El Estado recaudó el año pasado unos $ 10.000 millones por el cargo creado para solventar el subsidio patagónico, tal como se conoce comúnmente a la subvención a la tarifa de gas que beneficia a usuarios de la patagonia, pero también a los de la localidad de Malargue (Mendoza), algunas otras de La Pampa y los hogares de la Puna, en el norte del país. Los usuarios subsidiados suman, en total, unos 750 mil. El fondo fiduciario se financia a partir del cargo creado por el artículo 75 de la Ley 25.565 en 1992. Hoy ese ítem se calcula sobre el 4,46% de la factura que pagan todos los usuarios del país, tanto los hogares, como las PyMEs y comercios, así como también los grandes usuarios industriales que compran el gas directamente en el mercado mayorista.

¿Qué se cubre con esos $ 10.000 millones anuales?

Hasta el año pasado y según el Presupuesto 2021 que preparó el Ministerio de Economía, el esquema del subsidio patagónico se auto-financia con el cargo que paga la demanda. Es decir, no requiere un aporte adicional del Tesoro. Eso es así porque en 2019 el gobierno anterior elevó de 2,96% a 4,46% la alícuota sobre la que se recauda el cargo. La administración de Cambiemos tomó esa decisión porque, frente a las devaluaciones de 2018, que llevaron el dólar de 20 a 40 pesos, lo que recaudaba el fondo fiduciario era deficitario y no alcanzaba para pagar la totalidad del esquema, que requería una transferencia directa el Tesoro.

¿En qué consiste el subsidio?

En rigor, los usuarios de la denominada región patagónica reciben dos tipos de bonificaciones. Por un lado, el subsidio patagónico creado por la Ley 25.565, que cubre un 50% de la factura de gas antes de impuestos. El Estado solventa la mitad del monto que surge de sumar el cargo fijo y el variable de cada factura, tanto residencial como de comercios e industrias bajo la órbita de distribuidora.

A su vez, al mismo tiempo, el Estado subsidia en forma directa a los usuarios de esta región porque les vende el gas —a través de IEASA (ex Enarsa)— mucho más barato que a los usuarios del resto del país.

• Si un usuario de la región metropolitana paga el gas en torno a los US$ 2,10 por millón de BTU, según el tipo de cambio actual, a uno de Patagonia le cuesta 1 US$/MMBTU.

La zona patagónica consume por año unos 6000 millones de metros cúbicos de gas, según datos que se desprenden de las estadísticas que publica el Enargas. Como IEASA vende le vende el gas a la mitad de precio que lo paga el resto del país, el Estado termina subsidiando con unos US$ 200 millones por año a la región. A ese monto directo que eroga el Tesoro, hay que sumarle los $ 10.000 millones (unos US$ 105 millones al tipo de cambio oficial) que recauda el fondo fiduciario establecido por la Ley 25.565 a partir del cargo (4,46%) que paga toda la demanda.

• Por lo tanto, por doble vía el subsidio patagónico termina costando unos US$ 300 millones por año.  

¿En qué consiste el proyecto de Ley que presentó el Frente de Todos?

El texto —que fue dado a conocer la semana pasada con el respaldo de Sergio Massa y Máximo Kirchner, las dos espadas del gobierno en Diputados— contempla extender el beneficio hasta unos 3 millones de usuarios, según indicó a EconoJournal Liliana Schwindt, diputada por el Frente de Todos y principal impulsora de la iniciativa.

• En concreto, el proyecto prevé cuadruplicar la base de usuarios beneficiarios. En total, si el Congreso lo aprueba, un 35% de los consumidores de gas natural de todo el país —unos 8,5 millones— pasarán a cobrar un subsidio a la tarifa del fluido.

¿Cómo se financiará el costo del nuevo esquema?

El interventor del Enargas, Federico Bernal, indicó en declaraciones a la prensa que la iniciativa no tendrá un costo fiscal ni impacto presupuestario, pero directivos de la industria del gas y consultores del sector ponen en duda esa afirmación. El proyecto del Frente de Todos prevé incrementar la alícuota del cargo creado por la Ley 25.565 al menos un punto o un punto y medio (por ley se podría ampliar hasta el 7,5%). El porcentaje pasará de 4,46% a 5,5 o 6 por ciento, según precisó Schwindt, que aspira a que el proyecto reciba media sanción en Diputados en la primera quincena de junio y que obtenga un rápido respaldo en el Senado.

