Los cuadros tarifarios de transición del gas natural debían aplicarse desde mediados de esta semana, el 1º de abril. Esa era la fecha que se habían fijado tanto en la Secretaría de Energía como el Enargas, el ente regulador del sector. Sin embargo, por la falta de definiciones internas y de coordinación intra-estatal, ese objetivo no será alcanzado. Según indicaron fuentes oficiales y de empresas privadas, el organismo intervenido que conduce Federico Bernal trabaja ahora para que los nuevos cuadros tarifarios entren en vigencia el 1º de mayo.

El pre-acuerdo del Enargas con las distribuidoras ya está cerrado. Incluso existe un anexo en el que están definidas las subas para cada tipo de usuario. Lo que se sabe hasta ahora es que el aumento no será homogéneo para todos: la suba será más elevada para los grandes usuarios —fundamentalmente industrias— y menor para los residenciales.

Por eso, la recomposición final del margen bruto será más alta para las distribuidoras con más cantidad de clientes industriales —como Litoral Gas o Distribuidora de Gas del Centro— y menor para las gasíferas con una mayor predominancia de clientes domiciliarios.

También está definido que los cargos fijos de la factura aumentarán más, en términos relativos, que los cargos variables. De ese modo, se busca que las facturas tiendan a aplanarse por un mayor peso del componente fijo de la tarifa. 

Las dos decisiones forman parte de un ejercicio matemático al que arriban el ente y las distribuidoras para evitar que la suba a los residenciales supere el 9%, tal como pretende Bernal. El incremento para los grandes usuarios sí superará ese porcentaje.

¿Qué falta para finalizar el proceso de subas?

Lo primero es saldar la discusión político-económica puertas adentro del gobierno. Cuando existe voluntad gubernamental, el proceso tarifario se agiliza. Lo demostró el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que esta semana aumentó un 7% las facturas eléctricas por decreto, sin necesidad de realizar audiencias públicas. El ex ministro de Economía hizo lo mismo en 2014, cuando como titular del Palacio de Hacienda instrumentó un aumento hasta el 30% de las facturas de gas para todas las distribuidoras gasíferas de país.

Tal como está hoy planteado el escenario, lo más probable es que las tarifas aumenten como tope un 9%, en la línea que surgió desde el Instituto Patria. Pero aún resta que el Ministerio de Economía admita esa imposición y acepte que el precio de gas en el ingreso al sistema (PIST) continúe congelado.

Acta acuerdo

Una vez que se salde esa disputa política, el Enargas apunta a firmar un acta-acuerdo con cada una de las distribuidoras para que los privados convalide legalmente cuadros tarifarios con un aumento inferior al que solicitaron en la audiencia pública. La meta es firmar ese documento hacia mediados de mes, a fin de que las tarifas aumenten a partir del 1º de mayo.

Con ese cronograma, los usuarios empezarán a recibir las facturas con los aumentos a partir del julio, cuando se emitan las boletas para el bimestre mayo-junio.

Sin diferimiento

Al igual que en 2020, este año tampoco habrá diferimiento de las facturas de invierno, las más pesadas para los hogares. Por lo menos, hasta el viernes de la semana pasada no existió ninguna conversación al respecto entre el Enargas y las distribuidoras.

Tras dos años de congelamiento, las gasíferas advierten que no disponen del flujo de fondos necesario para financiar los ingresos que dejarían de percibir por diferir las facturas de invierno, tal como se hizo en 2019. Las distribuidoras recaudan la mayor parte de su facturación anual durante el segundo semestre del año, entre julio y diciembre.

Con la suba del 9% que propuso el Enargas, los ingresos de las empresas vía Valor Agregado de Distribución (VAD) aumentarán entre un 19% y un 31% cuando se implementen los nuevos cuadros tarifarios. Son cifras que, en cualquier caso, están por debajo de la inflación proyectada para este año, que se ubicará cerca del 40 por ciento.