El líder del sindicato de petroleros privados de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue uno de los ganadores de las elecciones legislativas del domingo pasado. Como primer candidato a diputado nacional del frente Somos Energía para Renovar (SER), se quedó con el segundo lugar en los comicios, por lo que el 10 de diciembre asumirá una banca en el Congreso. Desplazó a un inesperado tercer lugar a Gustavo ‘Kaky’ González, candidato del Frente de Todos, lo que significó un duro golpe para los armadores del kirchnerismo que estuvieron a cargo de la campaña.
En esa lista figura el presidente de YPF, Pablo González, que aspira a posicionarse como candidato a gobernador del oficialismo en 2023 y fue uno de los que impulsó la candidatura de ‘Kaky’ González, intendente de Puerto Deseado, quien terminó perdiendo incluso en la localidad que conduce.
Envalentonado por los resultados electorales, Vidal dejó traslucir que busca quedarse con el control de los equipos torre de la empresa San Antonio para garantizar el empleo de los trabajadores que hoy están sin actividad. Todavía no está resuelto cuál sería el vehículo elegido para concretar la operación. Fuentes del mercado consultadas por EconoJournal ubican a Quintana entre los posibles compradores. También a una compañía con accionistas locales del Golfo San Jorge. San Antonio cuenta con unos 10 equipos torrre contabilizando los equipos de perforación, workover y pulling.
San Antonio Internacional es una compañía emblemática dentro del segmento de servicios petroleros. Es el mayor referente en el negocio de equipos torre (perforación, workover y pulling) de la Argentina. Hoy está controlada por el fondo Lone Star, que en el país está representado por Sebastián Caputo y Luis María Blaquier. La firma atraviesa una dura crisis económico-financiera tras defaultear en 2020 una deuda de US$ 105 millones con un pool de bancos locales.
Claudio Vidal salió segundo en las elecciones legislativas, desplazando al tercer lugar al candidato del kirchnerismo.
Escenario complejo
Antes que se desate la pandemia del coronavirus, la empresa ya registraba a unos 500 operarios sin asignación de tareas como resultado de la fuerte merma de la actividad desde que el ex presidente Mauricio Macri decretó el congelamiento de los precios dictado en agosto de 2019. La emergencia sanitaria no hizo más que agudizar, a toda velocidad, esa fragilidad. A comienzos de 2020, la compañía tenía 86 equipos en actividad, de los cuales hoy están en operación unos 60.
También mantiene una deuda millonaria con la AFIP. De hecho, en una nota enviada al Ministerio de Trabajo de la Nación solicitó al organismo recaudador que le otorgue un plan de facilidades de pagos de 84 cuotas para refinanciar el saldo remanente de planes de pago con vencimientos en el corto plazo en concepto de impuestos y cargas sociales, por un total de 2.835.091.853 pesos.
Consultados por este medio desde San Antonio prefirieron no hacer declaraciones, pero allegados a la compañía confirmaron que se está evaluando vender los activos de Santa Cruz.
La apuesta de Pereyra
A su vez, la empresa lanzó un plan de manejo de liquidez para atravesar el desafiante contexto financiero que atraviesa, que consiste en vender uno 20 activos inmobiliarios en cuatro provincias del país valuados en 32 millones de dólares. Nueve de ellos están emplazados en Neuquén. Allegados al sindicato de petroleros privados que conducen Marcelo Rucci y Guillermo Pereyra indicaron estar al tanto del proceso.
Cerca de San Antonio confirmaron que también podrían desprenderse de los activos como parte de una estrategia destinada a mejorar la eficiencia en la gestión de la compañía para maximizar los recursos en un contexto económico del país complejo, pero aclararon que la empresa no está pensando retirarse de Neuquén. Por lo tanto, si los activos se venden la intención es alquilárselos al nuevo comprador para seguir operando. Las mismas fuentes aclararon que el sindicato aparece entre los interesados, pero que la operación no está cerrada.
