En diálogo con EconoJournal, el director de la consultora Economía y Energía, Nicolás Arceo, aportó su visión sobre cómo la energía impacta de lleno en la macroeconomía de Argentina y la importancia que tiene la segmentación tarifaria, impulsada por el gobierno, en ese sentido. En base a esto, argumentó que “el cambio de política energética está profundamente asociado a la inviabilidad de poder sostener el incremento significativo de los subsidios que se dio a lo largo de los últimos años”.

En esa misma línea explicó que la política tarifaria “permitirá romper con la tendencia expansiva de los subsidios”. Y que el dato positivo es que “el gobierno está avanzando en una quita de subsidios masiva a los sectores de mayor poder adquisitivo, lo que va a permitir dotar al Estado de mayores recursos para focalizarlos en los sectores de menores ingresos”.

A su entender, además de avanzar con el esquema de segmentación, en simultáneo, se debería aplicar un nuevo aumento de tarifas a todos los usuarios para lograr así la consistencia fiscal. “El sector energético es un área en donde buena parte de los costos están dolarizados, con lo cual el aumento en el costo de suministro va a requerir de incrementos adicionales de las tarifas a lo largo de 2023 para que la disminución de subsidios sea significativa”, precisó.

Asimismo, el economista remarcó la necesidad de trabajar en una política energética y de “avanzar en mecanismos taxativos a nivel legislativo para la definición de los precios de los hidrocarburos tanto de exportación como de comercialización en el mercado doméstico”. No obstante, consideró que para llevar adelante ese objetivo “será necesario un consenso entre los diferentes partidos fijando reglas claras que potencien la inversión a mediano y largo plazo”.

También se refirió al mecanismo de autorregulación que se da en la industria petrolera en donde, al mismo tiempo, los productores garantizan el abastecimiento para el sector de refinación y generan saldos exportables. Respecto a esta dinámica, Arceo sostuvo que “funciona en términos de abastecimiento local, pero no para lograr un aumento significativo en el nivel de inversiones del sector. Argentina necesita avanzar en una reducción del desacople entre el precio del crudo en el mercado local y el vigente en el mercado internacional”.

-Frente a un escenario incierto como el que se nos presenta, ¿Dónde estamos parados en el sector de energía? ¿Qué es lo que ve en la actualidad?

-Creo que hubo un cambio en los últimos 45 días en términos de orientación de la política energética. El gobierno había mantenido desde el año 2019 una posición bastante fuerte en términos de abaratamiento de electricidad y gas natural. Hubo una discusión a lo largo de todo este año en torno a si se iba a aplicar la segmentación o no, y a qué porcentaje de la población iba a impactar. En los últimos días esto se fue modificando y quedó en claro que no sólo se va a avanzar en esta dirección, sino que además esta medida va a afectar a una proporción más significativa de la población, casi al 30 por ciento.

Además, de esta política el gobierno lo que estaría instrumentando son topes para el consumo, tanto en electricidad como para el gas natural. Con lo cual, hay un cambio en la orientación de la política en el área energética bastante significativo respecto a lo que habíamos visto en los últimos años.

–¿Eso lo ve establecido? Porque aún no hay claridad en cuanto a con qué velocidad se van a aplicar los cuadros tarifarios de gas, y de qué manera se va a avanzar con el retiro de subsidios a Edenor y Edesur. ¿Cómo ve ese proceso?

-Es un proceso complejo que requiere que el gobierno publique diversas resoluciones y nuevos cuadros tarifarios. En mi opinión, difícilmente van a lograr durante el mes de agosto instrumentar la totalidad de las medidas para que tengan vigencia a partir del 1 de septiembre. El escenario más probable hoy es que estén vigentes a partir del 1 de octubre. Más allá de este retraso pienso que la quita de subsidios a aproximadamente el 30% de la población, que se instrumentaría en tres tramos, es una medida significativa en términos de política energética. Pero aún falta toda la letra chica de la resolución.

–¿Alcanza este esquema de topes al consumo y la quita de subsidios a ese 30 por ciento de la población para que macroeconómicamente cierre el sistema?

-En términos del impacto macroeconómico esto va a depender sensiblemente de lo que se haga el año que viene en materia tarifaria. La quita de subsidios lo que va a permitir es que buena parte de los usuarios comiencen a abonar tarifa plena a partir de comienzos del 2023. Pero esto no supone un ahorro de subsidios significativo para este año ya que buena parte del consumo energético del 2022 ya pasó, y quedan meses con relativamente bajo consumo, salvo el mes de diciembre.

