Las represas hidroeléctricas del Comahue deberían haber concluido el proceso de reprivatización durante este mes si el gobierno de Javier Milei cumplía con las fechas que inicialmente se había previsto. Sin embargo, aún no pudo presentar los pliegos que terminarán en la reconcesión de las represas. De hecho, este viernes el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 564 que otorga una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre para las concesiones de las represas del Comahue, un pulmón energético que representa el 25% de la generación hidroeléctrica del país. En rigor, la decisión de extender los plazos está ligada a las dificultades que encontró la Secretaría de Energía que dirige María Tettamanti para resolver un problema generado por el anterior titular del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, que diseñó un formato de reprivatización de alta complejidad burocrática que provocó demoras en el proceso.
El decreto publicado este viernes contempla que en los próximos meses la Secretaría de Energía lanzará una licitación para reprivatizar por 30 años las cinco centrales, que están ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en la provincia homónima y Río Negro.
Se trata de Piedra del Águila, cuya concesión está a cargo de Central Puerto; El Chocón y Arroyito (que conforman un tándem), operada por Enel; Alicurá, a cargo de AES Argentina; y la represa Cerros Colorados (Planicie Banderita), que la opera Orazul Energy. En conjunto, las centrales aportan 4.107 megawatt (MW) de potencia, un 13% del parque de generación total de la Argentina. La privatización de las represas se realizó en 1993 por un plazo de 30 años, que venció a mediados de 2023. Durante el nuevo período de prórroga hasta fin de año las concesionarias obtendrán el mismo precio por la energía que venían recibiendo.
Decreto y concesión
Formalmente, en el artículo 1 el decreto autorizó la transferencia de las acciones de las sociedades anónimas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, creadas bajo la gestión en la cartera energética de Eduardo Rodríguez Chirillo, para que pasen de Enarsa a la Secretaría de Energía. Además, el mismo artículo autorizó “la venta de las acciones integrantes del capital social de las empresas mencionadas” a través de un concurso pública nacional e internacional.
Es decir, ahora la cartera a cargo de Tettamanti tendrá que realizar un proceso de venta de las acciones a partir de una licitación. Para esto, Enarsa tuvo que realizar un informe detallado y la Agencia de Transformación Pública, organismo creado en 2024 para dinamizar las privatizaciones de empresas del Estado, tuvo que involucrarse en el proceso de las represas.
“La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, en coordinación con la Secretaría de Energía, deberían llamar a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario de cada una de las nuevas sociedades constituidas para la generación de energía eléctrica en cada uno de los complejos hidroeléctricos que les fueron adjudicados mediante el Decreto 718/24”, señala el texto publicado este viernes.
En rigor, el contrato de concesión original concluyó en 2023, pero el proceso de renovación de las concesiones de las represas tiene un atraso de dos años. Las demoras se arrastran de la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y a partir de la creación de las sociedades anónimas por parte de Rodríguez Chirillo, que impidió realizar directamente una nueva concesión.
En el medio también hubo idas y vueltas entre el gobierno nacional y los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, de Río Negro y Neuquén respectivamente, que querían obtener mayores beneficios argumentando que el agua les corresponde a las provincias y que finalmente terminaron acordando el pago de un 1% de canon por el uso del recurso hídrico.
El decreto, además, aclara que la extensión de las concesiones tendrá “como fecha máxima hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive o bien, hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional a través del cual se venderán las acciones de las nuevas sociedades, lo que ocurra primero”.
Además, remarca que si alguna de las compañías “no adhieran a continuar operando los respectivos complejos que forman parte de la concesión, resulta necesario establecer un plazo de 90 días hábiles administrativos con el fin de que el Estado Nacional adopte los recaudos necesarios para asegurar el normal desarrollo de la actividad en cuestión y así garantizar la continuidad operativa del sistema y la confiabilidad del suministro eléctrico”.
Nuevas concesiones
El modelo de negocios que prevé establecer el área energética del gobierno para las represas del Comahue contempla cambios respecto a las concesiones actuales. Tal como publicó EconoJournal en abril, el pliego licitatorio que el gobierno tendría listo para reprivatizar por 30 años las cinco centrales contempla que, durante los primeros dos años, un 95% de la energía generada se utilizará para cubrir la demanda prioritaria residencial de energía.
Los nuevos concesionarios recibirán por esa energía un precio diferencial cercano a los 15/20 dólares por MWh. El porcentaje restante, que se irá ampliando en el tiempo, se podrá vender a precio libre. Se espera una compulsa competitiva con participación de varios actores.
