El Ministerio de Economía, que dirige Luis ‘Toto’ Caputo, quiere retrotraer la ampliación aprobada en 2021 del Régimen de Zona Fría, el esquema que subsidia hasta un 50% del costo del gas natural para usuarios ubicados en áreas consideradas por el Estado de ‘bajas temperaturas’. Se trata de un esquema que cuando se creó, a principios de los ‘2000, subvencionaba la demanda del fluido en la Patagonia, una región indefectiblemente afectada por severas condiciones climatológicas, pero que durante el gobierno de Alberto Fernández se extendió —utilizando dudosos criterios técnicos— a la mitad de los usuarios residenciales de gas natural del país.
El régimen de Zona Fría no distingue el ingreso socioeconómico ni el poder adquisitivo del hogar beneficiado. De ese modo, tras la expansión del esquema en 2021 impulsado por el kirchnerismo, miles de personas de ingresos medio-altos de la zona núcleo con mayores ingresos del país —como por ejemplo el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y también Mendoza— reciben un subsidio importante al consumo de gas que se financia con una doble vía: a través de un recargo de casi un 7% en la factura de gas que pagan todo el resto de los usuarios —inclusive aquellos hogares de bajos recursos que terminan transfiriendo, a contramano de toda lógica redistributiva, parte de su renta a personas de mayores ingresos socioeconómicos—. Y por el otro, por medio de aportes directos del Tesoro Nacional, pese a que cuando se aprobó la ampliación del régimen referentes energéticos del kirchnerismo prometieron que no sería necesario que el Estado destine fondos de forma directa para financiar el funcionamiento del sistema. Este año, por caso, la operación del esquema de Zona Fría le costará al Tesoro unos US$ 300 millones durante todo 2025, según indicaron a este medio en un despacho oficial. En 2024 fue todavía más.
Corrección
Frente a ese escenario, distintas fuentes oficiales y privadas confirmaron a EconoJournal que el gobierno de Javier Milei está analizando los aspectos legales para dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que retrotraiga el funcionamiento del esquema de Zona Fría a la situación previa a la aprobación de la ley 27.637, aprobada en 2021, que amplió las subvenciones de 850.000 a 4.000.0000 de usuarios de gas natural, la mitad de los hogares del país, incluso llegando a zonas de la Argentina con clima templado.
«No hay una posición unánime en el área de Legales de todas las dependencias del Estado. Los abogados del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía creen que el régimen se podría modificar a través de un Decreto, pero aún resta que Presidencia dé luz verde», explicaron en una empresa gasífera. En el gobierno evalúan la vía del DNU porque saben que es complejo que la Ley 27.637 pueda revertirse en el Congreso, no tanto porque diputados y senadores no quieran corregir el sistema —buena parte de los legisladores de la Comisión de Energía de casi todo el arco político reconoce en reserva que el régimen de Zona Fría se desvirtuó post-ampliación de 2021—, sino porque los gobernadores no querrán pagar el costo político de votar una Ley que implique en la práctica un aumento de las tarifas de gas natural en sus provincias.
«Creo que los gobernadores preferirían que la Casa Rosada corrija el sistema a través de un Decreto para no tener protagonismo y esquivar el costo político», analizó el director de Asuntos Públicos de otra empresa.
La publicación del DNU, que podría implementarse después de las elecciones legislativas de octubre, modificaría los subsidios al consumo de gas a unos 3,1 millones de usuarios que ingresaron como beneficiarios con la ampliación del régimen de 2021. Se volvería, de esa manera, a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe. Desde el área energética del gobierno ya comenzaron a implementar medidas para ir eliminando el subsidio por “zonas frías”, como los usuarios titulares de más de un medidor.
Según un estudio realizado por la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, la ampliación del régimen de Zona Fría generó un efecto no deseado ya que el consumo unitario (por hogares) de gas natural se incrementó un 7% entre 2021 y 2024 en las regiones que se incorporaron al esquema en 2021, a la inversa de lo que sucedió en las provincias que quedaron por fuera del programa, donde la demanda unitaria del fluido cayó hasta un 9% en el mismo período.
DNU
A través de un decreto presidencial podría derogarse la Ley 27.627, que amplió el beneficio a gran parte de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Mendoza y casi la totalidad de San Luis.
“Si los abogados dicen que el DNU es sólido para derogar la ampliación de 2021, el gobierno lo va a hacer”, indicó una fuente del mercado. “Queremos reducir la ampliación y que solo quede el 50% del subsidio para la zona original patagónica”, remarcaron fuentes gubernamentales a EconoJournal.
Al principio de su gestión, el gobierno de Javier Milei intentó derogar la ley 27.637 mediante el proyecto de Ley Ómnibus. Finalmente retiró el apartado de Zona Fría por pedido de los gobernadores y la Ley Bases (primero conocida como Ley Ómnibus) se aprobó sin modificar el esquema de subsidios al consumo de gas natural.
Subsidios al consumo de gas
El Régimen original de Zona Fría abarcaba a 850.000 hogares y se financiaba a partir de un recargo de 4,46% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que pagaban el resto de los usuarios del país. Pero en 2021, el gobierno de Alberto Fernández impulsó la ampliación a 4 millones de beneficiarios.
En los hechos, la mitad de los usuarios del servicio de gas natural por red del país pasaron a recibir subsidios estatales. La ampliación implicó descuentos de 30% sobre la factura final de gas, pudiendo llegar al 50% si se trata de jubilados, receptores de AUH, pensiones, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.
Para financiar la fuerte incorporación de usuarios al régimen se aumentó el recargo a 5,4%, pero -incluso así- no fue suficiente para que el esquema de Zona Fría se autofinancie. En abril de este año el gobierno de Javier Milei llevó el recargo a 6% y el 2 de junio lo volvió a aumentar al 6,2%.
La intención de aumentar el recargo es reforzar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, uno de los pocos que el gobierno nacional no eliminó. Sin embargo, no alcanza para cubrir los costos del régimen de Zona Fría. En el gobierno estiman que el recargo en las facturas debería aumentar a 10% para que el esquema se autofinancie.
