La televisión transmitía sólo de 19 a 23 horas, la primera función de los cines había sido suspendida al igual que los partidos de fútbol nocturnos, los bancos abrían de 8 a 12 horas, los viernes y los lunes había asueto administrativo, los trenes circulaban todos los días con la frecuencia del domingo y estaba prohibido utilizar la electricidad para iluminar vidrieras, marquesinas y letreros. Los cortes de luz en los hogares eran de al menos seis horas diarias y los bomberos se la pasaban rescatando gente atrapada en los ascensores. Todos esos recuerdos de fines de los 80 resurgieron esta semana como una pesadilla borrosa entre los que ya peinan canas cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no tuvo mejor idea que decir que el gobierno va a aplicar cortes programados de luz durante el verano.

El martes de la semana pasada el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, había negado en Bahía Blanca esa posibilidad ante la consulta de EconoJournal, pero el domingo Francos se enterró solo al asegurar que “va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte”. Un informe de Cammesa, publicado en exclusiva por este medio en julio, ya había anticipado que la generación eléctrica no alcanzará para cubrir los picos de demanda y habrá cortes masivos de energía en el país, pero por si alguno no se había enterado el jefe de Gabinete volvió a agitar ese fantasma en Radio Mitre y responsabilizó al kirchnerismo al afirmar que es consecuencia de “la falta de inversiones de los últimos años”. Eduardo Rodríguez Chirillo, el otro secretario de Energía que tiene el gobierno, buscó quitarle relevancia al tema este martes al decir que “los cortes programados serán solo a industrias”, pero el temor ya está instalado. A raíz de ello, EconoJournal decidió repasar aquella experiencia traumática que se vivió durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Los cortes programados de los 80

La crisis energética había activado las primeras alarmas en abril de 1988. El lunes 18, el gobierno empezó a aplicar cortes de luz rotativos en tres turnos de cinco horas. El secretario de Energía, Roberto Echarte, informó entonces que la medida se había tomado por el bajo caudal de los ríos que alimentaban a grandes represas, como El Chocón, Alicurá y Salto Grande, y porque las únicas centrales nucleares existentes en ese momento–Atucha y Embalse– se encontraban fuera de servicio. Además, la escasa disponibilidad del parque térmico (las centrales que queman combustibles) también generó complicaciones. Aquella serie de cortes concluyó el 2 de mayo de 1988, una vez que Atucha y Embalse comenzaron a operar de nuevo, pero el sistema eléctrico continuó entre algodones y luego los problemas se profundizaron.

El 15 de agosto, Atucha salió de servicio nuevamente por un desperfecto. Entonces, el aporte de las represas hidroeléctricas continuaba siendo escaso por la sequía, lo que obligó a forzar aún más a las centrales térmicas hasta que en diciembre el sistema colapsó. El lunes 12, volvieron los cortes de luz. La empresa estatal Segba dividió a la ciudad de Buenos Aires en diez zonas, desde A1 hasta E2, y después dividió esas áreas hasta conformar 212 cuadrículas en las que iba cortando la luz rotativamente en turnos de cinco horas. Un esquema similar implementó en el conurbano. Todos los días se difundía un largo listado con el detalle de los cortes por área. La promesa oficial fue que la interrupción del servicio duraría dos semanas, pero lo que vino después fue peor.

El 20 de diciembre, el gobierno limitó el horario de emisión de los canales de 12 a 24 horas, redujo el alumbrado público a la mitad y ordenó apagar vidrieras y marquesinas. Una semana después, ya con Embalse también fuera de servicio por otro desperfecto, se ampliaron los cortes a todo el microcentro, incluyendo sanatorios, hospitales, bancos y dependencias oficiales. Finalmente, el gobierno decretó la emergencia energética en todo el país el 4 de enero de 1989. La medida extendió los cortes de luz a seis horas diarias, en dos turnos de tres horas, y redujo las transmisiones televisivas a cuatro horas (de 19 a 23). Sólo se emitían los noticieros y los programas de mayor éxito, como Atrévase a soñar, Clave de Sol, Finalísima y Tiempo nuevo, entre otros.

En medio de ese caos, las declaraciones de los funcionarios no hacían más que echar leña al fuego. “Hay derroche de energía porque la demanda de electricidad crece prácticamente al nivel de los países desarrollados y esto no tiene ninguna explicación lógica”, afirmó el 7 de enero de 1989 el secretario de Energía, Roberto Echarte. En el gobierno insistían al mismo tiempo con que la crisis de generación era coyuntural por una combinación de factores que incluían “una sequía extraordinaria”, “un desperfecto inusual en Atucha”, “la ausencia de El Chocón por falla imprevisible en su presa” y “alta indisponibilidad del equipamiento térmico”. Las excusas, sin embargo, no alcanzaron para disimular el retraso en el programa de inversiones y la falta de mantenimiento de las instalaciones, motivadas por los recortes del gasto público de un gobierno que había puesto el pago de los intereses de la deuda como prioridad.

La noche del viernes 13 de enero de 1989, el presidente Raúl Alfonsín convocó a sus principales colaboradores a la quinta de Olivos para analizar la situación. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, detalló ante sus pares del gabinete el estado del suministro y las medidas adoptadas para tratar de evitar un apagón generalizado. Lo hizo en una sala iluminada apenas con un sol de noche.

Por entonces, los cortes habían comenzado a ser sorpresivos. Ya ni siquiera se respetaba el cronograma de seis horas diarias por zona. Las protestas de la población eran generalizadas e incluso llegó a haber enfrentamientos entre los que no tenían energía y los que la “derrochaban”. Una madrugada, una mujer rompió con una masa cuatro vidrieras del supermercado El Hogar Obrero en Rivadavia al 5100. “Yo no puedo dormir por el calor y la falta de luz y acá la derrochan alumbrando vidrieras”, afirmó, según les relataron varios testigos a los medios de comunicación.

Recién a partir de abril de 1989, la situación comenzó a normalizarse y con la crisis hiperinflacionaria pasó a segundo plano. El 14 de mayo de ese año, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales y en 1992 privatizó Segba, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, desmembrando el sector eléctrico horizontal y verticalmente. Un esquema similar aplicó en el sector gasífero. El pésimo desempeño de las empresas públicas durante el alfonsinismo dio argumentos para enajenar el patrimonio público. El proceso privatizador vino de la mano de un fuerte ajuste de tarifas y su posterior dolarización e indexación.

En el gobierno de Milei dicen que una crisis generalizada de ese tipo no volverá a ocurrir ahora, pero por las dudas insisten con que todo lo que pueda pasar será culpa del kirchnerismo. Habrá que ver hasta dónde prende esa idea en la población, luego de un año de gestión en el que las tarifas subieron fuerte, pero se hizo poco y nada para robustecer el parque de generación.