El gobierno deberá saldar en las próximas tres semanas la discusión interna acerca de qué hacer con las tarifas de gas y electricidad. Esa disputa entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los funcionarios del área energética referenciados en el cristinismo sigue viva, aunque deberá resolverse, para un lado o para el otro, antes del 1º de mayo. Esa es la fecha tope según el calendario que baraja el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que ayer recibió a EconoJournal en su despacho del séptimo piso en el edificio de Paseo Colón 171, frente a la Casa Rosada.

Basualdo, principal referente en temas energéticos que hoy tiene el Instituto Patria, es quien tiene a su cargo lo que sucederá con las tarifas de Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras eléctricas del país.En esa clave, planteó tres escenarios bien concretos.

“Las tarifas pueden aumentar un 7% o un 9%, o directamente pueden no aumentar”, puntualizó. El congelamiento, que lleva ya dos años, se extendería si se agrava la situación social por la pandemia.

Las posiciones contradictorias dentro del gobierno están claras. En diálogo con María O’Donnel y Ernesto Tenembaum en CNN, Guzmán volvió a repetir el sábado que el aumento de las tarifas a lo largo del año será de dos dígitos y permitirá que los subsidios energéticos continúen en el orden del 1,7% con relación al PBI. La discrepancia de criterios es evidente. Sólo resta saber quién termina de imponer su idea.

Basualdo no quiso ahondar en la polémica, pero se expresó desde un lugar de fortaleza, incluso hablando en nombre del secretario de Energía, Darío Martínez, su superior según el organigrama de la Secretaría, aunque es evidente que el subsecretario tiene juego político propio.

“No tiene sentido que el gobierno siga discutiendo esto. Hay que aplicar las políticas en función de los principios sociales y económicos que representamos y más en un contexto de segunda ola y posibles restricciones tanto a la circulación como a la actividad económica. Ya está agotada esa discusión. No quiero hacer debate sino solamente dejar en claro cuál es la posición de la Subsecretaria de Energía Eléctrica y secretaría de Energía porque en esto hay un claro alineamiento de los entes reguladores”, advirtió. Incluso pareció enviarle un mensaje de cavilación a Guzmán. “A veces la gestión es frustrante en cuanto a lo que uno espera que suceda y no sucede. Habrá que superar esas frustraciones y seguir adelante”, afirmó.  

-En una entrevista la semana pasada con Radio con Vos, comentó que las tarifas de Edenor y Edesur podrían aumentar un 7%, un 9% o un 15 por ciento. ¿Debe hacerse una interpretación taxativa de esas cifras o fue sólo una expresión figurativa?

–El aumento puede directamente no ser o puede ser de un 7% o un 9 por ciento. Es una posición no solo de los entes reguladores sino también de la Secretaría de Energía que administra el sector energético, las políticas, los subsidios específicos y la política tarifaria.

-Sin embargo, el fin de semana el ministro de Economía habló en un canal de noticias que el plan es aplicar un aumento en el año de dos dígitos en distintas etapas. ¿Cómo interpreta esas declaraciones?

-El ministro está haciendo un gran trabajo en términos de renegociación de la deuda tanto con el FMI como con el resto de los acreedores que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Nuestro gobierno tiene principios sociales y económicos muy claros. La prioridad en este momento es acompañar a los sectores populares, a la clase media y a la actividad económica en su reactivación. Esto quiere decir la reactivación de la actividad económica y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Eventualmente, en la medida en que la situación sanitaria imponga nuevas condiciones, también vamos a acompañar desde el gobierno a los argentinos. En esa línea, la política tarifaria es una política clave para garantizar una distribución del ingreso que no sea regresiva, situación que se dispara en crisis como esta. Obviamente, el acompañamiento en una situación crítica como la que estamos atravesando implica definir estos parámetros tarifarios. Luego se realizará el resto de las cosas. A veces se plantea que hay una posición irreverente de los entes reguladores, yo soy subsecretario de Energía Eléctrica y es una posición de los entes, pero también de la secretaría y del gobierno para acompañar a la población en este momento difícil.

¿Qué elementos técnicos se están midiendo para hablar de un porcentaje de aumento del 7 o el 9 por ciento?

