La Secretaría de Energía está terminando de pulir la resolución para poner en marcha el “Programa de Emergencia Verano 2024/2025”, con el cual pretende gestionar el pico de la demanda de energía por altas temperaturas entre diciembre y marzo del próximo año. El objetivo es reducir las posibilidades de que el Poder Ejecutivo tenga que implementar cortes programados de energía para usuarios residenciales, industriales y comerciales. La medida se publicará en breve en el Boletín Oficial.

EconoJournal accedió al borrador, que pone el foco en tres aspectos centrales: remunerar a la generación de máquinas viejas, una compensación económica en dólares a los grandes usuarios que acepten dejar de consumir durante las olas de calor y el despliegue de generadores móviles en el Gran Buenos Aires.

El borrador tiene 20 páginas y 8 artículos que pretenden coordinar acciones en los segmentos de generación, transporte y distribución para paliar la falta de energía, luego de que Cammesa advirtiera en junio que la generación eléctrica no alcanzará para cubrir los picos de demanda y habrá cortes masivos de energía en el país, tal como publicó en julio en exclusiva EconoJournal.

Generación e importación

En el artículo dos de la resolución se resalta la gestión de la importación de electricidad de Brasil, clave en el plan del gobierno. “Obtener la importación de energía y potencia de Brasil en horas de elevada exigencia de días críticos que oportunamente definirá Cammesa, y crucialmente en horas picos, en condiciones firmes”, señala.

Fuentes oficiales explicaron que el horario crítico en las olas de calor será entre las 12 y las 17 de los días hábiles. El gobierno apunta a garantizarse 2.200 MW de energía hidroeléctrica importada del país vecino.

El mismo artículo explicita que la cartera de Rodríguez Chirillo intentará acordar con Paraguay para “ejercer el derecho preferente de adquisición de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo, con el objeto de ampliar la disponibilidad de energía cedida que actualmente tiene la Argentina del Complejo Hidroeléctrico Yacyretá”.

La represa binacional formalmente reparte la energía en partes iguales entre ambos países. Desde hace años, la Argentina toma alrededor de dos tercios de la generación de Yacyretá, pero acumuló una deuda de más de US$ 110 millones con Paraguay. Un dato que complica a la Argentina es que en el último tiempo el país vecino está tomando la mitad de la generación que le corresponde de la hidroeléctrica.

Además, la Secretaría de Energía promoverá intercambios (swaps) energéticos con los países de la región, “incluyendo operaciones de gas natural, energía eléctrica y combustibles líquidos, con el objeto de minimizar los riesgos de abastecimiento en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”.

También, se buscará “incorporar un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional en base a potencia (fijos) y generación (variables) que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmicas en meses y horas críticas, con vigencia desde diciembre de 2024 a agosto de 2027”. No queda claro por qué la duración de este punto es por casi tres años cuando el plan de emergencia es para este verano.

Otra medida implica que Cammesa implemente un “procedimiento de despacho de carácter Excepcional” que “podrá incluir la posibilidad de reservar el despacho de las horas de operación remanentes de aquellas unidades que se encuentren próximas a finalizar su vida útil para permitir su aprovechamiento durante los momentos de máxima exigencia del sistema”.

Transporte

El artículo tres apunta al segmento de transporte y promueve modificaciones regulatorias para facilitar inversiones en líneas de transmisión. Para esto, se instruirá a la Subsecretaría de Energía Eléctrica a implementar un plan con los concesionarios de alta tensión y de distribución troncal, principalmente de nodos críticos con sobrecarga, como es el Gran buenos Aires, para realizar mantenimiento “para evitar fallas y aliviar pérdidas”.

Además, el gobierno coordinará con Transener y el ENRE para “contar con la conexión de los transformadores de reserva cuando se requiera su uso, acordándose oportunamente la debida remuneración”.

El ente regulador deberá informar dentro de los 15 días -luego de publicarse la resolución- cuáles son las obras en transporte eléctrico que se encuentran al 80% para “crear mecanismos que permitan su puesta en servicio comercial en el menor plazo posible”.

Distribución

El cuarto artículo instruye a las distribuidoras Edenor y Edesur (GBA) a que presenten en 15 días “un Programa de Atención de Contingencias ante situaciones de indisponibilidades en sus áreas de concesión”.

Al mismo tiempo, Edenor y Edesur deberán detallar las unidades generadoras móviles que prevén instalar para el verano con el objetivo de que Cammesa las incorpore a su despacho “estacional como mensual y semanal”. Las distribuidoras de todo el país también podrán declarar a Cammesa las unidades generadoras móviles disponibles, que se les reconocerá “solamente el costo variable incurrido en la producción de energía”.

Grandes usuarios

El quinto artículo habilita la creación de “un mecanismo de gestión de demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS), voluntario, programado y remunerado que permita contar con oferta de reducción de carga a precio”, que incluye una compensación económica.

Para las distribuidoras “que cuenten con medidores inteligentes instalados en sus redes y/u otro mecanismo que permita su adecuado control y fiscalización, se incluirán mecanismos que estimulen el ofrecimiento a Cammesa de reducciones programadas de cargas de sus usuarios no residenciales, la que será remunerada de acuerdo a su contribución de energía al sistema”.

El artículo seis crea un “Comité de Seguimiento” del plan de emergencia, que estará conformado por un integrante de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el ENRE, Cammesa, las distribuidoras y transportistas. En el artículo siete se invita a las provincias que también cuenten con una planificación de las unidades generadores móviles. El último artículo promueve un seguimiento sobre el uso racional de la energía en edificios públicos de jurisdicción nacional.