La suba de tasas de interés aplicada por el gobierno para contener el alza del dólar y de la inflación en la antesala de las elecciones —Economía convalidó la semana pasada licitaciones del Tesoro con rendimientos anuales superiores al 70%, muy por arriba del IPC estimado en 2025— tuvo un efecto nocivo sobre la cadena de pagos hacia adentro del sector eléctrico. Desde el Departamento de Finanzas de Cammesa, la compañía mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que es controlada por el Ejecutivo, advirtieron a la Secretaría de Energía que el aumento de la tasas restringió al máximo el funcionamiento de los mercados secundarios donde Cammesa canjea o cambia —aceptando un descuento— los cheques diferidos (a 30 o 60 días) que le entregan distribuidoras eléctricas —principalmente Edenor y Edesur— para abonar la transacción económica mensual por la compra de energía en el MEM.
El problema es que, por la suba de tasas y de los encajes bancarios, los bancos dejaron de descontar cheques en los mercados secundarios o, en el mejor de los casos, para hacerlo piden tasas exorbitantes, imposibles de avalar para Cammesa.
La génesis del problema arrancó desde hace unos dos meses atrás, pero en las últimas semanas trascendió las fronteras del área energética porque el flujo de cheques diferidos en poder de Cammesa ya superaría los $ 120.000 millones (casi unos 100 millones de dólares), según indicaron fuentes privadas a EconoJournal. En un despacho oficial relativizan esa cifra. Pero lo concreto es que la situación generó preocupación en el equipo económico que lidera el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo. Sucede que, en el margen, si el monto de dinero congelado o inutilizable en poder de Cammesa sigue aumentando, el gobierno debería cubrir ese bache con transferencias directas del Tesoro para mantener la cobrabilidad de la cadena de pagos en el mercado eléctrico.
Reunión de Directorio
Para evitar ese escenario, la titular de la cartera energética, María Tettamanti, participó de la última reunión de Directorio de Cammesa, realizada hace 10 días, de la que participan empresas generadoras —como Central Puerto, Pampa, MSU, AESA, Genneia e YPF Luz—, transportistas, grandes usuarios industriales y distribuidoras, incluyendo a Edenor y Edesur, las únicas dos que permanecen bajo control del Estado nacional, y otras distribuidoras del interior.
La funcionaria planteó a las distribuidoras la necesidad de restringir el pago de la transacción mensual de Cammesa con cheques diferidos. Y se llegó a un acuerdo para que las distribuidoras se comprometan a cumplir un sendero decreciente de formal tal que en agosto paguen no más del 60% de la factura de Cammesa con cheques diferidos; en septiembre, un 55%, y en octubre, un 50 por ciento.
Lo que está claro es que el problema se explica centralmente por el aumento de las tasas de interés. En abril y mayo, las distribuidoras pagaron hasta un 75% de sus obligaciones con el mercado mayorista utilizando cheques y Cammesa no tuvo mayores problemas para descontarlos en el sistema financiero y hacerse de los pesos para pagarles a generadores y transportistas. Todo cambió en los últimos 45 días cuando la presión sobre el tipo de cambio obligó al gobierno a reforzar instrumentos de política monetaria para neutralizar la escalada de la divisa norteamericana.
Problemas de fondo
En la Secretaría de Energía entienden, a su vez, que no están en condiciones de exigir que las dos grandes distribuidoras del AMBA paguen en efectivo toda la transacción mensual de Cammesa, como hacen varias distribuidoras del interior. Saben que por instrucción de Economía y con el objetivo de moderar al máximo el impacto inflacionario de la medida, el aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) autorizado por el ENRE en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) que se cerró en el primer semestre fue bastante más modesto que la suba tarifaria que habilitaron la mayoría de las provincias. En esa clave, en enero de este año, el ENRE redujo discrecionalmente casi un 40% la tasa de rentabilidad (WACC, por sus siglas en inglés) de Edenor y Edesur. Además, ambas empresas firmaron en los últimos 30 días acuerdos con Cammesa para regularizar deudas acumuladas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Por ese motivo, allegados a ambas compañías advirtieron que su flujo de ingresos no alcanza para cubrir en efectivo el 100% de los vencimientos de Cammesa. Edenor incluso emitió un bono en las últimas dos semanas por $ 22.000 millones en el mercado local para transferir esos fondos a Cammesa. Será trabajo del nuevo interventor del ENRE, Marcelo Lamboglia, que asumió el cargo en agosto, determinar qué capacidad de pago real tienen las empresas. En cualquier caso, el área energética del gobierno está tratando de hacer un control de daños de una derivada impensada por la suba de tasas que no estaba en los planes.
