La negociación final entre Nación y las gobernación de Neuquén y Río Negro para allanar el proceso de reprivatización de las cinco represas del Comahue, ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, finalmente se destrabó con un acuerdo político que, entre otros puntos, permitirá que las dos provincias cobren un canon del 1% por el uso del agua (cada una).
La información fue asegurada a EconoJournal por fuentes privadas y cercanas al sector público ligadas al proceso de venta del paquete accionario del complejo Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita, centrales encargadas de producir el 25% de la energía hidroeléctrica de Argentina. Se espera que Nación publique los pliegos licitatorios en los próximos días.
El lanzamiento de la licitación estaba prevista para fines de abril, pero se dilató en la búsqueda de que los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck y el Ministerio de Economía -que encabeza Luis ‘Toto’ Caputo- pudieran encontrar una posición común que evite que las provincias impugnen políticamente el proceso de reprivatización. Lo que resta ahora es que el gobierno salve aspectos administrativos finlaes para hacer pública la licitación.
Antecedentes
Amparadas en el Artículo 124 de la Constitución que fue incorporado en la reforma de 1994, que transfirió a las provincias la propiedad de sus recursos naturales, Neuquén y Río Negro reclamaban una participación en el paquete accionario de las represas. La falta de un acuerdo sobre el rol que debían ocupar al vencerse los contratos de concesiones de las empresas que operan las centrales, llevó a sucesivas prórrogas durante los últimos dos años.
En el medio de esta puja, las dos provincias aprobaron leyes propias que regulan el uso del agua de los ríos para generación eléctrica y establecen el cobro de un canon hídrico. En el caso de Neuquén, se determinó un valor de US$ 0,0050 por metro cúbico utilizado. Río Negro, en cambio, dictó en su ley que los concesionarios deberán retribuirle un 5% del monto facturado en sus ventas al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Ninguna de las dos normas fue reglamentada.
Por su parte, la postura de Nación hasta entonces fue la de sostener que el monto de regalías era suficiente para considerar que las provincias recibían una retribución por el uso del agua, aunque luego les dio la posibilidad de aplicar un esquema por medio del cual podrán cobrar en ‘especie’ las regalías hidroeléctricas, fijadas en un 12% de la venta de la energía.
Nuevo modelo
En agosto del año pasado, el presidente Javier Milei le puso la firma al Decreto 718/2024 que echó por tierra cualquier participación accionaria de las provincias y ordenó a la Secretaría de Energía llamar a concurso público para la venta del paquete accionario. Además, estableció la transferencia de las acciones correspondientes a las empresas estatales Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoléctrica Argentina (Nasa), en consonancia con la transformación de las empresas del Estado dispuesta en la Ley Bases.
La decisión de Nación reconocía a las dos provincias a cobrar un 12% de regalías, pero las dejaba afuera de los activos de las empresas, algo que tiene correlato inmediato con el modelo de libre mercado que promulga el gobierno y con la reforma del Estado que implicó su retiro de varias empresas, entre ellas algunas energéticas como las represas.
Precio diferencial
Otro de los aspectos salientes de la nueva licitación tuvo que ver con el establecimiento de un precio diferencial para la energía, un dato que fue revelado por EconoJournal en abril pasado. La decisión de Economía finalmente fue la de establecer como condición a las empresas que se adjudiquen las represas estarán obligadas a vender durante los primeros dos años, un 95% de la energía producida para abastecer la demanda prioritaria o residencial. La licitación contempla, a su vez, que esa energía tendrá un precio diferencial que estará fijado por la Secretaría de Energía y que oscilaría entre los US$ 15 y 20 por megawatt hora (MWh), es decir, por debajo de la mitad del costo monómico que cotiza cerca de los 68 dólares.
En cambio, el 5% restante podrá comercializarse a precio libre en el Mercado a Término (MAT), recién a partir del último cuatrimestre del año. El pliego prevé que el porcentaje que los nuevos concesionarios puedan contractualizar libremente en el MAT aumentará en el tiempo: la cuota de ‘libre comercialización’ podría ampliarse un 10% adicional cada 12 o 24 meses.
La razón por la que la gestión de Milei decidió avanzar en este modelo tiene que ver con evitar una disparada en los precio de la energía eléctrica que se plasme luego en las facturas de luz que reciben los hogares o que el Estado nacional deba desembolsar una masa más alta de subsidios energéticos.