Además, la quita es progresiva, en tres etapas, con lo cual recién en la tercera los usuarios van a pagar la tarifa plena y esto se va a dar a comienzos del año que viene, entonces no va haber una rebaja sustantiva de subsidios durante este año. Sí podría generar una disminución importante a lo largo del 2023. Esta reducción va a estar determinada por cómo se siga actualizando la tarifa plena durante el año que viene.

El sector energético es un área en donde buena parte de los costos están dolarizados, con lo cual el aumento en el costo de suministro -producto del aumento de los precios internacionales y la depreciación de la moneda- va a requerir de incrementos adicionales de las tarifas, a los planteados actualmente, a lo largo de 2023, para que la disminución de subsidios sea significativa.

–¿Lo que plantea es avanzar con el esquema de segmentación y que en simultáneo se aplique un nuevo aumento de tarifas a todos los usuarios para que el esquema tenga consistencia fiscal?

-Para que el esquema tenga consistencia fiscal lo que se va a requerir es que aquellos usuarios sobre los que se decidió que abonen la tarifa plena paguen el costo real de la energía.

Como la energía está en dólares, a medida que se vaya depreciando el tipo de cambio durante el año que viene, el gobierno lo que va a tener que determinar serán incrementos adicionales de los que se van a verificar entre octubre y enero del presente año. Necesariamente para bajar subsidios y para que el 30% de los usuarios pague la tarifa plena la energía tiene que seguir el costo real a lo largo del año que viene.

–¿Qué pasa con la tarifa de aquellos usuarios de nivel 2 y 3 a los cuales no se les va a transferir la tarifa plena?

-No está claro todavía cómo se van a actualizar esas tarifas a lo largo del 2023. Yo entiendo que se va a mantener el decreto vigente, en donde para los usuarios de ingresos medios, el incremento tarifario no puede superar el 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. El gobierno va a tener que ratificar esto porque hay parte de ese decreto que ya no se está cumpliendo.

–¿Tiene sentido avanzar con una reducción masiva de subsidios para el 30% de la población fijando como tope tres canastas básicas y media de una familia tipo, es decir, $ 370.000 por hogar y al mismo tiempo plantearle a un sector de clase media el aumento de los subsidios determinando que se le aplicará una suba en las tarifas solamente al 80% de la variación salarial?

-Todo mecanismo de segmentación es perfectible y este lo es. El dato positivo es que el gobierno está avanzando en una quita de subsidios masiva a los sectores de alto poder adquisitivo y esto lo que va a permitir es dotar al Estado de mayores recursos para focalizarlos en los sectores de menores ingresos. Hay muchos aspectos discutibles, pero es un avance.

 Estas medidas son un cambio de rumbo tras casi tres años de incremento de los subsidios de energía que comenzaron en 2019 con el congelamiento de tarifas dictaminado por la gestión anterior. La segmentación permitirá romper con la tendencia expansiva de estos subsidios. Pasamos de U$S 4.700 millones de subsidios a la energía, 1,1% del Producto Bruto Interno en el año 2019 a U$S 11.000 millones el año pasado, que representaron 2,2 puntos del PBI. Y muy probablemente los subsidios a lo largo del 2022 van a estar en torno a los U$S 15.500 millones. Con lo cual, la medida de segmentación es relevante.

–Plantea que el año que viene puede ser un punto de quiebre a la tendencia expansiva de los subsidios si se avanza con el esquema de segmentación y si a la vez se cumple con seguir llevando las tarifas en línea con la inflación. Si uno plantea un escenario de un invierno próximo muy complejo en términos de precios de Gas Natural Licuado y de combustibles importados, ¿alcanza con este esquema para reducir subsidios?

-Quedan muchas variables abiertas para tener claro un escenario de subsidios para el 2023 por dos factores: uno es que no está claro si se va a culminar en fecha el gasoducto Néstor Kirchner. Si se logra terminar a fines de junio, como está planificado, va a haber una rebaja sensible en la importación de GNL. Hoy los precios futuros están en torno a los U$S 60, por lo que va a implicar un ahorro muy significativo de divisas para la economía argentina. En segundo lugar, tampoco está claro qué precios va a enfrentar el país para abastecerse durante el invierno del año que viene. Cuando vemos los precios, antes del invierno europeo, por lo general, están por encima de lo que terminan valiendo al finalizar ese periodo.

