La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley durante la madrugada el presupuesto 2019 y en la misma sesión obtuvo media sanción un proyecto que pasó relativamente desapercibido, pero que promete generar polémica ya que grava con un 0,5% la venta de naftas para financiar un polémico fondo de capacitación será controlado por el sindicato de empleados de estaciones de servicio que encabeza Carlos Acuña, hombre cercano a Sergio Massa.

Las empresas no salen de su asombro, pues mientras el gobierno nacional las presiona para que bajen el precio de los combustibles por la caída en la cotización internacional del crudo, por otro lado, se crean nuevos impuestos que le sumarán presión a los precios. La iniciativa fue consensuada entre Cambiemos y el Frente Renovador y habría surgido como prenda de cambio para facilitar la aprobación de la ley tributaria.   

En 2017 solo en la provincia de Buenos Aires se vendieron 3,4 millones de metros cúbicos de naftas (súper + premium), según datos de la Secretaría de Energía. Es decir, 3.400 millones de litros. A un precio promedio de 45 pesos por litro son 153.000 millones de pesos de facturación. El nuevo fondo prevé una alícuota del 0,5% sobre lo facturado, cifra que equivale a 765 millones de pesos al año. Con un tipo de cambio de 40 pesos, como prevé el presupuesto nacional, son casi 20 millones de dólares por año.

El artículo 1 de la norma afirma que el objetivo de este nuevo impuesto es “promover la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores en todo el proceso de comercialización de hidrocarburos en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires”.

El artículo siguiente crea el nuevo Fondo para la Capacitación y la Tecnología aplicadas a la Comercialización de Hidrocarburos, que será controlado por el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de autos (SOESGYPE), y aclara que los recursos se destinarán puntualmente a “la realización de estudios, investigaciones y procedimientos que resulten necesarios para establecer bases para el diseño, la planificación y desarrollo de acciones para la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores en todo el proceso de comercialización de hidrocarburos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, así como para su organización, ejecución y fiscalización”. En la industria petrolera sospechan que en realidad ese dinero terminará yendo a financiar campañas políticas en un año electoral clave.

El aporte se calculará sobre cada facturación que efectúe la empresa petrolera y / o comercializador mayorista, al propietario de la estación de servicio o comercializador minorista, y el vendedor deberá depositarlo en un plazo no mayor a los 15 días de la fecha de emisión de la factura en una Cuenta Corriente Especial que la Autoridad de Aplicación habilitará al efecto en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley y designar la Autoridad de Aplicación en el plazo de 120 días a partir de su publicación.