El gobierno de Javier Milei tiene listo el decreto para avanzar con la privatización del 49% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la firma que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. Según la norma de nueve artículos, a la que accedió en exclusiva EconoJournal, un 44% se pondrá a la venta en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante se les otorgará a los trabajadores a través de la organización de un Programa de Propiedad Participada. De este modo, el Estado Nacional conservará el control de este activo estratégico, aun si la venta finalmente se concreta.

Se avanzará solo con la privatización del 49% porque la Ley de Bases 27.742 que declaró a la compañía “sujeta a privatización” en su artículo 8 aclara expresamente que el Estado Nacional debe “mantener el control o la participación mayoritaria del capital social”.

Además, la norma aclara que se deberá requerir el voto afirmativo del Estado Nacional para la toma de decisiones que signifiquen:

 a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica; y

c) La incorporación de accionistas en la Sociedad que le otorguen el control en los términos del artículo 33 de la ley 19.550, Ley General de Sociedades.

El 79% de las acciones de NA-SA están actualmente en poder del Ministerio de Economía, otro 20% lo tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% restante pertenece a Enarsa. Por lo tanto, antes de avanzar con la venta el decreto ordena a la CNEA transferirle su 20% a la Secretaría de Energía de la Nación y lo mismo le exige a Enarsa con el 1% que tiene en su poder. Además, instruye a NA.SA, conducida por Demián Reidel, a transferir en el plazo de 60 días el 0,01% del capital accionario de Enarsa.

Una vez que se concreten esas transferencias, el Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, dictará las normas operativas y complementarias para concretar la venta, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que conduce Diego Martín Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien llegó al Estado con el mandato explícito de impulsar procesos de privatización, reestructuración y reorganización de empresas estatales.

A diferencia de otras empresas controladas por el Estado, NA-SA no tiene déficit sino superávit. En el primer trimestre de este año declaró ganancias por $17.234 millones de pesos.

El aporte de NA-SA

La potencia instalada de las tres centrales nucleares que controla NA-SA es de 1763 MW, un 4,1% de la potencia bruta total instalada en el país a diciembre de 2024. No obstante, el año pasado el porcentaje de energía generada por NA-SA trepó al 7,35% del total aportado al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI). Eso se explica por el factor de capacidad. Las centrales nucleares suelen funcionar de manera más constante y con menos paradas que otras tecnologías, como las centrales hidráulicas, que están sujetas al caudal de los ríos, o las renovables, que dependen del viento y el sol.

Este año el aporte de la energía nuclear será menor porque Atucha I salió de servicio por 20 meses el pasado 29 de septiembre de 2024 para concretar su proyecto de extensión de vida por 20 años. La inversión prevista es de US$ 700 millones e incluirá no solo la extensión de vida sino también la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II.

El intento frustrado de venta

No es la primera que se intentan privatizar las centrales nucleares. En septiembre de 1994 el presidente Carlos Menem desmembró la CNEA al reducir su tarea a la investigación y el desarrollo, quitándole el manejo de la producción de electricidad y la función de vigilancia y resguardo de la seguridad. A través del decreto 1540/94 constituyó Nucleoléctrica Argentina S.A., la cual quedó a cargo de Atucha I, de Embalse y de la terminación de Atucha II. Al mismo tiempo, inició el proceso de privatización total de dicha sociedad. También creó un Ente Nacional Regulador Nuclear para hacerse cargo de temas sensibles como la seguridad radiológica y nuclear, la protección física y el control de los materiales nucleares, el licenciamiento y fiscalización de instalaciones y las salvaguardias internacionales.

El plan había sido diseñado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y su secretario de Energía Carlos Bastos. El objetivo principal era recortar de manera brutal el presupuesto de 1000 millones de dólares que en aquel momento tenía la CNEA y a la vez hacer caja con la venta de las centrales. Sin embargo, la iniciativa fracasó por la resistencia sindical y política y el escaso interés de los privados, quienes consideraban que la rentabilidad que podían llegar a obtener era baja y los riesgos asociados a la gestión de las centrales muy altos.