La confirmación por parte de la Secretaría de Energía de que el gobierno avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), tal como reveló EconoJournal en exclusiva, despertó inquietud en la comunidad nuclear. Hay dudas sobre la viabilidad de la iniciativa y preocupación porque el borrador del decreto prevé además que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) transfiera las acciones que posee sobre la empresa generadora nuclear. De ese modo, el organismo científico nuclear perdería su silla en el directorio de la compañía e influencia en la política sectorial.
Energía confirmó que se pondrá a la venta el 44% de las acciones de la compañía y otro 5% quedaría en manos de las organizaciones gremiales a través de un Programa de Propiedad Participada. El Estado mantendría así el 51% restante.
El decreto, que sigue sin publicarse en el boletín oficial, instruye a la CNEA a entregar el 20% de las acciones que posee en la generadora estatal. Lo mismo debe hacer la empresa estatal Enarsa, que posee un 1%. El 79% restante se encuentra en manos del Ministerio de Economía.
Inquietud
La noticia de la privatización parcial generó inquietud en la comunidad nuclear. En lo que respecta a la CNEA, el tema de la posible transferencia de las acciones escaló internamente debido a la posibilidad de perder la silla que tiene en el directorio de Nucleoeléctrica. Esa posición la ocupa actualmente el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, que es vicepresidente de la empresa generadora.
Sobre la tarde del viernes, comenzaron a circular versiones al interior del organismo sobre un expediente que indica que la CNEA seguirá teniendo el 20% de las acciones, lo que supondría una modificación del decreto inicialmente redactado. Desde la CNEA declinaron realizar comentarios ante una consulta de EconoJournal.
Entidades gremiales del sector como ATE-CNEA y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) rechazaron la privatización parcial de NA-SA. «Este intento de privatización se da como parte de una reducción sostenida de los salarios del sector, desfinanciamiento de proyectos y una incesante reducción de la planta especializada», criticó APCNEAN en un comunicado.
El ex vicepresidente de la CNEA, Diego Hurtado, también cuestionó la posible transferencia de las acciones. «Es otra vez ir sobre los activos estratégicos de la CNEA, lo cual responde a una matriz de concepción del plan nuclear como sector de rentabilidad y no como un sector estratégico», dijo Hurtado consultado por este medio.
Rechazos y dudas
La iniciativa de privatización de Nucleoelećtrica generó diversas opiniones desde que fuera incluida en la Ley de Bases, que oscilan entre los rechazos de plano a la apertura de las centrales nucleares al capital privado y dudas en torno al proceso.
La decisión del gobierno de avanzar en la venta provocó esta semana reacciones de la oposición en el Congreso. Representantes de los bloques del peronismo en las dos Cámaras firmaron proyectos de ley que buscan bloquear la privatización parcial. Por otro lado, la diputada nacional de Fuerza Patria, Agustina Propato, presentó un pedido de informes.
La idea de abrir las empresas del sector nuclear al capital privado también encuentra respaldos en el sector, aunque priman las dudas sobre la efectividad de las iniciativas. El ex subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, resaltó un problema de base en el enfoque del gobierno respecto a la venta de Nucleoeléctrica.
«No estoy en contra de la privatización de Nucleoeléctrica. Es una empresa comercial que vende energía. Pero la Ley de Bases impone un límite, que es que solo se puede privatizar el 49% y sin entregar el control. A mi me cuesta ver porqué alguien va a estar interesado en comprar una empresa que no puede controlar, que tiene una central parada por extensión de vida y que tiene una tarifa que depende de una resolución de la Secretaría de Energía», dijo Gadano en la última emisión de Dínamo – Charlas de Energía, la propuesta audiovisual de EconoJournal.
En cambio, Gadano ponderó como positivo que la reforma eléctrica impulsada por el gobierno a partir de la modificación de la ley 24.065 habilitó a Nucleoeléctrica a disponer de las ganancias que genere. «»El artículo 37 le impide a las empresas energéticas públicas repartir utilidades. Aplaudo que el gobierno haya sacado a NA-SA del artículo 37 porque no podés privatizar algo que no puede repartir utilidades», evaluó.
