El gobierno va a realizar un análisis de los proyectos del programa Renovar que se encuentran frenados o demorados. En diálogo con Econojournal, los abogados especializados en el sector de energías renovables y servicios públicos Juan Cruz Azzarri y Jimena Vega Olmos, ambos del estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR), con experiencia en la industria energética de la Argentina, quienes advierten que se debería tener en cuenta el impacto que la crisis macroeconómica de los últimos dos años provocó en estos proyectos.
“La crisis económica que empezó 2018 y derivó en el cambio de administración en 2019 trajo grandes problemas económicos para los proyectos de las rondas 1.5 y 2 que estaban en proceso de conseguir financiación”, señaló Juan Cruz Azzarri. “Lo que estamos viendo es que hay poca información de qué rumbo va a tomar la administración. Y esto genera desafíos para muchos de los proyectos que están en camino de construcción pero que están sin financiamiento cerrado y con un problema grande a futuro, porque si les aplican multas”, agregó.
Por su parte, Jimena Vega Olmos indicó que “la imposición de controles cambiarios fue inesperada para los proyectos que no estaban financiados o para los que estaban en curso para conseguir financiación”, en referencia al cepo cambiario implementado en septiembre del año pasado por el gobierno de Mauricio Macri. “La Argentina no tiene una visibilidad de mediano plazo. La problemática del riesgo país hace todo muy complicado y que sea muy poco probable que en el mediano plazo esos proyectos puedan conseguir financiamiento”, añadió.
Los abogados remarcaron que hay varias empresas a cargo de proyectos que están intentando abrir una mesa de diálogo con el gobierno y que tenga en cuenta la crisis desatada en la Argentina a partir de 2018.
En cuanto al posible trato dispar que podrían tener los proyectos que respetaron los plazos de los contratos PPA firmados con Cammesa respecto de los demorados, Azzarri sostuvo: “el objetivo de estos contratos es su cumplimiento porque fue el Estado el que mostró interés para desarrollar energías más limpias para el país. Se dieron un número de hechos que cambiaron sustancialmente el contexto. No me parece mal la definición del gobierno de analizar proyecto por proyecto. Pero no veo que sea lo más adecuado afirmar que como algunos cerraron financiamiento el resto deberían haber hecho lo mismo porque en definitiva está yendo en contra de su propio objetivo”. Y aclaró que “esto no implica descartar las sanciones, pero si tener en cuenta el impacto que tuvo la crisis económica de 2018 y 2019 en los proyectos”.
“Estos son negocios financieros que requieren estabilidad, no tener riesgo país. Es verdad que hay riesgo empresario, pero el objetivo del gobierno es conseguir ese cupo. Creo que ahí hay espacio como para trabajar en conjunto y sacar resoluciones razonables. El Estado debería empezar a pensar una salida, porque se van a empezar a ejecutar garantías y van a haber tantos arbitrajes como proyectos truncos”, concluyó.