Todo parecería indicar que lograr un costo de abastecimiento en torno a los U$S 29 por MMBtu en el caso del GNL, como al que se llegó este año, va a ser muy difícil de alcanzar en el 2023. Y esto va a impactar en el sector externo y en el nivel de subsidios. Ahora si no se aplicara la segmentación tarifaria, ese impacto sería aún más significativo. La segmentación permite ahorrar subsidios respecto a un escenario en donde no se hubiera ubicado ningún tipo de incremento en las tarifas al 30% de la población de mayores ingresos.

–La materialidad económica de los subsidios energéticos obligó al gobierno a tomar esta decisión en cuanto a política tarifaria. ¿Tiene sentido encarar un proyecto tan difícil como este con resultados inciertos? ¿Hubiera elegido este esquema? ¿Había alternativas más sencillas y consistentes desde lo técnico?

-El cambio de política energética está profundamente asociado con la inviabilidad de poder sostener el incremento significativo de los subsidios que se dio a lo largo de los últimos años. A diferencia de lo que había pasado entre 2019-2021 en donde la balanza comercial energética había estado relativamente equilibrada, en el 2022, como consecuencia de la recuperación de los precios internacionales en la post pandemia y el conflicto en Ucrania, la economía argentina va a enfrentar un déficit de balanza comercial en el sector energético en torno a los U$S 5.800 millones. Estos factores lo que marcan es la necesidad de una reorientación de la política energética.

En ese sentido, yo veo como positivo el inicio de un proceso de recomposición tarifaria al menos en los sectores de ingresos medios y altos. Claramente habría otras posibilidades de segmentación más sencillas de instrumentar, pero lo que se decidió es este camino y creo que, más allá de ver todo lo que falta, lo que hay que destacar es que hay un cambio importante en términos de política energética.

Una reducción sustantiva de los subsidios a la energía a lo largo de los próximos años va a requerir de medidas adicionales a esta segmentación. Esta medida de quitar los subsidios a los usuarios del Nivel 1 fue un primer paso porque justamente esos subsidios eran pro-ricos. Ahora se va a tener que profundizar en esto durante los próximos años. De alguna forma había que empezar con una modificación en la política energética en pos de bajar los subsidios a la energía.

–Respecto a la política de combustibles que se llevó adelante durante este gobierno, ¿Cuál es su análisis?

-Creo que la política de precios de los combustibles siguió, en alguna medida, el objetivo de una energía barata y esto se tradujo en un desacople significativo del precio del crudo en el mercado local, respecto al vigente en el mercado internacional. El congelamiento de los precios de los combustibles en surtidor, a mediados del año pasado y a comienzos de este año, lo que determinó fue un abaratamiento en términos reales de los combustibles en el mercado local, proceso que explica en buena medida la crisis de abastecimiento de gasoil durante los meses de mayo y junio del presente año.

En cuanto a esto la respuesta del gobierno fue dual. Por un lado, un aumento significativo en el precio del gasoil a fin de evitar esa crisis de abastecimiento, pero todavía hoy Argentina mantiene un precio de la nafta en el mercado local, en términos constantes, muy por debajo del promedio del valor de las naftas en los últimos años en un contexto en donde el precio de los combustibles a nivel internacional se incrementó. Esto genera un problema no menor difícil de cuantificar que es el comercio transfronterizo, habida cuenta de que este no se guía por el tipo de cambio oficial, sino por el dólar blue. Si evaluamos el precio de los combustibles en zona de frontera en ese tipo de dólar, los valores son menos de la mitad de los que están vigentes en la mayor parte de los países limítrofes. Lo cual genera un aumento de la demanda.

–Hoy la industria parecería haber encontrado un esquema de autorregulación según el cual el precio del crudo medianito ronda los U$S 65, es decir, no tiene nada que ver con el precio de paridad exportación. Pero al mismo tiempo los productores garantizan el abastecimiento para el sector de refinación y generan un saldo exportable y pueden vender al exterior crudo de la cuenca del Golfo San Jorge y de la Neuquina recibiendo un precio de venta mayor. Son precios que no surgen de las resoluciones, pero parecerían funcionar. ¿Qué lectura hace de esto?

-Es un mecanismo que se vino conformando a lo largo de los últimos años y, relativamente, funcionó en términos de abastecimiento de mercado local. Hoy el parque de refinación está funcionando cerca de su máximo grado de utilización en torno a los 510.000 barriles día de producción. De todas formas, yo creo que el problema central es que un desacople persistente del crudo local respecto al vigente en el mercado internacional lo que genera es un fuerte desincentivo a las inversiones, habida cuenta que, en otros países de la región, ese desacople es mucho menos significativo o no existe.

