El gobierno nacional eliminó un decreto que regulaba a las empresas que ofrecen servicios de trasbordo de combustibles y petróleo crudo de buque a buque, unas operaciones conocidas en la jerga de la industria como ‘ship to ship‘. La medida implica esencialmente un retroceso del país en relación con los estándares internacionales que se aplican sobre este tipo de operaciones. Solo entre Argentina y Uruguay hay por año unas 250 operaciones ship to ship.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico en la órbita del Ministerio de Economía, derogó el viernes primero de agosto la Disposición 21/2023 que establecia un régimen de habilitación específico para las empresas que realizan operaciones de transbordo de buque a buque en el ámbito fluvial, introduciendo requisitos y procedimientos que deben ser cumplidos por los operadores.

La Resolución 34/2025 que lleva la firma del director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, argumenta que la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley N° 25.675 de Política Ambiental Nacional «aseguran estándares de control ambiental adecuados sin necesidad de imponer requisitos adicionales para las operaciones de trasbordo», por lo que se deroga el régimen de habilitación de operadores establecido en 2023.

El procedimiento para que las empresas puedan obtener un certificado habilitante para brindar servicios ship to ship establecia una serie de requisitos y obligaciones, como acreditar la experiencia de la empresa en la prestación de servicios de trasbordo de hidrocarburos, habiendo intervenido en al menos 100 operaciones de alijo o completado de carga.

Retroceso en normativa internacional

Fuentes conocedoras de la industria indicaron a EconoJournal que la derogación del régimen habilitante implica esencialmente una vuelta al estado de situación previo al 2023, considerado como «sub estandar» en comparación con los estándares internacionales que regulan a las empresas que asisten en operaciones de trasbordo de hidrocarburos y combustibles.

Concretamente, el país contó hasta el 2023 con una normativa de Prefectura que regulaba y controlaba este tipo de operaciones, sin grandes problemas registrados, pero lejana a los estándares internacionales. La Disposición 21/2023 vino a poner al país en sintonía con los estándares que aplican países de la región como Uruguay y Brasil.