-No tiene sentido que el gobierno discuta esto. Hay que aplicar las políticas en función de los principios sociales y económicos que representamos y más en un contexto de segunda ola y posibles restricciones tanto a la circulación como a la actividad económica. Ya está agotada esa discusión. No quiero hacer debate sino solamente dejar en claro cuál es la posición de la Secretaria de Energía y la Subsecretaria de Energía Eléctrica porque en esto hay un claro alineamiento de los entes reguladores. A veces la gestión es frustrante en cuanto a lo que uno espera que suceda y no sucede. Habrá que superar esas frustraciones y seguir adelante.

-En el caso de que haya recomposición, ¿será el 1 de mayo o aún no está definida la fecha?

-Este mes tiene que resolverse esta situación para seguir avanzando. Antes del 1º de mayo tiene que estar resuelto.

Subsidios

Usted comentó recién que los subsidios a la energía representan un 8% del Presupuesto, de los cuales un 65 por ciento corresponde a energía eléctrica. ¿Le preocupa el hecho de que, si la nominalidad de la macroeconomía sigue deslizándose por la depreciación del tipo de cambio y la inflación, la reducción de subsidios al sector se termine convirtiendo en un objetivo impracticable el año próximo?

-A todos nos preocupa el volumen de subsidios que recibe el sector energético, por eso en primera medida necesitamos la colaboración de las empresas energéticas que en los últimos años registraron importantes ganancias para atravesar este momento. Por otro lado, los principios sociales y económicos de este gobierno, por los cuales Alberto Fernández fue electo presidente, son los que vamos a aplicar en la gestión. La preocupación en relación a los subsidios la tengo porque buena parte de los subsidios energéticos pasan por esta subsecretaría. Estamos desarrollando en conjunto con los entes reguladores y la Secretaria de Energía, mecanismos que nos permitan empezar a asignar de manera más eficiente esos fondos públicos en los subsidios energéticos. Esto específicamente está vinculado a una política de segmentación de la demanda de energía donde no vamos a aumentar la tarifa a los usuarios de grandes ingresos, sino que le vamos a quitar la ayuda estatal, el subsidio. Vamos a trabajar en dos planos, en uno individual para identificar por patrimonio y por ingresos a los usuarios que pueden afrontar el pago pleno de la tarifa y, por otro lado, necesariamente, vamos a tener que combinarlo con algún criterio geográfico que permita avanzar de manera más rápida en la asignación eficiente de los subsidios.

-Insisto sobre este tema. Si bien la crítica de la gestión tarifaria de Cambiemos formó parte de la propuesta electoral que el Frente de Todos presentó de cara a la sociedad en las elecciones de 2019. ¿No le preocupa en algún punto que la nominalidad de la macroeconomía se haya corrido tan rápido desde 2019 a 2021 que licúe de algún modo la fuerza discursiva de esa propuesta? Cuando se congelaron tarifas en febrero de 2019, el tipo de cambio estaba a $49 y hoy está $97.

-Si, en principio lo que tenemos que decir es que el congelamiento empezó en agosto de 2019, en el fracaso de su política energética y tarifaria. La propuesta electoral de nuestro gobierno no fue que vamos a congelar tarifas, sino que íbamos a terminar con la política tarifaria de Macri, cosa que estamos haciendo ahora. Y lo estamos haciendo diciendo que “vamos a acompañar a la economía y a las familias en esta situación crítica que está atravesando Argentina y el mundo”. En la medida que la economía pueda normalizar su actividad y se recompongan los salarios, obviamente la política energética y tarifaria va a acompañar esa recomposición. En tanto eso no suceda, si nosotros planteamos ajustes tarifarios van a ser ajustes económicos sobre la actividad productiva y sobre el poder adquisitivo de las familias que ya está deteriorado por la propia crisis que estamos atravesando.

-¿El acceso a la información de carácter patrimonial de los usuarios va a requerir alguna modificación regulatoria en materia de protección de datos? Teniendo en cuenta la dificultad a la hora de cruzar datos de índole socioeconómica con la titularidad del registro, ya que muchas veces uno consume la electricidad en su casa y la titularidad corresponde a la persona que vivió antes y no se hizo el cambio. Si esto constituye un problema, ¿cómo se resuelve?

