“Es fundamental destacar que esta propuesta no requiere de aportes del Tesoro Nacional. Se autofinancia”, aseguró el 7 de junio de 2021 en la Cámara de Diputados el entonces interventor de Enargas, Federico Bernal, cuando fue a defender el proyecto de ampliación del Régimen de Zonas Frías. El funcionario aseguró en ese momento que el subsidio a los 850 mil hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe se financiaba con un recargo de 4,46% pagado por los usuarios del resto del país y que la ampliación a otros 3,1 millones de hogares se iba a poder solventar elevando ese recargo a 5,4% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte.

Desde la oposición remarcaron que no había cálculo matemático capaz de respaldar esa afirmación, pero el proyecto igual se aprobó. Como era de esperar, la ampliación no se financió con ese recargo y en la actualidad es el Tesoro el que pone la diferencia. El gobierno elevó este martes el recargo de 5,4% a 6% para reducir el aporte del erario público, pero fuentes oficiales destacaron a EconoJournal que deberían aumentarlo a 10% para que se autofinancie como había prometido Bernal.

El régimen de “zonas frías” alcanzaba en 2021 a 79 departamentos distribuidos en 10 provincias y luego de la ampliación terminó abarcando a 230 departamentos de 14 provincias. La ley 27.637 sumó a gran parte de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Mendoza y casi la totalidad de San Luis. Algunas de esas zonas se caracterizan por sus climas templados, importantes niveles de actividad económica y una media/alta densidad poblacional.

Desde entonces, los 4 millones de hogares beneficiados obtienen descuentos de 30% sobre la factura final, pudiendo llegar al 50% si son jubilados, receptores de AUH, pensiones, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

Un dato que pasó relativamente desapercibido fue que dicha norma incorporó también en su artículo 4 como potenciales beneficiarios a localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy que en el futuro sean abastecidas con gas natural o gas licuado de petróleo de uso domiciliario, las cuales deberán recibir el beneficio a partir de ese momento en forma automática.

Un régimen desnaturalizado

La ampliación desnaturalizó el régimen original que había sido diseñado para beneficiar fundamentalmente a la Patagonia no solo en base al rigor climático imperante en esa región, sino también tomando en cuenta motivos de orden socioeconómicos y geopolíticos.

La sustentabilidad de ese sistema de zona fría ampliado, que, pese a lo dicho por Bernal, no se autofinanciaba ni siquiera en sus inicios, empeoró significativamente luego de la aprobación de la ley 27.637 porque, como destacó la consultora Economía y Energía, el consumo unitario (por hogares) de gas natural se incrementó un 7% entre 2021 y 2024 en las regiones que se incorporaron al régimen, mientras que en las provincias que quedaron fuera del programa la demanda unitaria del fluido cayó hasta un 9% en el mismo período.

“Con la creciente concentración de los beneficiarios en las provincias más favorecidas económicamente y la persistente falta de un enfoque sostenible en el consumo de gas, el Régimen de Zona Fría parece estar en una encrucijada que exige una revisión profunda para garantizar que el beneficio sea justo y eficiente para todos los sectores del país”, cuestionó el informe. “Hoy el alcance de este instrumento es de un 49% de los usuarios argentinos, incluyendo a la zona con el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita más alto del país”, precisó Nicolás Arceo, titular de la consultora, al ser consultado por el informe en la última emisión de Dínamo.

El gobierno busca modificar este régimen que desvirtuó el esquema original y en la actualidad beneficia incluso a hogares de altos ingresos de zonas ricas del país. Sin embargo, al haber sido aprobado por ley resulta difícil que los legisladores convaliden una marcha atrás y menos en un período electoral. Por lo tanto, lo que se decidió es comenzar e incrementar el recargo.

¿Qué es el Fondo Patagónico?

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, conocido como Fondo Patagónico, fue creado por la ley 25.565, ley de Presupuesto 2002, con la intención de compensar las tarifas de gas natural de la región patagónica y el departamento mendocino de Malargüe. Al año siguiente se sumó la región de la Puna. Además, subsidia la venta de cilindros, garrafas de GLP y gas propano comercializado a granel en las mismas zonas.

El Fondo se financia con un recargo que pagan los usuarios del resto del país y las distribuidoras transfieren al productor que opera como agente de retención. La ley 25.565 establece en su artículo 75 que ese recargo puede ser de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte, por cada m3 de 9.300 kilocalorias y se aplica a la totalidad de los metros cúbicos consumidos y/o comercializados por redes. No obstante, la ley 27.637 modificó en su artículo 2 el cuarto párrafo de ese artículo 75 autorizando al Poder Ejecutivo a aumentar o disminuir hasta un 50% el porcentaje tope de recargo. Por lo tanto, en la actualidad podría ser subido hasta un 11,25%.

En mayo de 2002 el valor del recargo se fijó en 0,004 pesos por m3 a través del decreto 786/2002 y se precisó que dicho valor sería establecido por el Ministerio de Economía a propuesta del Enargas. En noviembre de 2017 el Ministerio de Energía fijó el recargo en 2,58% a través de la resolución 474/17 con el objetivo de que dicho fondo pudiera financiar la totalidad del costo de las tarifas diferenciales.

En septiembre de 2018 se volvió a actualizar ese valor y se lo llevó a 2,96% a través de la resolución 14/218. En mayo de 2019 el Enargas estimó que era necesario elevar ese porcentaje al 4,46% para garantizar el normal financiamiento del fondo y la Secretaría de Energía convalidó ese nuevo porcentaje a través de la resolución 312/19. En junio de 2021 la ley 27.637 subió el porcentaje al 5,4% y ahora el gobierno de Javier Milei lo elevó a 6% a través de la resolución 356/2025.