm3) y para eso se precisa infraestructura, gasoductos y plantas. Frente a esto hay que discutir cómo va a ser el aprovisionamiento del gas para el mercado local a fin de asegurar que haya suficiente gas, a un precio accesible, para la industria argentina y para el consumidor local. Esto tiene que ser en simultáneo, porque de otra forma no hay proyecto de exportación posible. Creemos que una vez discutido eso, no puede haber cambios en la regulación que terminen obligando a redireccionar el gas que se iba a licuar para exportación porque eso mataría el proyecto, lo mismo que si se diera una situación que impidiese licuar durante los 12 meses del año.

El tercer punto que creemos que tiene que contener la ley es una protección del medioambiente. Cuando nos referimos a esto, es sobre toda la cadena de valor, desde el Upstream hasta el buque metanero con el objetivo de que se cumpla con los estándares de emisión de CO2 y con la existencia de medición de metano que es para donde está yendo el mundo.

Por último, como un proyecto de este tipo necesita financiamiento externo y tecnologías que están afuera, sumado a que es una iniciativa que va a estar destinada la exportación, consideramos que tiene que haber mecanismos de libre disponibilidad de divisas. Es decir, un porcentaje tal que permita poder ser libre de deuda, pagar importaciones, servicios de afuera y la remisión de dividendos razonables a los accionistas. Además, sería necesario, durante el proceso de construcción del proyecto, un mecanismo de acceso preferencial al mercado de cambios local para la etapa de inversión, que permita la importación de equipos e insumos para las obras.

No entramos en el detalle de ponerle números a ninguna de estos aspectos, pero sí pensamos que es importante discutir los conceptos. Esta industria es suficientemente eficiente y productiva tal que no necesita excepciones impositivas. 

Nicolás Arceo: -Lo importante es el potencial estabilizador que tiene el sector para la macroeconomía argentina, que puede verse como un generador de divisas. Los números que hicimos arrojan US$ 27.000 millones por treinta años, en comparativa con las magnitudes de todo el complejo oleaginoso a precios de 2021. Es un 30% de las exportaciones totales de Argentina, en proyecto de bienes y servicios.

Seguramente las empresas van a invertir US$ 15.000 millones en un primer momento y van a exigir cierta estabilidad macroeconómica que Argentina no la tiene, pero con este sector podría tener la posibilidad de generarla.

La idea del proyecto de Ley es dar primero esta estabilidad macroeconómica, política, regulatoria, es decir, hacer todo para que luego esto colabore en la estabilidad de la macroeconomía del país.

–En un contexto como el actual con una politización muy elevada y con una agenda que por momentos parece disociada de las prioridades productivas del país, ¿cuán grande es la ventana de oportunidad real que existe para poder discutir esto en los próximos 12 o 18 meses?

González: -Creo que tiene más chances esta discusión partiendo de organizaciones como las nuestras y trabajando juntos, que partiendo de una compañía o de uno de los dos lados de la grieta. Me parece que nosotros en ese sentido podemos ayudar a construir consensos. No tenemos todas las respuestas, estamos lejísimos de eso, pero podemos contribuir. A mí me daría miedo esperar mucho a tener esta discusión porque me imagino que de acá a ocho meses va a estar toda la cuestión electoral, y no se va a poder debatir nada en ese momento.

Yo creo que hay una ventana de oportunidad y de encontrar los interruptores correctos. Nosotros lo vamos a hacer pase lo que pase porque es la visión que tenemos como organizaciones civiles de ir y aportar un granito de arena y sentarnos con todos. Si no podemos hacer que esto genere tracción en los próximos doce meses, ahí tendríamos problemas graves. 

Guido Zack: -Es un arma de doble filo porque las ventajas no se van a ver ni en este gobierno, ni en el que viene, con lo cual nadie tiene demasiado incentivo en poner todas las fichas en esto, porque los beneficios se verían a partir de lo que sería el gobierno de 2028 en adelante.

-¿El instrumento para neutralizar el riesgo que tiene la macroeconomía argentina es una ley? ¿Alcanza?

Arceo: La ley es condición necesaria, probablemente no suficiente. Tiene que ser una ley, no un DNU. Está clarísimo que, si no es algo ampliamente consensuado entre los diferentes sectores, no hay forma de avanzar. Quizás haya que hacer más cosas además de la Ley, pero es necesaria. El sector privado está muy alineado con esto, por el hecho de manifestar que quieren participar de un proyecto de esta envergadura e invertir. Es necesario que esté la Ley para que esa intención se traduzca en inversiones concretas.

–¿Es posible que se permita la exportación por 12 meses y que el Estado, al mismo tiempo, fomente que haya producción suficiente para abastecer el mercado local?

Arceo: -Creemos que de la mano del proyecto de GNL lo que tiene que venir es la definición de una estrategia de largo plazo de abastecimiento del mercado local en donde la contractualización de la demanda a largo plazo. Si no se tiene garantizado el abastecimiento del mercado local, el proyecto de licuefacción no va a funcionar.

Lo que se necesita es avanzar por dos vías: la puesta en marcha del proyecto de GNL y determinar un nuevo marco regulatorio para el mercado local que permita la contractualización de la demanda a largo plazo, como mencionamos antes. Esto implica que Argentina va a tener volúmenes de gas base para consumir todo el año, pero va a necesitar producción de gas de pico, una problemática que tiene más allá del GNL, porque va a estar con la ampliación de la capacidad de transporte con el gasoducto Néstor Kirchner. Es probable que el país exporte a lo largo de todo el año un ladrillo y que durante parte del invierno realice importaciones. Esto no es contradictorio. No hay un proyecto de exportación viable, si no está garantizado el abastecimiento del mercado local. No sucedió en ningún lugar del mundo.

-González: Eso debería tener un efecto de apalancamiento sobre la posibilidad de proveer el mercado local de gas barato y en cantidad. Realmente si de 130 MMm3/día que se producen en Argentina, se sube a 300 millones en 10 años, tiene que existir ese gas barato. El licuar no resulta excluyente con que parte de ese gas licuado pueda consumirse en los picos de invierno en el país.

–Afirman que hay que contractualizar la demanda local a largo plazo para asegurar la cobertura del mercado interno. ¿Esa discusión tiene que venir a la par del proyecto de GNL?

González: -Sí, porque si no, ¿cómo le explicás a la sociedad que Vaca Muerta es para exportar y se van a beneficiar las compañías que producen y los que compran, pero a la sociedad le va a faltar gas? Es imposible. Para mí tiene que ser una discusión en simultáneo. Posiblemente el Estado tenga un rol en cuanto a fomentar la exportación, forjar acuerdos bilaterales y todo lo que sea necesario. Pero creo que el concepto de entrar en el mercado lo solucionan las compañías privadas extranjeras que participen ya que estas empresas lo que quieren es tener la mayor cantidad de orígenes distintos y diversos en cuanto a geografía y temas políticos de GNL para los próximos 20 años.

–¿Creen que, pese a la realidad de Argentina, si este proyecto avanza existirán actores dispuestos a financiar e involucrarse en alguno de los segmentos que prevé la iniciativa?

González: -En todos los segmentos. Va a haber productores de sobra, algunos van a quedar afuera. Se va a poder armar un consorcio para todas las partes del upstream. Hoy en Argentina hay participantes en el midstream que eventualmente podrían ser los que expandan sus actividades actuales para pasar a ocupar un rol más activo, pero hay actores en todos lados.