En un contexto donde la atracción de inversiones y la generación de divisas ocupan un lugar central, el sector energético se consolida como motor del crecimiento argentino. Las expectativas son altas y hay consenso en que la actividad del Oil&Gas será preponderante para la economía. Sin embargo, puertas adentro, las PyMEs proveedoras atraviesan un valle de actividad con impacto directo en el empleo y en la sostenibilidad de la cadena de valor.

Según el relevamiento de octubre del GAPP, nuestro Monitoreo de Actividad de PyMEs Industriales Oil & Gas, el 67 % de las empresas opera por debajo del 75 % de su capacidad productiva y un 16 % lo hace por debajo del 50 %. El 31 % reportó despidos, un dato que en este segmento constituye siempre el último recurso. Detrás de eso hay una caída del 21 % interanual en la cantidad de equipos de perforación activos y una reconfiguración del mercado convencional que se tradujo en la abrupta baja de órdenes de compra.

Mientras se espera el impacto positivo de los proyectos de infraestructura del midstream y el desarrollo pleno de los yacimientos en la producción de petróleo y gas natural para los proyectos de exportación, resulta indispensable sostener el entramado industrial existente. Las PyMEs son el soporte real de Vaca Muerta, y requieren espacios y medidas que faciliten su articulación con operadoras y empresas de ingeniería y construcción de los proyectos, evitando que la seducción de importaciones chinas o plantas paquetizadas desplace las capacidad y el know-how industrial nacional.

Seguridad jurídica

De cara al nuevo Congreso que asumirá en diciembre, el desafío es brindarseguridad jurídica para el sector industrial, además de las operadoras, que resguarde las inversiones realizadas en los últimos diez años por las PyMEs que fabrican en Argentina lo que Vaca Muerta necesita.

El RIGI, tal como está planteado, genera asimetrías al favorecer importaciones sin contemplar los costos estructurales de la producción local. La cancha está inclinada y la competencia desleal asoma en el horizonte. Es que el costo argentino alcanza a toda la economía; por eso la seguridad jurídica no puede limitarse a los grandes jugadores. El RIGI, en la práctica, genera inseguridad jurídica para las PyMEs industriales, que emplean a más de 200.000 personas, sostienen el desarrollo tecnológico local y democratizan el derrame del impacto de Vaca Muerta a lo largo y ancho del país.

Medidas para acompañar el desarrollo

Desde el GAPP, proponemos tres medidas para revertir este escenario:

1. Financiamiento industrial competitivo: el acceso al crédito productivo prácticamente no existe para las PyMEs del sector. Es imprescindible crear líneas específicas para capital de trabajo, modernización e innovación tecnológica, con tasas racionales y horizontes de amortización compatibles con los plazos industriales. Estas herramientas deben vincularse al desarrollo de tecnología argentina, para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones con la oferta importada.

2. Alivio fiscal y simplificación tributaria: resulta urgente revisar impuestos distorsivos —como Ingresos Brutos— y establecer esquemas de beneficios claros aplicables a proyectos energéticos. La actual estructura fiscal encarece la producción local frente a bienes que ingresan al país sin los mismos costos, generando una brecha artificial de precios que debilita a la industria nacional.

3. Revisión del RIGI y fomento del equipamiento argentino: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, en su formato actual, concentra ventajas en los grandes actores y favorece la importación de bienes de capital, generando competencia desleal para las PyMEs locales. Se requieren mecanismos compensatorios para los proveedores nacionales —como los VPU— que reconozcan las diferencias de costos productivos y fiscales, y que premien la integración de tecnología argentina sin obstaculizar los proyectos estratégicos.

El sector energético puede ser puente al crecimiento y al empleo de alto valor agregado. Argentina tiene talento y capacidades industriales para hacerlo realidad. Lo que falta es un marco que reconozca ese valor y lo proyecte al futuro. El Congreso que viene tiene la oportunidad de construirlo.

(*) Director ejecutivo del Grupo Argentino de Proveedores de Petróleo.