El Gobierno reactivó en las últimas semanas el cobro de multas millonarias a industrias que no acataron las restricciones al consumo de gas dispuestas, en su enorme mayoría, por la administración kirchnerista entre los años 2011 y 2015. Por instrucción del Ministerio de Energía, la empresa estatal Enarsa empezó a intimar a un grupo de más de 150 empresas a que regularicen las penalidades económicas recibidas por haber tomado gas del sistema sin la autorización del Enargas, el ente regulador del sector.
Las cifras involucradas sin siderales. A mediados de 2015, las multas impagas por industrias que no acataron los cortes de gas superaban los $ 3000 millones. Durante el año pasado, las principales industrias del país -entre las que figuran Siderar, Siderca, Dow, Mega y Profertil, entre muchas otras- se pusieron al día con el Estado. Pero un centenar de empresas medianas y pequeñas aún continúa en mora. EconoJournal consultó a fuentes oficiales para conocer a cuánto asciende la deuda actualizada de las industrias, pero no obtuvo una respuesta en concreto. Sin embargo, en el sector privado estiman que las penalidades remanentes superan los $ 1000 millones.
Desde Enarsa explicaron que su accionar se limita a hacer cumplir lo que fija el marco normativo. “La deuda existe y tenemos la obligación de transitar los caminos administrativos para intentar cobrarla”, indicaron allegados a la empresa estatal que preside Hugo Balboa. La propuesta de Enarsa es que las industrias morosas cancelen sus deudas un plan de 48 cuotas mensuales durante los próximos cuatro años. A la par, plantean que sobre el capital adeudado se cobre una tasa interés en dólares del 9 por ciento. Así lo transmitió el equipo de legales que de Enarsa que encabeza Julia Langus a distintos representantes industriales durante las últimas tres semanas.
“Es un interés demasiado alto, aunque desde Enarsa nos explicaron que es la misma tasa que pagaría la empresa si saliese a buscar financiamiento privado”, advirtieron desde un industria de la zona de Gran Rosario que tiene una deuda de US$ 3 millones con la compañía estatal.
¿Cómo se originó un rojo tan abultado? Antes de la llegada del invierno de 2011, el Enargas –por ese entonces conducido por Antonio Pronsato- creó dos figuras: el Proveedor de Última Instancia (PUI) y el Gas de Última Instancia (GUI). El primero sería aplicable a las industrias que tomaron gas del sistema sin respaldo de su proveedor, a pesar de tener un contrato vigente de abastecimiento con una petrolera o comercializadora. En ese caso, Enarsa cobraba una multa de US$ 7,50 por cada millón de BTU direccionado a la industria en falta. En tanto que el GUI se facturaba a los usuarios que directamente desoyeron una restricción de consumo ordenada por el Enargas. En ese caso, las empresas tenían que pagar US$ 13,70 -equivalente en 2011, al costo de importación del Gas Natural Licuado (GNL)- por el gas extra consumido de la red. Ambos cargos estuvieron vigentes hasta mediados del año pasado, cuando el ente regulador –ya bajo la intervención de David Tezanos- les dio de baja y estableció un nuevo esquema de penalidades.
La operatoria del sistema de multas creado por el kirchnerismo siempre estuvo bajo un velo de sombras desde un punto de vista regulatorio. Las industrias denuncian que la creación del PUI y GUI se definió por notas del Enargas que nunca se publicaron en el Boletín Oficial. De ahí que muchas empresas cuestionan su legalidad. Una de ellas, Carboquímica del Paraná, llevó el caso a la Justicia y espera un fallo favorable de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
“El sistema funcionó de manera muy desprolija. La mayoría de las industrias han mostrado voluntad de pago, pero algunas cuestiones son injustas. Por ejemplo, en 2015, cuando el costo de importación de GNL promedió los 8 dólares, la multa prevista para el GUI siguió siendo de US$ 13,70, que era el valor del GNL en 2011 (antes del derrumbe del precio internacional del petróleo)”, explicaron desde otra empresa multada.
