Apenas el 19% de los argentinos se opone a la estatización de las empresas de luz y gas. El dato corresponde a una encuesta de 1925 casos elaborada el mes pasado por la consultora CIO a la que accedió EconoJournal. Al mismo tiempo, el 60 por ciento de los consultados consideró que la prestación de ambos servicios mejoró durante los últimos tres años, pero al tope de sus preocupaciones figuran los aumentos de tarifas. A raíz de ello, cuando a los que están “muy de acuerdo” con estatizar se les pregunta por qué lo harían, en el caso del gas el 24 por ciento responde para “bajar el precio” y recién en segundo lugar aparece “porque el Estado controla mejor” con un 18 por ciento.
A fines de 2015, un usuario R1 de Metrogas con un consumo bimestral de 80 m3 pagaba 13,55 pesos de cargo fijo y 38,4 pesos de cargo variable (80 x 0,48 pesos), totalizando $51,95 antes de impuestos. Desde junio de este año, la tarifa para ese mismo cliente es de 207,4 pesos de cargo fijo y 885,6 pesos de cargo variable (80 m3 x 11,07 pesos). Es decir, 1093 pesos, lo que implica un aumento de 2003,9% en tres años y medio. A su vez, tomando como referencia el dólar actual de 60 pesos, las tarifas de gas deberían aumentar otro 65% en abril, ya sobre una base de comparación muchísimo más alta que en 2016. Esa es la razón principal por la que los usuarios apoyan la estatización o al menos no ven con malos ojos que se avance en esa dirección.
Las tarifas en la mira
Al desmenuzar las respuestas, en el caso del gas, el 26% está “muy de acuerdo” con estatizar, el 21% “algo de acuerdo” y el 33% respondió “no lo sé”, mientras que solo el 19% restante se opuso abiertamente. Entre los que se manifestaron “muy de acuerdo” con estatizar el 24% lo justificó diciendo que vendría bien “para bajar el precio”, el 18% dijo que el Estado controla mejor, el 12% que “son recursos del país” y el 10% aseguró que serviría para “mejorar el servicio”.
Con respecto a la electricidad, el 27% se mostró “muy de acuerdo” con estatizar, el 20% algo de acuerdo, el 19% “nada de acuerdo” y el 34% dijo no tener claro que haría. Entre los convencidos, el 30% dijo que estatizar permitiría un “mejor el control estatal”, el 17% aseguró que avanzaría en esa dirección porque “son recursos del país”, el 14% para “bajar el precio” y apenas el 5% para “mejorar el servicio”.
El servicio
Cuando a los encuestados se les preguntó si el sector vinculado a gas y electricidad mejoró o empeoró en los últimos tres años, fueron mayoría las respuestas los que aseguraron que mejoró, lo que deja todavía más en claro que el malestar se concentra fundamentalmente en la cuestión tarifaria. El 24% aseguró que el servicio de gas y electricidad mejoró mucho, el 36% aseguró que mejoró algo, el 16% dijo que empeoró un poco y el 14% que empeoró mucho, mientras que el 10% respondió que no sabía.
Los que respondieron que el sector estaba mucho o algo mejor dijeron que eso se debía a mejoras en la calidad del servicio (52%) y aumento de la inversión en infraestructura (30%), expansión de la cobertura (11%). Por su parte, los que respondieron que la situación está mucho peor o algo peor dijeron que es porque el servicio es caro (46%), la calidad del servicio es mala (46%) y falta inversión (21%).
También se les preguntó si el sector energético (gas y electricidad) genera algún impacto negativo en la región donde vive y los precios volvieron a manifestarse como una de las principales preocupaciones. En el caso del gas, el 10% de los encuestados respondió que sí y lo atribuyeron a tres causas: es muy caro (28%), contaminación ambiental (26%) y accidentes (13%). En electricidad el 21% respondió que provoca un impacto negativo y las principales razones fueron: contaminación ambiental (24%), pérdidas económicas por cortes (12%) y es muy caro (7%).
Las cifras revelan hasta donde golpearon los tarifazos a una población que en los últimos años se empobreció de manera creciente, tomando en cuenta tanto indicadores oficiales como privados.
Estos datos preocupan a las empresas, no tanto por la posibilidad de una estatización, que ven lejana, sino porque dejan en claro el rechazo social a tener que enfrentar nuevos aumentos de tarifas. De hecho, cuando a los encuestados se les preguntó “¿cuáles son los problemas vinculados al sector (gas y electricidad) que te resultan más graves?”, en primer lugar se ubicó “el aumento de los precios de la electricidad” con el 85%, luego siguió “el aumento en los precios del gas” con el 81% y en un muy lejano tercer lugar aparecieron “el escaso desarrollo de energías renovables” y “la falta de control del Estado”, ambos con un 44%.
Si se confirma el triunfo presidencial de Alberto Fernández, es difícil pensar que estos datos no sean tomados en cuenta para diseñar las políticas públicas que regularán al sector durante los próximos cuatro años, aunque el desafío de los gobernantes será garantizar un servicio a precios relativamente accesibles sin que eso derive en falta de inversión y empeoramiento de los servicios.
