El pasado 10 de marzo se publicó en el Boletín Oficial la Resolución de la Secretaría de Energía N° 130/2022, que dispone conformar un equipo de trabajo que tendrá como objetivo principal el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional privatizadas en la década del ´90.

Antes de continuar con el análisis de la situación actual, retrocedamos 30 años en la historia. El país, con un gobierno que tuvo que adelantar la entrega del poder en otro que recién se iniciaba, necesitaba rápidamente sortear la espiral hiperinflacionaria en la que se encontraba, que desangraba no solo las arcas del Estado sino los bolsillos de todos los Argentinos. Era el país de los “cortes programados” de energía; el país del Plan MEGATEL, en donde los departamentos se compraban por el hecho de tener línea telefónica; la Argentina en donde convivía el Dólar Turista, el Dólar Comercial, Dólar Financiero; el país en donde el Ministro de Economía anunciaba un plan, y a los pocos días declaraba “Les hable con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.

En agosto de 1989 se dictó la Ley de Reforma del Estado y Privatizaciones –Ley 23.696- mediante la cual, entre otras cuestiones, se declararon sujetas a privatización determinadas empresas públicas.

En lo que respecta al sector eléctrico, si bien en un comienzo se pensó en avanzar con un ordenamiento institucional empresario mediante la conformación de una Empresa Federal de Energía Eléctrica que involucrase las actividades que desarrollaba Agua y Energía Eléctrica S.E. –AYEE-, Hidronor S.A. –Hidronor- y otras empresas generadoras nacionales, lo cierto es que a partir de sucesivos decretos se produjo la conformación de unidades de negocio y posterior privatización de las centrales oportunamente construidas y operadas tanto de AYEE e Hidronor.

En tal sentido, mediante Decreto N° 287/93 se dispuso la subdivisión de las represas construidas y operadas por Hidronor en 5 unidades de negocio independientes –H. Alicurá S.A., H. El Chocón S.A., H. Cerros Colorados S.A., H. Piedra del Aguila S.A. e H. Pichi Picún Leufú S.A.

Estrategia común

El mismo derrotero siguieron las unidades de generación hidroeléctrica de AyEE las cuales a través de los Decretos N° 2.259/93 –H. Diamante S.A.-; N° 369/94 –H. Ameghino S.A.; N° 888/94 –H. Río Hondo S.A.-; N° 1.807/94 –H. Futaleufú S.A.-; N° 1.903/94 -H.Río Juramento S.A.-; N° 1.394/94 -Hidrotérmica San Juan S.A.- y N° 463/95 –H.Tucumán S.A.- fueron privatizadas.

A diferencia de las unidades térmicas de generación, en donde se dispuso la venta del activo que conformaba la central, la privatización de las centrales hidroeléctricas se realizó mediante la venta del paquete mayoritario de la central, la que contaba con una concesión por un lapso de 30 años, tal como surge de los considerando de la resolución mencionada al inicio del presente.

El proceso privatizador, más allá de sus simpatizantes y detractores, fue acompañado por el oficialismo y una amplia mayoría de la oposición. Para que ello fuese posible, se dictó un marco regulatorio –Ley 24.065 y Decretos Reglamentarios- novedoso para la época, se conformó un Mercado Eléctrico Mayorista, y se instituyó un esquema cambiario / financiero que otorgase previsibilidad y estabilidad en el tiempo con la Ley de Convertibilidad.

Para quienes como yo fuimos protagonistas directos, pudimos observar como, a través de un proceso competitivo y transparente el Estado obtuvo ingresos por la suma de US$ 2.023,2 millones –US$ 1401 millones por la venta de las concesiones de Hidronor y US$ 623,2 millones por la venta de las de AYEE.

Casi 30 años han pasado desde que el 11/8/1993 tomaron posesión los nuevos accionistas de las hidroeléctricas Alicurá S.A., El Chocón S.A. y Cerros Colorados S.A. A partir de aquél momento, los privados han invertido más de US$ 500 millones adicionales, entre finalizaciones de obras, infraestructura adicional, ampliaciones de la red de transporte, etc.

Los respectivos contratos de concesión eran claros en cuanto al plazo de vencimiento; de ello no hay dudas. La mayoría de los contratos vencían a los 30 años de la toma de posesión. De lo que tampoco tenemos dudas, es que las condiciones en que los accionistas originales ingresaron al negocio –quedan pocos ya que han ido transfiriendo sus tenencias accionarias a otro inversores- se han modificado en los últimos 20 años –o suspendido transitoriamente algunos derechos que les asistían- y el negocio que realizaron dista mucho de lo que se tuvo en miras al comienzo de la concesión.

Cómo sigue la historia

Y la pregunta que nos hacemos es “Cómo sigue la historia?”