-La aplicación de esta política implica la participación de distintos organismos del Estado comprometidos en este grupo de trabajo y el compromiso de las distribuidoras que tienen que normalizar gradualmente la relación entre titular y habitante del domicilio. Estamos hablando sólo de los residenciales, luego abordaremos comerciales e industriales. De hecho, hace dos meses, tomamos una política muy clara respecto de los grandes usuarios de distribución que fue retirarles el subsidio dado que era una población muy reducida y el criterio de aplicación de ese subsidio era totalmente arbitrario.

Algunos países con crisis económica la política pública apuntan a estimular vía tarifas a los agentes del sector productivo e industrial para que puedan dinamizar la demanda agregada de la economía y se transfieren las tarifas más caras a los residenciales. ¿Por qué acá se tomó el camino inverso al trasladar la carga tarifaria sobre los GUDI, que es un universo pequeño de industrias que también la están pasando mal?

-Hay todo tipo de actividades dentro de los grandes usuarios de distribución. Algunos la están pasando mal y otros no. Los grandes usuarios de distribución vinculados a la salud y la educación fueron exceptuados de esta política y se los sigue ayudando para que puedan funcionar. Básicamente el objetivo fue terminar con una política de subsidios indiscriminada y sin criterio e iniciar un camino de mayor eficiencia en la administración de fondos. Un elemento importante respecto a lo tarifario y a lo que viene es que no hay que ser dogmáticos en cuanto a la aplicación de determinados porcentajes de aumento tarifario. Hay que abrir el panorama y tener en cuenta que es una situación compleja pero el sector energético tiene particularidades que no se resuelven con un aumento tarifario y no hay que ser caprichosos en ese sentido.

Visión de fondo

-En cuanto a las directrices del sector energético, si uno mira los últimos 20 años, desde la salida de la Convertibilidad, los marcos regulatorios tanto de gas como de electricidad (la Ley del Gas y la de Electricidad) no se cumplieron, pero tampoco se terminaron de cambiar. ¿Crees que habrá que rediscutir la ley de electricidad?

-Es momento de rediscutir la regulación del sector eléctrico. Efectivamente la regulación no se modifica desde los años 90, solo se modificó de facto por lo cual Cammesa tiene el rol que tiene. Fue llevado a ese lugar de organismo de despacho de energía. Hay que discutir en profundidad el funcionamiento de los servicios públicos y el papel del Estado en ese marco.

-¿Es posible encauzar esa discusión en un contexto signado por la pandemia y políticamente complejo? Si se quiere hacer una nueva Ley en el Congreso es necesario buscar consensos, contar con el respaldo de fuerzas opositoras y que haya un apoyo político fuerte al proyecto? ¿Lo ve posible en 2021?

-El proceso hay que iniciarlo. Entiendo que el mejor escenario es un debate abierto en el que la oposición forme parte tanto del debate como de las soluciones, porque son cuestiones estructurales que Argentina tiene que discutir. Hay que iniciar ese camino, quizá no se resuelve este año, pero en la realidad se impone por el nivel de exigencia que presenta el sector energético para el Estado y las cuentas fiscales. Necesariamente habrá que discutir estos temas.

-Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se apeló a la convergencia eléctrica debido a los grandes saltos tarifarios que había en distintos distritos del país. En lo que va de 2021 algunas provincias aumentaron las tarifas hasta un 30%. ¿No le preocupa que esa misma dinámica de atraso tarifario en la región AMBA que se registró en el pasado se replique nuevamente?

-Sí, como preocupación existe. Pero la realidad de hoy es que la situación económica de las concesionarias de todo el país está demandando que el Estado intervenga económicamente todos los días para sostener la actividad. Una vez que arreglemos eso, obviamente el horizonte es tratar de confluir en un nivel tarifario común en todo el país. Pero hoy la situación está muy lejos de eso. Te diría que por el contrario, el segmento de distribución depende en buena medida de la ayuda del estado nacional a las provincias.

