Un vacío legal que se generó a partir del 1 de febrero habilita a las petroleras a reclamar una recomposición en el precio del gas en boca de pozo por la suba que vino registrando el dólar.

En febrero de 2019 el gobierno de Mauricio Macri realizó una subasta en el MEGSA para asegurar el gas de los hogares durante un año. El precio promedio del gas en boca de pozo surgido de esa compulsa fue de 4,55 dólares por millón de BTU hasta el 31 de marzo de 2020, con un tipo de cambio de 41 pesos que se tomó como referencia por seis meses a partir del 1 de abril. La actualización del tipo de cambio debería haberse realizado en octubre, pero el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, postergó su aplicación hasta el 1 de febrero de 2020.

La fecha se cumplió y el gobierno actual no tomó ninguna resolución sobre ese tema. Por lo tanto, las petroleras están habilitadas para pedir que se actualice el precio del gas en boca de pozo tomando en cuenta el nuevo tipo de cambio.

El marco regulatorio prevé una actualización semestral del precio del gas en boca de pozo que se debería haber realizado a partir del 1 octubre de 2019. Sin embargo, Lopetegui publicó el 3 de septiembre la resolución 521/19 que difirió hasta el 1 de enero el ajuste tarifario por variación del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), “oportunidad en que se efectuarán las adecuaciones pertinentes a los períodos a considerar para el cálculo de las diferencias diarias acumuladas”. Luego extendió ese plazo hasta el 1 de febrero a través de la resolución 791/19.

A los pocos días de llegar al poder, el gobierno de Alberto Fernández impulsó en el Congreso la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 27.541 que en su artículo 5 postergó los ajustes tarifarios por un plazo de hasta 180 días. Sin embargo, esa norma no alcanza al precio del gas en boca de pozo porque el mismo es un componente desregulado del cuadro tarifario.

Pese a haber asumido el 10 de diciembre, el gobierno de Fernández no tomó ninguna decisión sobre este punto y finalmente la prórroga que había decidido Lopetegui se venció. A raíz de ello, las petroleras quedaron habilitadas a exigir que el precio se ajuste tomando en cuenta la evolución del tipo de cambio que desde abril del año pasado trepó de 41 a 63 pesos. No obstante, las principales firmas del sector todavía no decidieron si avanzarán con un reclamo formal para que se cumpla con el marco regulatorio.

La inacción oficial frente en este punto responde en parte a la virtual paralización que vienen sufriendo los entes reguladores, pues en la ley 27.541 el gobierno abrió la puerta para avanzar con la intervención del Enargas y del ENRE, pero todavía no tomó ninguna resolución.