Surge claro de los considerandos de la resolución que la energía hidroeléctrica es una fuente renovable, segura y limpia que favorece la diversidad de la matriz energética y otorga confiabilidad al sistema. Punto a favor de la continuidad de la operación de las centrales, en una época en donde se discute continuar con la energía nuclear.

La reivindicación de la actividad que desarrollo el Estado –que somos todos- a partir de la década del ´60 en cuanto a la planificación y desarrollo de la hidroelectricidad a través de AYEE e Hidronor, quienes proyectaron, construyeron y operaron los grandes aprovechamientos hidroeléctricos privatizados, cuyos contratos se encuentran próximos a vencer, pareciera orientarnos hacia dónde vamos.

Pareciera que el gobierno no tiene muchas alternativas.

La primera, podría ser la extensión de la concesión por un plazo menor o similar, asumiendo que en los últimos 20 años se le ocasionó una pérdida a los concesionarios por el cambio de las reglas de juego; opción poco probable teniendo en cuenta el funcionamiento de la administración.

Otra opción sería otorgar una nueva contrato de concesión, y repetir el proceso licitatorio realizado en la década de los ´90; también es una alternativa poco probable por dos motivos (i) existen cuestiones ideológicas, que descreen de la actividad privada y consideran que determinadas actividades de la economía son mejores y funcionan más eficientemente cuando lo administra el Estado, y (ii) dudo que implementar un proceso de esas características en las actuales condiciones económicas y de desenvolvimiento del MEM, que pudiese resultar atractivo para algún inversor.

Eso nos lleva a la tercera alternativa y casi con seguridad la que prosperará en el corto plazo: la reestatización y administración, ya sea por el Estado Nacional o en conjunto con los Estados provinciales.

El equipo de trabajo que realizará la evaluación de la situación actual de cada aprovechamiento hidroeléctrico, a partir del cual se adoptarán los pasos a seguir cuando finalicen los contratos de concesión vigentes, contará con representantes de los organismos públicos y sociedades con participación estatal, con injerencia y vinculación con el sector hidroeléctrico.

El equipo de trabajo estará formado por el Secretario de Energía o la persona que éste designe, un representante de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, un representante de CAMMESA, un representante del ENRE y un representante de IEASA. Asimismo, se invita al ORSEP y a las autoridades de aplicación de cada aprovechamiento hidroeléctrico en materia de Manejo a Aguas y Protección del Ambiente a designar un representante.

No se explica la intervención del ENRE quien solo controla a las empresas generadoras en aspectos ambientales, toda vez que su ámbito natural de competencia es el control de las prestadoras de servicio público de transporte y distribución de energía eléctrica y sus respectivos contratos de concesión.

La autoridad de aplicación de los contratos de concesión es la propia Secretaría de Energía.

Por ello, deducimos que aquí es donde aparece el caballo de troya que nos anticipa el final del camino: IEASA. La resolución delega expresamente en ésta empresa la auditoría de las condiciones técnicas de los equipos de generación de las concesiones, en razón de su experiencia en la materia justificada en la disponibilidad de las capacidades y conocimientos de la ex EBISA –empresa fusionada con IEASA en el año 2019-, y siendo además parte de su objeto social realizar en carácter de comitente o comitente delegado la construcción civil y/o ingeniería y/o montaje y/o suministro y toda otra actividad relacionada con proyectos hidroeléctricos. No olvidemos por otra parte que IEASA tiene a su cargo, a modo de comitente, la realización de las centrales Hidroeléctricas ex Condor Cliff y La Barrancosa.

Será seguramente IEASA en donde recaerán las actividades que hoy están divididas más 10 empresas, la que conformará un conglomerado más grande que AYEE e Hidronor juntas.

¿Creemos sinceramente que esa sería la mejor alternativa?

La perspectiva de eficiencia difiere cuando el observador es el privado o el sector público; una muestra clara es el funcionamiento de Aerolíneas Argentina, que arrastra pérdidas millonarias y sobrevive merced a los subsidios del Estado Nacional, vs las aerolíneas privadas que no reciben aportes del Estado.

Retomar la actividad por parte del Estado se traduce en menores ingresos por impuestos, que aunque pocos, son el resultado del sector en donde se desenvuelve, y que no necesariamente se va a transformar en ingreso genuino para el Estado, por limitaciones que le impone la misma Ley 24.065, en donde las generadoras del Estado solo están autorizadas a percibir sus gastos operativos.

El dilema no es “neoliberalismo” vs. “socialismo de mercado” que lejos de funcionar nos hace retroceder cada día un paso más hacia atrás.

En los últimos 30 años hemos pasado de esquemas privatistas, a estatistas y viceversa. Argentina debe dejar de ser un Estado Pendular y decidirse de una vez por todas a ocuparse de los asuntos que los privados no pueden ni deben resolver.

(*) El autor es abogado, Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y consultor especializado en temas energéticos. Fue Director de Asuntos Legales de IEASA y Presidente de EMPRENDIMIENTO ENERGETICOS BINACIONALES (EBISA).