La audiencia pública de electricidad transcurrió este jueves sin que desde el Gobierno nacional se brindaran demasiadas definiciones en cuanto a lo que va a pasar con las facturas de Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras de energía eléctrica del país y las únicas que están bajo competencia nacional. Lo que se propuso fue una suba de entre un 17% y un 20% de las boletas finales que pagan los usuarios residenciales.

El secretario de Energía, Darío Martínez, se limitó a dar unas palabras protocolares de apertura en donde remarcó el compromiso del Gobierno en que “los aumentos de tarifas sean inferiores a la evolución de los salarios” asegurando que “la energía debe llegar en cantidad y calidad” a todos los puntos del país.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, uno de los referentes del cristinismo en esta área, tampoco precisó cómo continuará la política tarifaria del Gobierno. Por su parte, el director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, fue quien brindó los detalles sobre el impacto final en las facturas.

Positino se refirió a la crisis hídrica existente producto de la bajante del caudal del Río Paraná que tuvo como consecuencia que la generación de la energía hidroeléctrica descendiera un 17,1% teniendo que recurrir a otro tipo de generación como es la térmica, frente a esto el Director Nacional argumentó que esta es una de las razones por las que “los costos aumenten en 2022”.

También se refirió a la suba en los subsidios a la energía eléctrica y enfatizó en que esto tuvo lugar debido a “los costos de generación derivados de la devaluación y los precios internacionales de los combustibles”.

Requerimientos de Edesur y Edenor

Desde Edesur informaron que proyectan un déficit de 43.236 millones de pesos para el 2022. El gerente de Regulación de la distribuidora, Jorge Lemos, explicó que consideran “tres formas de cubrir el faltante, la primera aplicando un aumento que corresponda a la tarifa del sueldo final, la segunda alternativa sería mediante un subsidio del Estado y la tercera como resultado de una combinación de ambas”.

Asimismo, aseguró que los ingresos solicitados “estarán destinados exclusivamente a pagar la energía” que distribuyen, y a abonar  “los impuestos, a ejecutar el plan de inversiones, el pago de los proveedores y el salario de los empleados”.

Además, remarcó que “los ingresos deben ser suficientes para cubrir los costos operativos tanto de capital como de los impuestos ya sean que estos provengan de tarifas o de subsidios” y destacó la importancia de “proyectos específicos con amplios beneficios para la sociedad como los medidores inteligentes” alzándolos como una herramienta que permitirá “avanzar en la segmentación tarifaria”, pero advirtiendo que se requerirá del “desarrollo de mecanismos que permitan su implementación a lo largo del país”.

Por su parte, Edenor expuso que si no existen cambios este año respecto a la situación actual mantendrán las inversiones y la provisión del servicio, pero que sus ingresos “no alcanzarán a cubrir la compra de energía y los impuestos” por lo que su requerimiento ascendió a un total de 56.800 millones de pesos a fin de cubrir el déficit del periodo.

El gerente de Planificación y Control de Edenor, Federico Méndez, quien representó a la distribuidora focalizó en la composición de la factura que le llega a los usuarios alegando que la misma incluye a todos los actores del proceso precisando que del total que se abona de la boleta “solamente un tercio corresponde a Edenor, siendo el único ingreso que se recibe y con el cual se afrontan los sueldos del personal, servicios, la compra de materiales, la demanda de los nuevos suministros y el financiamiento de inversiones necesarias para cumplir con la calidad del servicio”.

Empresas de transporte

Por su parte quienes se encargan del traslado de la energía eléctrica (Transener, Transba, Distrocuyo, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa y Transcomahue) también expusieron sus requerimientos en la audiencia pública.

La mayoría de las empresas coincidieron en que el transporte en el mercado eléctrico es fundamental, pero advirtieron que el sistema presenta debilidades ya que la demanda crece y necesitan invertir en infraestructura. En base a esto, informaron que en 2021 no hubo ajustes, sin embargo se batieron records en el consumo de energía eléctrica.

Ante la falta de incrementos en las tarifas durante 2020 y 2021 y teniendo en cuanta las pautas macroeconómicas establecidas por el ENRE a saber: una inflación anual del 33% y un valor del dólar de 131 pesos convinieron en que perdieron la capacidad de inversión, por lo cual solicitaron asistencia financiera inmediata a fin de asegurar la calidad del servicio.

Desde Transba aseguraron que las empresas necesitan saber “el volumen de inversiones y tener previsibilidad en el tiempo”. Además, exigieron un incremento del 0,74% alegando que en una factura de mil pesos, ese porcentaje representaría 7,40 pesos. Lo mismo planteó Transener, pero con un incremento del 0,68%

Transpa, Transnea  y Transnoa plantearon como objetivo evitar la precarización del sistema y repararon en uno de sus condicionantes que poseen en la actualidad: la falta de personal técnico y profesional.

Por otra parte, Transnea, Transcomahue y Distrocuyo también alertaron sobre la necesidad de reemplazo de los equipamientos debido a que algunos de ellos quedaron obsoletos afectando de manera directa a la calidad del servicio.

En la misma línea, el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) presentó un plan de inversiones 2022 que contempla la “adquisición y renovación de algunos de los activos críticos que han concluido sus ciclo de vida estadísticos y que presentan severos riesgos de confiabilidad operativa y funcional”. Además, el Ente dio a conocer que su déficit oscilará los 162 millones de pesos, en caso de mantenerse la tarifa actual.