El gobierno declarará de interés público el proyecto de Transportadora Gas del Sur (TGS) para ampliar la capacidad de transporte de gas proveniente de Vaca Muerta. El viceministro de Energía y Minería, Daniel González, adelantó este martes en un evento organizado por Cippec que el Decreto que oficializa esa decisión se publicará en las próximas horas, muy probablemente mañana. El próximo paso es que el Estado convoque a una licitación para darle una oportunidad a todas aquellas empresas que quieran competir con la transportista controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki para quedarse con la obra.

TGS ya hizo un testeo hace un par de meses entre grandes usuarios industriales, distribuidoras y comercializadoras de gas natural para conocer si estaban interesados en demandar el gas adicional que aportara el proyecto y confirmó el interés de varios jugadores clave del mercado.

La obra

El proyecto busca disponibilizar volúmenes incrementales significativos de gas natural en el nodo Litoral (14 MMm3/d) en el invierno 2026, para dar confiabilidad al suministro energético y sustituir importaciones de GNL y gasoil con gas de Vaca Muerta, además de potenciar los saldos exportables a la región. La inversión total prevista —contemplando inversiones de transporte y en la producción de gas natural— asciende a unos US$ 700 millones.

La obra busca aprovechar al máximo la infraestructura de transporte existente para reducir los plazos de construcción y abaratar los costos. El plan está integrado por obras de ampliación en dos sistemas con marcos regulatorios diferenciados.

Por un lado, se propone ejecutar una obra en el Tramo Tratayén – Salliqueló del Gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner, bajo la Ley de Hidrocarburos y aplicando el Régimen de Iniciativa Privada. Por otra parte, el proyecto se complementa con una ampliación en el sistema regulado de TGS, que financiará y ejecutará bajo los términos de su licencia y que permitirá que el gas natural incremental que arriba a Salliqueló acceda Gran Buenos Aires, para luego ser transferido al sistema de TGN hacia el área del Litoral.

La obra en el Gasoducto Perito Moreno contempla la instalación de tres nuevas Plantas Compresoras con un total de 90.000 HP y una inversión del orden de los U$S 500 millones, mientras que en el sistema regulado de TGS abarca la instalación de 20 km de loops de cañería y la instalación de 15.000 HP de compresión en el Gasoducto Neuba II, más otras obras y pruebas para elevar su presión máxima de operación, con una inversión estimada en U$S 200 millones que TGS financiaría, aunque no resulte adjudicada en la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

Por qué se licita

El Régimen de Iniciativa Privada es un mecanismo que le permite a empresas privadas o particulares proponer proyectos de interés público al Estado Nacional. Si la iniciativa es de interés público y resulta técnica y económicamente viable se emite una resolución declarando de interés público el proyecto y se convoca a licitación pública para garantizar transparencia y competitividad.

A la empresa que presentó la iniciativa se le otorga un derecho de preferencia previsto en el artículo 12 del anexo III del decreto 713/2024. Allí dice que “cuando las ofertas presentadas fueran de conveniencia equivalente, será preferida la del promotor de la Iniciativa Privada”. Luego agrega que “se entenderá que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del promotor de la Iniciativa Privada y la mejor oferta según el orden de prelación establecido por la Comisión Evaluadora no supere el 10%”.

También se aclara que la oferta del promotor de la iniciativa privada no podrá contemplar un monto de inversión que supere en más de un 20% el que hubiera estimado al momento de presentar el plan, actualizado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción.

Por último, en el artículo 14 se aclara que, si al promotor de la iniciativa privada declarada de interés público no se le adjudica la obra, tiene derecho a percibir, de quien resulte adjudicatario, en concepto de honorarios y gastos reembolsables, un 1% del monto de la oferta adjudicada. “Excepcionalmente, la autoridad licitante, previo al llamado a licitación pública, podrá incrementarlo hasta un máximo del 3% del monto de la oferta adjudicada, en función de las características del proyecto y de los trabajos llevados a cabo por el promotor”, se agrega en la norma.