-Básicamente lo dice a partir del congelamiento del precio estacionario mayorista…

-Lo digo a partir del congelamiento, yo diría del mantenimiento del precio de la energía para todo el país. Pero también, porque de vuelta, las distribuidoras continúan endeudándose con el Estado nacional vía Cammesa, y ese proceso no terminó en diciembre, sino que continuó en enero, febrero y marzo, registrando en febrero una cobrabilidad del 63%. Con lo cual, es claramente una situación de emergencia en términos del mercado eléctrico y estamos abocados en resolver eso. Y luego tratar de confluir en una normalización general.

¿Cómo se explica a la sociedad que un ajuste tarifario del 7% o el 9% es necesario para defender la cadena de pagos de un sector que es estratégico para el país y evitar, de ese modo, que el Estado tenga que salir con una cantidad de recursos enormes a bancar precisamente el deterioro de esa cadena?

-Sí, básicamente no solo se puede afectar la operatoria del mercado eléctrico, sino que además te va a afectar el funcionamiento de la economía en general. El sector energético interviene fuertemente en el diseño macroeconómico de la Argentina. Por eso el Estado está haciendo el esfuerzo que hace. En cuanto a la explicación de la situación tarifaria y la necesidad de salir primero de las condiciones de funcionamiento que dejó el gobierno de Macri, que fueron muy dañinas en términos económicos y sociales, es un elemento que no hay que dejar de señalar porque recién ahora estamos saliendo. Y porque por otro lado, algunos sectores lo siguen reivindicando como una normalización del mercado eléctrico, cuando en realidad lo único que hizo fue introducir distorsiones en el funcionamiento del sector.

Subsidios directos a Edenor y Edesur

-Uno de los principales problemas que existen en el sector eléctrico es la situación económica-financiera de las distribuidoras, que acumulan una deuda creciente con el Mercado Mayorista (MEM). ¿Cómo se implementará el esquema de resolución de parte de esa deuda a través del esquema que prevé el artículo 87 de la Ley de Presupuesto?

-La situación en el segmento de la distribución, y específicamente en el financiamiento de la actividad a nivel nacional que emergió en la pandemia en 2020, es muy preocupante en términos del funcionamiento del mercado eléctrico. Nunca había sucedido en la historia reciente de la Argentina que el Estado haga el esfuerzo que hizo en el 2020 para sostener el sistema y el funcionamiento de la cadena de pagos. Obviamente, eso repercute en una mayor exigencia fiscal para el Estado y por eso en el marco del Presupuesto 2021 se agregó el artículo 87, que básicamente establece las reglas de negociación para la deuda que tomaron los agentes distribuidores durante la pandemia del 2020. Lo que nosotros vemos es que esta situación se está extendiendo. Si bien fijamos un precio de la energía estable para permitir una recomposición de ingresos en el segmento de distribución, tanto por la situación económica y social que tiene el país -sumamente delicada-, como por la falta de oportunidad, la realidad es que pocas distribuidoras recompusieron sus ingresos. Vemos una situación en donde se profundiza el endeudamiento con Cammesa. Ahí, el punto a trabajar es justamente el financiamiento de los agentes distribuidores que no vaya vía Cammesa, porque no es un organismo creado, ni diseñado ni tiene las competencias para administrar esa realidad. Con lo cual, nosotros estamos trabajando de manera tal de cambiar esa situación y regular ese nivel de endeudamiento que durante el 2020 no se pudo regular tanto como por la situación de emergencia como por la falta de herramientas que tiene Cammesa.

-Hace seis meses, la ilusión era que 2021 sea el año de la post-pandemia. Eso no pasó. Y la deuda de las distribuidoras con Cammesa sigue creciendo. ¿Será necesario, en este contexto, buscar un mecanismo adicional para financiar al sector de distribución en los próximos meses?

-Creo que va a ser necesario que en el primer semestre de este año se incorporen nuevas políticas en la administración de los fondos públicos destinados al mercado eléctrico. En este sentido, va a haber que aplicar políticas que nos permitan administrar de manera más eficientes esos fondos. En el Presupuesto 2021, los subsidios energéticos son alrededor del 8% del PBI y el 65% de esos fondos pasan por el sector eléctrico. Con lo cual, obviamente, estamos desarrollando o proponiendo las herramientas necesarias para administrarlos de la mejor manera. Obviamente también contemplando la situación social y económica que estamos atravesando.

-¿Conceptualmente, qué tipo de instrumentos están pensando para cubrir ese rojo del sector de distribución?

-Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la cadena de pagos del mercado eléctrico. Lo que hay que garantizar es que las distribuidoras paguen por la energía que les vende Cammesa. Con lo cual, va a haber que generar mecanismos alternativos de asistencia a las provincias que necesiten financiar su actividad de distribución eléctrica. Ese es el sistema general, muy primario, en el que estamos pensando.

-En el caso de Edenor y Edesur, que son de competencia nacional, ¿cómo lo piensa?

-En igual sentido. Es decir, lo que hay que garantizar es el funcionamiento del mercado eléctrico.

-Dentro del artículo 87 de la Ley de Presupuesto una de las cláusulas para poder refinanciar la deuda obliga a las distribuidoras a cumplir en tiempo y forma sus obligaciones como agentes del MEM. Pero las empresas argumentan que por el atraso tarifario no tienen caja para cumplir el requerimiento del artículo. ¿Cómo se salva esta situación?

-En los próximos meses hay que aplicar estas políticas activas que permitan normalizar la cadena de pagos del mercado eléctrico y tanto el artículo 87 como la deuda que las distribuidoras tomaron entre octubre y marzo de este año van a entrar dentro de esos criterios y esas políticas específicas.

-Es decir que habrá una nueva regulación.

-Sí, sin dudas.

-¿Antes de junio debería haber alguna resolución del tema?

-Sí, es así.

Contratos

-¿Cómo discrimina el Estado a aquellos proyectos con contratos PPA’s que efectivamente se vieron perjudicados por los saltos cambiarios de 2019 o por la pandemia de aquellos que nunca lograron cerrar el financiamiento y tienen cero grado de avance?

-Nosotros tenemos hoy 81 proyectos con habilitación comercial. En plazo de ejecución tenemos 75 y 32 fuera del plazo. Sacamos un conjunto de regulaciones, obviamente para reconocer las dificultades del acceso al Mercado Único de Libre Cambio (MULC), el Covid-19 y otros reconocimientos que hicimos a los titulares de esos proyectos para darles tiempo a que recompongan la actividad. En la medida que eso no suceda, efectivamente vamos a ejecutar las garantías y en términos colectivos vamos a dar una señal de salida a los que no tienen posibilidades ni financiamiento para ejecutar los proyectos.

-Otro de los programas fuertes de la gestión de Cambiemos fue la construcción de centrales térmicas y su posterior cierre de ciclo. ¿Qué balance hace de esas iniciativas?

-Esas dos iniciativas tienen precios muy elevados en términos de los contratos que se firmaron. Si bien lo contratos térmicos en la generalidad de los casos están dolarizados, los precios son demasiado elevados.

-En su momento, lo que explicó el gobierno anterior es que necesitaban centrales de rápido ingreso al sistema porque faltaba generación y que por eso se convalidaron esos precios.

-Lo primero que hizo nuestro gobierno fue pesificar las remuneraciones de los generadores que hoy están enmarcados en la Resolución 31, que era inconcebible que esa remuneración esté dolarizada. Dentro de ese universo hay centrales totalmente amortizadas, hidroeléctricas, centrales eficientes, todo igual. Con lo cual, estuvo bien pesificarlo. Luego, lo que vamos a trazar nosotros en los próximos meses es diferenciar las remuneraciones en función de la tecnología y en el aporte que hacen al sistema. En este sentido, hay un trabajo fuerte que hay para hacer en el universo spot o de la resolución 31 y luego abordaremos el tema de los contratos cerrados con la resolución 287.

¿Van a a resolver primero la no actualización automática de la resolución 31, que está suspendida principios de 2020, o directamente antes de actualizar ese tema, van a avanzar con una nueva resolución que discrimine la remuneración por tecnología?

-Vamos a hacerlo de manera paralela. Obviamente, la velocidad de las políticas que vamos a aplicar va a estar en línea con las posibilidades presupuestarias que tiene el Estado. En ese sentido, esos son los márgenes de acción que tenemos.

-¿La no actualización de la resolución 31 se puede resolver en el primer semestre?

-Se está trabajando, no es algo que no nos preocupe. Es algo que tenemos en cuenta. Se está trabajando en alguna solución, pero en este caso prefiero no hablar de temporalidades.

