Una denuncia del Sindicato de Petroleros de la Patagonia Austral ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Chubut alertó sobre una situación de tensión que involucra a la operadora Pecom Energía y a un conjunto de empresas de servicios que acusan a la petrolera de retener pagos, generando una situación que amenaza el pago de salarios, aguinaldos y la estabilidad laboral de trabajadores. Allegados a la operadora indicaron que están tratando de eficientizar la operación de campos maduros de Chubut de cara a garantizar la rentabilidad de la explotación convencional con precios del petróleo que cotizan por debajo de los 70 dólares y con costos en dólares un 30% más altos que los de 2024.

La situación en la Cuenca del Golfo es compleja por la caída de la inversión, con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo como consecuencia de la reestructuración productiva que atraviesa la producción convencional de gas y petróleo.

La empresa de energía del grupo Pérez Companc asumió en enero la titularidad como operador de la concesión Campamento Central – Cañadón Perdido en Chubut, luego de la aprobación formal por parte del gobierno provincial del acuerdo de salida de YPF. De esta manera, con la incorporación realizada en octubre de 2024 de “El Trébol-Escalante”, se completó la adquisición de las áreas adjudicadas la petrolera estatal que decidió el proceso de desinversión a través del Proyecto Andes.

Contexto

La situación de conflicto con Pecom se formalizó con la presentación del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, presentada por su Secretario General, José Llugdar, en una denuncia que incluye a las empresas San Antonio Internacional, Geovial, Talleres Integrales Patagónicos, SerPecom, SEIP, Montajes Industriales Obras y Servicios y Venver.

El gremio acusa a la compañía de retener la facturación de los trabajos realizados por esas empresas de servicios, en “una decisión unilateral que afecta directamente los puestos de trabajo jerárquicos” y que la operadora no habría cumplido con acuerdos previos, tomando medidas económicas sin el consentimiento de las partes. Fuentes cercanas a Pecom admitieron la situación, pero dejaron entrever que aspiran a que cada empresa de servicios se hagan cargo, en la medida de sus posibilidades y en función de sus capacidades financieras y operativas, de los costos asociados a la reestructuración operativa de la cuenca.

La advertencia gremial

Las empresas de servicios involucradas advierten que está en riesgo el pago de los salarios de junio de 2025 y el aguinaldo del primer semestre, que debería concretarse este viernes. El sindicato enfatiza que instruirá a los trabajadores jerárquicos a ejercer su derecho individual de retener servicios ante los incumplimientos contractuales de Pecom.

Uno de los mayores focos de conflicto que enfrenta Pecom involucra a San Antonio Internacional (SAI), una de las mayores empresas de equipos de torre (perforación, pulling y workover) del país. La operadora dio de baja uno de los tres contratos que YPF tenía con SAI y negoció en forma directa el pago de una indemnización —equivalente al 120% de lo que marca la Ley— para los trabajadores de la empresa de servicios. Pecom transfirió a SAI casi 4 millones de dólares para que la medida se efectivice antes de que entre en vigencia el acuerdo de paz social que se firmó el 9 de junio.

Cerca de SAI señalan que si la negociación por las desvinculaciones hubiese estado a su cargo el costo habría sido menor porque hubiesen aplicado el “Fallo Vizzotti», por el cual la Corte Suprema en 2004 limitó el tope indemnizatorio. La relación entre las dos compañías es compleja porque los dos contratos que continúan vigentes acumulan un atraso en la certificación de tareas. Esa demora perjudica a SAI y afecta la sostenibilidad de la caja justo en un mes en que hay que pagar el medio aguinal.

La situación no hace más que evidenciar el complejo escenario que atraviesa la actividad hidrocarburífera en la Cuenca, por el declino de actividad en los campos maduros y la migración de varias empresas de la provincia hacia las operaciones en el no convencional de Vaca Muerta.