Un conflicto entre los municipios mendocinos de San Rafael y General Alvear por el acceso a la capacidad disponible de un gasoducto recién construido generó un nuevo enfrentamiento dentro del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege). El presidente Javier Milei oficializó a comienzos de mayo la designación de la conducción del organismo y apenas un mes después su flamante titular Marcelo Lamboglia renunció en medio de una fuerte interna que ni siquiera esa salida ayudó a descomprimir y que resurge cada vez que se debate un tema relevante.
La disputa en esta ocasión es por la capacidad remanente que el Gasoducto Sur incorporó al sistema y que aún no está comprometida. El municipio de San Rafael fue el impulsor de la obra, concretada con fondos aportados mayoritariamente por el Estado Nacional, y quiere forzar a su vecino General Alvear a realizar un aporte económico que compense parte de esa inversión antes de que pueda tener acceso a esa capacidad remanente.
El directorio del organismo avaló, en los hechos, la posición de San Rafael a través de una nota enviada a Distribuidora Gas Cuyana (Ecogas), operadora del gasoducto, el 18 de junio. En ese texto le indica que no avance con el otorgamiento de factibilidades a General Alvear, paso previo indispensable para que ese municipio se conecte a la red, sin antes acordar un procedimiento con la municipalidad de San Rafael.
El primer vocal del Enrege, Marcelo Alejandro Nachon, votó en contra de esa decisión, generando un cortocircuito con sus pares. En una nota que pidió insertar como anexo del acta de la última reunión del directorio, Nachon cuestiona la decisión y expone detalles de una reunión de trabajo en la cual se discutió esa nota que finalmente fue enviada a la distribuidora. La carta forzó al vicepresidente del ente a cargo del organismo, Vicente Serra, a tener que responder con otra nota que también figura como anexo del acta de directorio.
Nachon fue el que más se enfrentó con Lamboglia y ahora parece haber encontrado en Serra a un nuevo oponente.
La historia de la obra
El 18 de noviembre de 2020 la Secretaría de Energía y el Municipio de San Rafael firmaron un convenio para avanzar con la construcción del Gasoducto Sur destinado a potenciar el abastecimiento de gas natural en ese municipio mendocino y en la localidad vecina de General Alvear. El proyecto contemplaba la construcción de una interconexión entre el gasoducto GasAndes, que transporta gas a Chile, y la ciudad de San Rafael, con sus correspondientes instalaciones de superficie complementarias.
El financiamiento corrió por cuenta en su gran mayoría del Estado Nacional en concepto de aporte no reintegrable, conforme a los parámetros establecidos en la resolución 268/2007 del ex Ministerio de Planificación Federal.
Aquella norma había sido diseñada por el entonces ministro Julio De Vido cuando las tarifas de gas estaban congeladas y se decidió girarle dinero a los municipios para que hicieran las obras que, en un contexto de normalidad, deberían haber sido realizadas por las distribuidoras.
Entonces se hizo valer la figura del “tercero interesado”, contemplada en la ley 24.076 que regula el mercado del gas, que habilita a un sujeto distinto al distribuidor a realizar una obra de expansión o mejora del servicio cuando el responsable directo no la está llevando adelante.
El acuerdo inicial preveía un desembolso de 1500 millones de pesos. En junio de 2021 se firmó una adenda para elevar esa cifra a 2133 millones y en noviembre de 2023 se firmó una nueva adenda de actualización presupuestaria por un monto adicional de 4402 millones.
Apenas asumió, el gobierno de Javier Milei se negó a girar los fondos pendientes, situación que llevó a la municipalidad de San Rafael a interponer en abril de 2024 una medida cautelar en la Justicia para que cumpliera con los pagos.
Luego de perder en primera y segunda instancia y de que la Corte Suprema le denegara un recurso extraordinario, el gobierno nacional desembolsó el dinero pendiente y en abril de 2025 acordó con San Rafael aportar otros 5200 millones de pesos para finalizar el gasoducto, que por ese entonces tenía un grado de avance del 90%.
El origen de la pelea entre los municipios
La obra finalmente se inauguró en junio de este año, pero la disputa entre los municipios surgió cuando General Alvear se presentó ante Ecogas, encargada de operar el gasoducto, para solicitar que le otorgue factibilidad, es decir, que certifique que existe capacidad disponible en la red para abastecer un nuevo consumo. Ese es el paso previo a habilitar nuevas conexiones a la red de gas natural.
San Rafael se opuso y le envió una carta a Enrege el 12 de junio en la que solicitó que intervenga para que no se le otorguen factibilidades a General Alvear con el argumento de que no llevó adelante la obra ni realizó ningún aporte económico posterior.
Enrege reaccionó rápido y el 18 de junio le envió una carta a Ecogas advirtiéndole que no avance hasta no coordinar con San Rafael “un procedimiento para el otorgamiento de dichas factibilidades y su registro para contabilizar las mismas hasta lograr el agotamiento total de la capacidad resultante”
“El cumplimiento de dicho deber en cabeza de la distribuidora, debe entenderse como un instrumento de coordinación destinado a preservar los derechos derivados de la inversión realizada por el municipio en carácter de tercero interesado”, agregó en la nota, que fue avalada por el área de legales del ex Enargas.
Las críticas de Nachon
Nachon no estuvo de acuerdo con la decisión del ente y forzó una votación que terminó perdiendo 3 a 1. Luego pidió dejar sentada su disidencia por escrito en una nota que se adjuntó al acta de la última reunión de directorio realizada a fines de junio.
En ese texto revela que el directorio discutió el tema en una reunión realizada el 17 de junio en la que también participaron Silvana Onorati, Marina Suarez y Matías Tau de la Unidad Legal del ex Enargas, Fabián Bello y Alejandro Hassan de la Unidad de Desempeño y Economía del ex-Enargas y Guillermo Lanzillotti de la Unidad de Distribución de ex Enargas.
