La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), junto con las cámaras provinciales de productores y proveedores mineros, y entidades ligadas a la agroindustria y al desarrollo socioeconómico emitieron un comunicado en donde señalan que en caso de aprobarse los proyectos de Ley de Humedales “se dejaría a nuestro país sin industria minera. Su avance perjudicaría a la industria en producción impactando en el sustento de cientos de comunidades. Lo que no solo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento”.
Desde la CAEM comunicaron que tomando en cuenta los proyectos mineros más avanzados existe “un potencial para llegar a exportaciones anuales por U$D 12.000 millones -más del triple de las actuales- y para lograr inversiones por U$D 20.000 millones”.
Ante esta situación, consideraron que “esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras”.
Asimismo, remarcaron que la aprobación de las actuales propuestas impactarían en la “producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego”. Por esta razón manifestaron su rechazo ya que explicaron que se da “una falta de federalismo de concertación en el debate de los proyectos legislativos de protección de humedales y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados.”
De igual manera, expresaron su oposición “a toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional”.
En este sentido, explicaron que los proyectos actuales “atentan contra los miles de puestos de trabajo formal y bien pagado, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social”. Y agregaron que “el sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales”.
Sumado a esto, especificaron que “la autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los proyectos en tratamiento, además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y conflictos con la legislación vigente”.
También subrayaron la importancia que posee el sector en términos económicos. “La minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de $107.000 millones al año. Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial”, precisaron.
Además, remarcaron que todas las actividades mineras puestas en marcha en el país “han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental, de acuerdo a la Ley 24.585″ puesto que «la legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente donde estén instalados”.
Por último, plantearon “las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del ambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización”. “Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono”.
