El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, adelantó a comienzos de enero que enviaría a la Legislatura un proyecto de ley para que se lo autorice a renegociar la deuda provincial. El objetivo principal es reperfilar el Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) 2026, un bono por 650 millones de dólares emitido bajo legislación de Nueva York con respaldo de regalías petroleras. Las internas provinciales frenaron por ahora la aprobación del proyecto y, por si fuera poco, el estudio Latham & Watkins le envió a Arcioni una carta, a la que accedió EconoJournal, en nombre de los fondos que tienen la mayor tenencia de dichos títulos donde le advierten que “nuestros clientes no renegociarán los términos del contrato ni eximirán a la provincia de sus obligaciones contractuales”.
Arcioni ya había adelantado el año pasado que luego del 10 de diciembre buscaría impulsar una renegociación de la deuda con el respaldo de la nueva legislatura, situación que activó las alarmas entre los acreedores, quienes el 20 de diciembre le enviaron una primera carta dejando en claro su rechazo. El pasado 6 de enero, Arcioni se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien le pidió que diseñe un plan para salir de la profunda crisis que atraviese la provincia.
La carta
Luego de aquel encuentro, el gobernador explicitó su intención de enviar un proyecto de ley para avanzar con el reperfilamiento del BOCADE 2026. Entonces llegó una segunda carta de los acreedores, fechada el 21 de enero, la cual también fue remitida al gobierno nacional, donde presionan en duros términos al gobernador. “Nos hemos enterado recientemente de que la provincia organizó una conferencia de prensa en la que abordó, entre otras cosas, las medidas propuestas para modificar las obligaciones de pago de la deuda pública de la Provincia”, señala la carta firmada por Christopher J. Clark.
“Entendemos por la cobertura de prensa que estas medidas que estas medidas propuestas contemplan un reperfilamiento de los títulos de deuda de 2026, que incluye el aplazamiento de los vencimientos de los pagos de capital durante los próximos cuatro años y la reducción de los pagos de cupones de los títulos de deuda 2026. Nos decepciona que la provincia no haya hecho ningún esfuerzo para discutir esta propuesta que consideramos inviable con nuestros clientes o (suponemos) con cualquier otro tenedor de bonos del 2026”, agrega el texto.
Luego la nota explica por qué para los acreedores la provincia está en condiciones de seguir pagando. “No entendemos la supuesta necesidad de reperfilar los Títulos de deuda de 2026. La liquidez generada por la Garantía continúa respaldando cómodamente el servicio de la deuda de los Títulos de Deuda de 2026 que, como señalamos anteriormente, equivale aproximadamente a 10.000 millones de pesos en liquidez en los últimos cuatro trimestres, comparado con los 2351 millones equivalentes al servicio de deuda de los Títulos de Deuda de 2026”.
Por si no había quedado claro, a continuación Clark subraya que si la provincia avanza con el reperfilamiento accionará judicialmente. “En caso de que la provincia no cumpla con sus obligaciones con los titulares de los Títulos de Deuda de 2026 (cuando entendemos que la garantía en sí es más que adecuada para cumplir con estas obligaciones) nuestros clientes harán cumplir los términos del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Fideicomiso Argentino en virtud de las leyes argentinas y estadounidenses. Para ello, nuestros clientes utilizarán todas las vías disponibles a su disposición, incluida la búsqueda de todos y cada uno de los recursos disponibles en la ley y en la equidad en los tribunales de los Estados Unidos y Argentina”.
El bono que busca reperfilar el gobierno de Chubut está garantizado por un fideicomiso de garantía que lo administra el Deutsche Bank y está fuera del alcance de la normativa argentina. De hecho, el fideicomiso recibe las regalías petroleras antes de que vayan a la provincia.
Latham & Watkins advierten además que “el abandono por parte de la Provincia de sus obligaciones en virtud de los Títulos de Deuda de 2026 en estas circunstancias no solo expondrá a la Provincia a un riesgo legal significativo. También perjudicará la estructura de fideicomiso en Argentina, que se ha utilizado para atraer y promover la inversión tanto en la provincia como en otras provincias y empresas dentro de la República Argentina”.
“Las acciones de la Provincia ahora tendrán implicaciones graves y de gran alcance en la capacidad de la provincia, sus municipalidades hermanas y la República para atraer inversionistas internacionales para el financiamiento a largo plazo y a gran escala que es vital para su respectivo desarrollo”, agrega el texto.
Situación crítica
La intención inicial del gobernador Arcioni era que el proyecto de ley se aprobara antes del 26 de enero para abrir una negociación que permitiera postergar el pago de deuda previsto para ese día, pero la iniciativa no avanzó y finalmente la provincia cumplió con el pago previsto. “Pagamos 30 millones de dólares del BOCADE para evitar el default”, aseguró Arcioni. El gobernador agregó además que “necesitamos de la Legislatura, y que aquellos que dicen ser aliados políticamente hagan lo que tienen que hacer, que es colaborar con este Gobierno y aportar para la Provincia”.
El martes pasado Arcioni realizó una reunión de gabinete y al finalizar el ministro de Gobierno, José María Grazzini, aseguró: «Estamos trabajando desde el sector económico para avanzar en el reperfilamiento de la deuda, y somos unas de las provincias que más ha prosperado en este tema, en donde ya venimos negociando y hablando con los acreedores, trazando las medidas que podamos implementar a partir del inicio de sesiones para impulsar normas tributarias necesarias que nos ayuden a mejorar la situación”.
La negociación de la deuda se lleva adelante en un contexto de suma fragilidad de la provincia por los reiterados reclamos sociales motivados por la difícil situación que está atravesando su población. Además, en el sector petrolero señalan que aún si se tomarán todas las regalías que cobra la provincia, éstas no alcanzarían para cumplir con los compromisos de deuda que debe afrontar Chubut.