Sostiene que, según revelaron Bello y Hassan, el gobierno nacional realizó un aporte financiero para la construcción del gasoducto que, a valores constantes, puede ser estimado en un porcentaje superior al 90% de la obra.
Luego afirma que los derechos del municipio de San Rafael deben ser proporcionales a su aporte, que no llegó al 10 por ciento. “Una interpretación contraria, es decir, que amplíe los derechos de MSR (Municipalidad de San Rafael) más allá de su efectivo aporte, implica la extensión de un privilegio, lo que es contrario al principio de acceso abierto que debe prevalecer en toda interpretación del regulador”, subraya en su nota.
Luego afirma que los representantes de la Unidad Legal manifestaron en esa reunión no recordar si enotra resolución del ex Enargas se le otorgó un reconocimiento de derechos en forma explícita a un eventual tercero interesado, queriendo dejar en claro que lo que decidió la mayoría del directorio es inédito.
“Las demás personas que trabajaron en el ex Enargas, tampoco recordaron que hubiera una resolución del organismo autorizando el inicio de obras con este reconocimiento hacia el tercero interesado (en este caso San Rafael), lo cual es coherente con el Régimen de Acceso Abierto. Esta circunstancia de una resolución que autoriza el inicio de obras apartándose del Régimen de Acceso Abierto permite caracterizar este caso como excepcional”, agregó queriendo exponer a Vicente Serra, Griselda Lambertini y Sergio Falzone, los tres directores que votaron a favor.
Luego sostuvo que la nota enviada por el Enrege a Ecogas es “inadecuada e inconveniente porque se solicita a la distribuidora que acredite haber implementado un procedimiento, cuando no depende exclusivamente de ella sino que debe ser acordado con la MSR (Municipio de San Rafael), otorgando potestades que no corresponden dentro del marco normativo vigente, y requiriéndose esa acreditación en forma previa a que la distribuidora otorgue factibilidades”.
Por último, el primer vocal del Enrege sostiene que la posición del ente viola el principio de acceso abierto al gas natural y menoscaba los objetivos del Estado Nacional como aportante principal de la obra.
La respuesta del vicepresidente del Enrege
La crítica de Nachon forzó al vicepresidente del Enrege, Vicente Serra, a responder a través de una carta que también fue inserta en el acta de la última reunión de directorio. Lo que argumenta Serra es que Nachon parte de una “premisa falsa” como ser considerar que el derecho reconocido a la Municipalidad de San Rafael respecto de la capacidad resultante debe limitarse proporcionalmente al porcentaje de recursos propios aportados por ese municipio. “Dicha regla de proporcionalidad no surge del Convenio Marco, de sus Adendas, de la naturaleza jurídica del aporte no reintegrable ni del artículo 10 de la resolución Enargas N° 70/21”, respondió.
Luego agrega que cuando esa resolución 70 hace referencia al “aporte respectivo” del municipio “refiere al recurso que obtenía San Rafael en ese momento (el aporte no reembolsable)”. Es decir, a la totalidad de los fondos que le giró la Nación y no a lo que eventualmente terminó aportando San Rafael como recurso propio para terminar la construcción. “Por lo tanto, incorporar una distribución porcentual de la capacidad según el origen económico de los fondos implica introducir una condición que el acto administrativo vigente no estableció nunca, mediante ningún documento de vinculación jurídica”, agrega.
Serra sostiene que no se encuentra cuestionado el hecho de que la obra haya tenido como finalidad mejorar las condiciones generales del sistema y producir beneficios sobre distintas localidades. “Sin embargo, el beneficio técnico derivado de una infraestructura no convierte automáticamente a todos sus beneficiarios indirectos en titulares jurídicos de derechos sobre la capacidad incremental.El Convenio Marco y los instrumentos posteriores identificaron una relación jurídica concreta: Secretaría de Energía de la Nación – Municipalidad de San Rafael. General Alvear no fue parte contractual, no recibió fondos, no asumió obligaciones de ejecución, no debió rendir cuentas ante la Secretaría de Energía ni asumió responsabilidad alguna vinculada con la culminación del proyecto”, subrayó.
Serra dice que “la Secretaría de Energía no ejecutó directamente una obra pública nacional ni contrató una obra en beneficio de distintos municipios. El mecanismo utilizado fue un aporte no reintegrable otorgado a un sujeto determinado -la Municipalidad de San Rafael- bajo obligaciones específicas de aplicación, ejecución y rendición”.
Luego agrega que, si la voluntad del gobierno nacional hubiera querido transformar ese aporte no en una participación económica divisible sobre la capacidad futura generada, podría haberlo hecho celebrando convenios con otros municipios, estableciendo obligaciones concurrentes, determinando porcentajes de participación o reservando derechos sobre capacidad futura, pero nada de eso no ocurrió.
“Durante más de veinte años, los aportes no reintegrables otorgados por el Estado Nacional han sido instrumentados atendiendo al sujeto beneficiario del aporte y responsable de su cumplimiento, no generando derechos autónomos en cabeza de terceros indirectamente beneficiados por la finalidad pública perseguida. Interpretar lo contrario implicaría desnaturalizar la figura del aporte no reintegrable y modificar retroactivamente la lógica administrativa bajo la cual fueron ejecutados numerosos proyectos, que le constan al organismo”, remarcó.
Por último, Serra insiste con que Ecogas deben acordar con el municipio de San Rafael un procedimiento para el otorgamiento de factibilidades ya que “cualquier consideración en contrario a lo establecido en el presente representaría un enriquecimiento sin causa tanto para la distribuidora como para terceros ajenos al municipio de San Rafael”.
