El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) quiere que las empresas incrementen la inversión para ampliar la cobertura del servicio de gas natural. A fines del mes pasado sometió a consulta pública una modificación del método de cálculo para la realización de obras de expansión del servicio con la intención de que sean las distribuidoras las que a partir de ahora tengan mayor protagonismo. La decisión se toma luego de varias décadas donde la red creció relativamente poco por el atraso tarifario y la falta de producción de gas necesaria para poder hacer frente a una mayor demanda. El desarrollo de gas en Vaca Muerta, que asegura el suministro del fluido a largo plazo, cambió radicalmente ese paradigma. Hoy la oferta de gas es creciente y permite edificar, por un lado, un proyecto de exportación de GNL y al mismo tiempo expandir el consumo doméstico del hidrocarburo.

La Ley 24.076 que regula el servicio de gas natural por redes establece en su artículo 16 que, si una obra de expansión no puede ser satisfecha por razones económicas, la distribuidora le debe informar al cliente el monto de la inversión que deberá realizar para acceder al servicio. La resolución I910/09 es la que establece actualmente cuáles son los criterios técnicos para calcular si una obra de expansión es o no rentable para la distribuidora. Esa norma es la que ahora busca modificar el Enargas con la propuesta incorporada en la resolución 778/25 del 21 de octubre.

Déficit de infraestructura

El Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento comparó hace un tiempo las cifras de hogares sin gas natural del Área Metropolitana de Buenos Aires surgidas del censo 2022 con las de los censos de 2001 y 2010. El resultado muestra que no solo no mejoró el porcentaje de hogares con cobertura de gas natural, sino que incluso empeoró. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en 2001 solo el 2,9% de los hogares no tenía acceso a la red de gas natural y en 2022 ese porcentaje se elevó al 21,5%. En los 24 distritos del conurbano, en el mismo período los hogares sin gas natural treparon de 35,8% a 41,0%. En los últimos años, no ha habido variaciones significativas.

Si bien no es la única causa, el atraso tarifario ha sido determinante para explicar el freno en la expansión de la red de gas natural. Metrogas mostró en una audiencia realizada en mayo de este año que desde que obtuvo la concesión en 1992 invirtió US$ 36 millones por año en promedio, pero entre 1993 y 2001 el promedio anual de inversión fue de 55,4 millones y entre 2002 y 2016, período en el que el valor de las tarifas se redujo a su mínima expresión por decisión de los gobiernos kirchneristas, la inversión retrocedió hasta los US$ 20,8 millones por año en promedio. Entre 2017 y 2019, la inversión anual se recuperó hasta alcanzar los US$ 63 millones anuales por año, de la mano de los aumentos tarifarios que aplicó el macrismo, y entre 2020 y 2024 esa inversión volvió a caer promediando US$ 28,6 millones por año.

En ese escenario de falta de recursos, la resolución I910/09 de Enargas servía para justificar por qué las distribuidoras no estaban en condiciones de realizar muchas de las obras de expansión solicitadas.

Ahora, en cambio, las tarifas que perciben las empresas mejoraron sustancialmente. Además, el desarrollo de Vaca Muerta permitió una expansión significativa de la producción y las perspectivas son todavía mejores. Por lo tanto, Enargas busca introducir cambios en el método de cálculo de las obras para que en este nuevo contexto las empresas se pongan al frente de la realización de obras de expansión del servicio.  

Los cambios

En la resolución 778/25, el organismo regulador propone dos cambios sustanciales.

Por un lado, la evaluación de los proyectos de inversión se deberá realizar considerando un horizonte de 5 años y no todo el plazo de la concesión. El objetivo es que para el cálculo del flujo de fondos necesario para determinar la rentabilidad de cada proyecto se tome como referencia el plazo de vigencia de la Revisión Quinquenal Tarifaria.

El otro cambio tiene que ver con la metodología para determinar los costos de la obra de expansión. Hasta ahora, para considerar los costos se tomaba el promedio general de costos de la distribuidora, pero la intención del gobierno es reemplazar ese costo medio por un costo marginal, entendido como lo que va a demandar puntualmente esa expansión.

En la gran mayoría de los casos el costo marginal es menor que el costo medio. Por lo tanto, el presupuesto de la obra va a bajar. De ese modo, va a haber más proyectos que van a ser técnicamente viables para las distribuidoras y que van a tener que encarar sin trasladarle esa responsabilidad a un tercero.

Además, ese costo marginal va a tener como tope un promedio de los costos marginales de todas las distribuidoras. Las empresas sostienen que esa decisión es polémica porque ese tope no refleja sus costos reales, pero lo que busca Enargas es forzar a las firmas más ineficientes a mejorar su desempeño.

“Una de las grandes críticas que se les hacen a las distribuidoras es que no llegaron a todas partes porque no hicieron las obras que tendrían que haber hecho, pero la realidad es que no recibían la tarifa adecuada para hacerlas. Es muy fácil cuestionar las distribuidoras por no hacer obras cuando la tarifa no alcanzaba para financiarlas. Ahora, en cambio, las tarifas se recompusieron y el objetivo de esta medida es modificar los incentivos para que las obras las hagan las distribuidoras”, aseguró a EconoJournal una fuente conocedora de la industria.  

Enargas había establecido en la resolución 778/25 un plazo de 15 días hábiles para que los interesados efectúen sus comentarios y observaciones, pero a pedido de las empresas este lunes extendió ese plazo por otros diez días hábiles. No obstante, en la norma se aclara que esos comentarios y sugerencias “no tendrán carácter vinculante para esta Autoridad Regulatoria”. La intención del gobierno es que la nueva norma entre en vigencia a partir del año próximo.