La mayoría de los nuevos beneficiarios —usuarios de 52 municipios que se incorporarán del sur de la provincia de Buenos Aires, y localidades de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta— pasará a recibir, si el proyecto se convierte en Ley, un subsidio del 30% de la factura de gas natural. Una minoría, alrededor del 25% de los usuarios que se incorporen, percibirán una bonificación del 50% por estar alcanzados por el esquema de Tarifa Social, que de esa manera también se redifiniría, al menos parcialmente. Beneficiarios de AUH y planes sociales, algunos monotributistas, desempleados y empleadas domésticas, entre otros, quedarán incluidos en esa nómina.

Cuentas

La gran interrogante es si el incremento porcentual del cargo alcanzará para cubrir el costo económico del proyecto. ¿Cuál es la lectura de corto plazo que trazan en el gobierno?

• Realizan el siguiente razonamiento: como la factura de gas de los grandes usuarios aumentó fuertemente en lo que va de 2021 —en algunos casos, un 130% o 140%—, al igual que la factura del gas que consumen las generadoras eléctricas (que en rigor lo cubre Cammesa con fondos del Tesoro), creen que la mayor parte del dinero que se necesita para fondear el nuevo esquema lo aportarán las industrias y las centrales térmicas (aunque como el gas lo compra Cammesa terminará impactando en el presupuesto).

A diferencia de lo que sucedió con el precio del gas para grandes usuarios y generación eléctrica, las facturas domiciliarias de gas se actualizarán muy poco este año. El Enargas tiene aún pendiente publicar los nuevos cuadros de transición, que se darían a conocer a fin de mes. La suba será del 6% o 7% en la factura final de los usuarios residenciales. Para los grandes comercios e industrias que reciban el gas de distirbuidoras, la recomposición será más alta.

• Con esos números, lo que modeló el ala técnica del Enargas es que como las tarifas de las distribuidoras continuarán atrasadas y se moverán mucho menos que las facturas de los grandes usuarios y las generadoras, podrán netear o compensar el costo de ampliar la base de beneficiarios del subsidio patagónico con una mayor recaudación proveniente del cargo que pagan esos dos segmentos.

El Ejecutivo tiene que presentar los números finos, pero a priori parece el cálculo muy ambicioso. Sobre todo porque las tarifas de las distribuidoras sólo cubren hoy un 40% del costo real del gas. Y con el actual ritmo de inflación y su posible efecto sobre el tipo de cambio, lo más probable es que a principios de 2022 esa cifra esté más cerca del 30% que del 40 por ciento.

“Puede ser que, como dijo (Federico) Bernal, el costo de implementar un esquema así sea de 5 pesos para los usuarios R1 o R2, que representan la mitad de los usuarios del área metropolitana. El impacto para usuarios de mayor consumo será bastante más alto. Pero en cualquier caso, el problema para adelante es que cuando el Ejecutivo quiera actualizar las tarifas para reducir los subsidios que recibe el sector, el impacto de costear este subsidio a nuevos usuarios del sistema de gas natural terminará siendo mucho mayor”, explicó el director de Gas de una petrolera.

¿Qué pasará con el precio del gas?

La actual zona patagónica consume unos 6000 MMm3 de gas por año. El fondo fiduciario recaudó en 2020 unos $ 9.000 millones y con ese dinero cubrió el subsidio del 50% previsto por ley para los 750.000 usuarios (el 75% de los cuales recibe el servicio de Camuzzi Gas del Sur). Según proyecciones que realizan en el mercado, los 2,3 millones de usuarios que se incorporarán al esquema consumen unos 4500 MMm3 de gas adicionales. Es porque los usuarios de Camuzzi Gas del Sur tienen un consumo promedio más elevado —porque las temperaturas son significativamente más bajas— que el de los usuarios que se sumarán al programa.

• En cualquier caso, las fuentes consultadas estiman para que el nuevo esquema de subsidios no tenga costo fiscal para el Estado, el fondo fiduciario debería recaudar entre 15.000 y 18.000 millones de pesos por año, casi el doble que en la actualidad; hasta unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual.

“También hay que precisar si, al igual que en la actual zona patagónica, los nuevos beneficiarios también tendrán un precio del gas cargado en tarifas inferior que el del resto del país. Ese punto aún no fue precisado. Si se cargara en los cuadros tarifarios un precio del gas más bajo, como sucede hoy en Patagonia, la decisión tendrá un impacto fiscal sobre IEASA, que deberá absorber a pérdida esa diferencia de precios”, analizó un consultor del sector.