La nueva versión del proyecto de Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso esta semana incluye un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a derogar los subsidios energéticos a las “zonas frías” que originalmente estaban circunscriptos casi exclusivamente a la Patagonia y que el gobierno de Alberto Fernández amplió en 2021 a gran parte de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Mendoza y casi la totalidad de San Luis.

La intención oficial es reemplazar este esquema por un beneficio focalizado en aquellos usuarios vulnerables que realmente necesitan la ayuda del Estado tomando como referencia a una canasta básica energética. Si la iniciativa se concreta, supondrá un cambio radical para más de 4 millones de hogares, cerca del 45% de los usuarios del país, que actualmente perciben un descuento que oscila entre el 30% y 50% de la factura final. La aprobación del artículo dependerá de una dura negociación con las provincias.

Sistema regresivo

El objetivo inicial de este esquema de subsidio sobre los consumos de gas en la Patagonia fue reducir el impacto de la tarifa sobre los ingresos de los habitantes de esa región debido a las bajas temperaturas que enfrentan. Además, se buscaba brindar mejoras de las condiciones económicas a efectos de promover la radicación de nuevos pobladores en la región como un objetivo de orden geopolítico, sin discriminar por ingresos ni generar incentivos para fomentar el ahorro energético.

A ese beneficio, financiado inicialmente por el Tesoro Nacional y vigente desde que el servicio lo prestaba Gas del Estado, se le otorgó a partir de 2002 una asignación específica proveniente de un porcentaje de la factura de gas que se canalizó a través de un fondo fiduciario creado por el artículo 75 de la ley 25.565.

Luego de la ampliación concretada en marzo de 2021 a través de la ley 27.637 el carácter regresivo del beneficio se generalizó ya que pasó de 900 mil a más de 4 millones de hogares en zonas que incluso son calificadas como “templadas cálidas”.  

Por el solo hecho de residir en algunas de las zonas alcanzadas por el subsidio, los usuarios obtienen un descuento del 30% sobre la tarifa, de manera generalizada y sin fijar restricciones asociadas con variables socioeconómicas, como ingreso o patrimonio, lo que da como resultado que también sea recibido por estratos socioeconómicos medios y altos, los cuales no tienen ningún incentivo para morigerar sus consumos de gas.  

A su vez, el descuento sobre la tarifa se amplía al 50% para sectores vulnerables que cumplen alguno de los criterios de elegibilidad relacionados con la condición económica: ingresos, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo, electrodependientes, etc. Este último grupo representa más del 60% del total alcanzado por este esquema de descuento.

Impacto en la factura

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo Residencial de Gas se financia en parte con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural por redes cargado en la factura. Cuando se concretó la ampliación, el gobierno de Alberto Fernández insistió con que el nuevo beneficio no suponía un incremento de los subsidios, pero eso no fue así. En los hechos, el Tesoro también realiza un aporte ya que los recursos provenientes del fondo no alcanzan para cubrir la totalidad del beneficio.

A su vez, hay que tener en cuenta que con la actualización del precio del gas prevista para los próximos meses el peso en términos absolutos de ese 7,5% agregado en la factura será cada vez mayor. En la actualidad, el precio promedio del gas que pagan los usuarios subsidiados a nivel residencial está entre 40 y 50 centavos de dólar por millón de BTU. El 7,5% de ese valor puede que no sea una cifra significativa, pero a partir de abril el precio del gas se elevará a 4 dólares por millón de BTU. Por lo tanto, el 7,5% de ese nuevo valor va a ser equivalente a 0,30 centavos de dólar por millón de BTU, una cifra cercana a lo que actualmente vienen pagando por el gas los usuarios subsidiados.

Fuentes oficiales remarcaron a EconoJournal que en ese nuevo escenario se vuelve todavía más indispensable revisar el esquema de subsidios para poner el foco en aquellos que más lo necesitan tomando como referencia una canasta básica energética que tenga en cuenta el consumo en diferentes regiones del país.