-Cuando se deja de actualizar la remuneración que cobra la potencia base, o la 31, las generadoras empiezan a diferir mantenimientos y los respuestos que se utilizan no se reponen. Eso pasó en 2012 o 2013, lo que obligó al Estado Nacional a salir a financiar un plan de mantenimientos de centrales estratégicas. ¿Se puede volver a un esquema similar?

-La intención es hacer algo central para no trabajar en las particularidades, que son muchas y por ahí distorsionan la política. Es verdad esto que trae a la charla. En los gobiernos de Néstor y Cristina se generaron oportunidades para ampliar la capacidad de potencia de generación y en el gobierno de Macri, con una economía que estaba en permanente caída, se dieron facilidades o beneficios a la instalación de generación, tanto renovable como térmica, cuando en realidad la política económica que se estaba aplicando iba a contramano a la necesidad de esa generación.

-Hoy, el 60% de la generación de energía está remunerada a través de la resolución 31 que las remuneraciones pesificadas y congeladas desde hace un año. A su vez, un porcentaje del sistema se remunera con contratos PPA en dólares. Pareciera que son dos sistemas distintos en uno. ¿Cómo se enfrenta esa situación?

-La intención de nuestra política es unificar los criterios. Por eso le decía de no trabajar con las particularidades de cada agente o cada central, sino establecer reglas básicas que atraviesen a todo el parque. Efectivamente, si uno lo mira son dos realidades muy distintas. La intención es normalizar el funcionamiento del parque generador y que existan las diferencias que tienen que existir en función de la eficiencia y del capital hundido por parte de los accionistas.

-Usted plantea un escenario en el que, si se cumplen determinadas etapas, llegará el momento de pensar qué se hace con los contratos PPA’s que, a su entender, tienen precios caros o elevados. Hay una particularidad que tienen esos PPA, y es que están calzados con deuda emitida en el exterior que en buena parte están en poder de los grandes fondos de inversión con los que negoció el gobierno la reestructuración de la deuda soberana. ¿Coincide con esa composición de escenario y cómo podría incidir a futuro?

-En los contratos que se firmaron, sobre todo de generación térmica, pero también de renovables, en algunos casos la situación es la misma. Claramente presentan una complejidad jurídica adicional porque están bien cerrados. Pero llegado el caso, si la decisión de nuestro gobierno es discutirlo, entiendo que las condiciones generales de la economía argentina y del mundo son el contexto adecuado para hacerlo.

-¿Fue un error firmar ese conjunto de contratos PPA’s tanto térmicos como renovables?

-Muchas de las políticas aplicadas en el sector energético durante el gobierno de Macri fueron en detrimento del sector energético y fueron, si se quiere, aprovechadas por un grupo reducido de empresarios y nuevos empresarios, que se apropiaron de esa red para hacer transferencia de renta, que garantizó tanto la política tarifaria en distribución, como los contratos de generación que se firmaron.

Crisis

-Es un cliché decir que las crisis generan oportunidades. Pero en este contexto tan complejo del país en términos macroeconómicos y a nivel mundial, ¿cree que de alguna forma puede servir como antesala para discutir cuestiones estratégicas de mediano y largo plazo? ¿Es este un momento para dar ese nivel de debate?

-Necesariamente la realidad es tan delicada que esos debates se imponen y obviamente nosotros los vamos a trabajar y poner en la mesa. No solamente en la gestión del Ejecutivo, sino también dado el nivel de complejidad que presentan, entiendo que es necesario el compromiso de todos los sectores políticos con representatividad en la Argentina, para dar soluciones claras en el mediano y largo plazo.

-Una más, a modo de cierre. Está claro que hay una propuesta electoral del Gobierno que es muy crítica hacia lo que hizo el gobierno anterior en materia energética, tarifaria y de políticas de desarrollo del sector. Si tuviese que rescatar algún elemento positivo, ¿marcaría alguno?

-Creo que el gobierno de Macri fue muy dañino en su política económica y muy dañino para el sector energético y el funcionamiento y la dinámica del mercado eléctrico en particular. Con lo cual, nos va a llevar décadas recuperar del daño que hizo. No veo nada positivo del paso de Macri por el Poder Ejecutivo Nacional.