Lo que quiero destacar es que este mecanismo funciona en términos de abastecimiento de mercado local, pero no para lograr un aumento significativo en el nivel de inversiones en el sector hidrocarburífero argentino y en el petrolero en particular. Argentina necesita avanzar en una reducción del desacople entre el precio del crudo en el mercado local y el vigente en el mercado internacional.

–La forma de lograr ese objetivo es acelerando el ritmo de apreciación de los combustibles en el mercado local, es decir, que aumenten en surtidor por encima de la tasa de devaluación para poder generar que el precio interno del petróleo aumente ¿Es un objetivo viable en este contexto inflacionario?

-El punto central es que si Argentina quiere inversión y también convertirse en un exportador de crudo en el mercado internacional necesariamente va a tener que reducir el desacople entre el precio del crudo en el mercado local y el vigente en el internacional. Adicionalmente hay otro punto: dado que la capacidad de refino está prácticamente a plena utilización, todo incremento adicional de la demanda se traduce en aumento en el nivel de importaciones. Argentina importó en el primer semestre de 2022 casi U$S 1.700 millones entre gasoil y naftas.

El aumento de precios en surtidor va a generar un efecto en la demanda y presión inflacionaria, pero mantener precios artificialmente bajos exacerba en la demanda y lo que genera es un mayor déficit externo en un contexto en donde el Banco Central prácticamente no tiene divisas.

–Desde su visión, en lo energético ¿sobre qué temas tendría que trabajar el gobierno?

-Creo que en términos del sector hidrocarburífero la maduración de políticas es a largo plazo. En un año y medio -que es lo que resta de gestión- no hay una posibilidad de un cambio real en los niveles de inversión en el sector. Lo que creo es que Argentina tiene que avanzar en una conformación de una política de estado hidrocarburífera de largo plazo que esté más allá de los cambios de gobierno en cada una de las etapas. Lo central es cómo lograr consensos entre oficialismo y oposición que vayan en ese sentido porque permitiría un aumento sustantivo de la inversión. Y también sería importante aprovechar esta oportunidad única que tiene Argentina en términos del desarrollo masivo de los recursos hidrocarburíferos en Vaca Muerta, durante las próximas décadas.

En cuanto al corto plazo, creo que el elemento central que va a cambiar el panorama de abastecimiento el año que viene es la culminación o no del gasoducto Néstor Kirchner. Es un elemento central respecto al abastecimiento del pico invernal del año 2023.

–En términos de poder avanzar sobre ese objetivo programático que se trata fijar una política de estado para el sector energético, ¿Qué habría que hacer?

-En primer lugar, una política de estado requiere de consensos amplios entre oficialismo y oposición dejando claro que los cambios de orientación de la política no van a cambiar el marco regulatorio del sector. Argentina tiene que avanzar en mecanismos taxativos a nivel legislativo para la definición de los precios de los hidrocarburos tanto de exportación como de comercialización en el mercado doméstico. No tiene sentido que esto lo haga uno de los principales partidos por los frecuentes cambios de orientación política que se vivieron a lo largo de las últimas dos décadas. Lo que se requiere es de un consenso entre los diferentes partidos fijando reglas claras que potencien la inversión a mediano y largo plazo.

–Cuando se refiere a mecanismos taxativos, eso tendría que ver con algún tipo de ley, pero ¿Qué es lo que debería definir? ¿Cree que existe la ventana de oportunidad para que el congreso lo trate durante este año o el siguiente?

-Dado el contexto veo difícil la posibilidad de poder sacar en este marco un consenso en términos de una política hidrocarburífera de largo plazo. Lo que debería tener serían mecanismos taxativos que determinen cómo definir los precios de los hidrocarburos tanto de exportación como de abastecimiento en el mercado local brindando certidumbre de precios para potenciar las inversiones en el mediano y largo plazo. Es un elemento central que requiere el sector para poder desarrollar masivamente los recursos de Vaca Muerta y el resto de las cuencas productivas a lo largo de la próxima década.

–¿Hay algo más del escenario actual que quiera destacar?

-La potencialidad que tiene el sector hidrocarburífero en Argentina. No hay ningún otro sector que tenga esa potencialidad exportadora. Y esto es la ventana de oportunidad para lograr consensos amplios en términos de la definición de una política hidrocarburífera. La economía argentina enfrenta una restricción externa a lo largo de las últimas décadas, y la salida es un aumento sustantivo en el nivel de exportaciones y lo que creo es que el único sector que puede lograr eso en los próximos 5 o 10 años es el hidrocarburífero.