La constructora BTU impugnó la licitación para construir el tramo del Gasoducto del Noreste (GNEA) que une las provincias de Salta y Formosa. Si bien IEASA (ex Enarsa) todavía no adjudicó la obra, la Comisión Evaluadora de la licitación recomendó a comienzos de julio declarar inadmisibles las propuestas económicas de BTU, Contreras Hermanos y Víctor Contreras y adjudicarle el contrato a Techint Ingeniería y Construcción, pese a que el holding de Paolo Rocca había quedado en cuarto lugar por realizar la propuesta más costosa.

El directorio de IEASA deberá reunirse mañana miércoles 8 de agosto para decidir si avala lo hecho por la Comisión Evaluadora o si anula la licitación. Ese mismo día el directorio deberá ratificar también la designación como nuevo presidente de la empresa de Mario Agustín Dell’Acqua, ex directivo de Techint. La pelea sumó nuevos condimentos en los últimos días porque Carlos Mundin, dueño de BTU, fue detenido el miércoles pasado en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, acusado de haber otorgado sobornos. Una de las obras sospechadas es justamente otro tramo de este mismo gasoducto. A su vez, la misma causa de los cuadernos salpica al Grupo Techint. Ayer fue detenido Héctor Alberto Zabaleta, ex director de Administración del holding, que sería el «Héctor» que aparece en los cuadernos de Centeno.

Durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, Techint firmó solo cinco contratos con el Gobierno nacional, que representaron el 1% de la obra pública. Una de esas obras fue la construcción de un tramo en Formosa del Gasoducto del Nordeste adjudicado en 2014. El proyecto se construyó en tiempo y forma y se concluyó en junio de 2916.

El Gasoducto del Noreste fue concebido originalmente como una iniciativa privada presentada por Techint, que realizó la primera ingeniería de la megaobra para abastecer de gas natural a más de 3,5 millones de habitantes en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones; aunque luego, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, la revisión del proyecto postergó la extensión de la obra a las últimas dos provincias.

La propuesta presentada dio lugar, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al lanzamiento de una licitación pública de Enarsa para construir el proyecto. El contrato para construir el primer tramo, de los nueve en que se dividió la obra, fue ganado originalmente por Servicios Vertúa, quien debía encargarse de montar el gasoducto en la provincia de Salta y establecer la conexión con el gasoducto Juana Azurduy, proveniente de Bolivia. Sin embargo, el contratista dejó inconclusa la obra y en mayo del año pasado IEASA rescindió el contrato.

 Impugnación

El 3 de agosto la firma estatal aprobó, a través del Acta de Directorio Nº 422, el llamado a una nueva licitación para finalizar los trabajos de instalación del gasoducto en el tramo que recorre la provincia de Salta hasta la conexión con el gasoducto existente en el límite con la provincia de Formosa y la reparación, acondicionamiento, completamiento mecánico y pruebas del tramo ya instalado. En total la obra contempla 230.000 metros, 122.100 metros de cañerías a instalar y 107.900 metros a reacondicionar.

El 27 de diciembre del año pasado presentaron ofertas BTU, Contreras Hermanos, Techint, Víctor Contreras y Cía. y Servicios Vertúa. El 5 de junio de este año, el Directorio de IEASA rechazó la propuesta de Vertúa por considerarla inadmisible y preseleccionó las otras cuatro.

El 7 de junio se realizó la apertura de los sobres. BTU presupuestó $1.411.020.820,43, Contreras Hermanos S.A. $1.455.044.098.64, Víctor M. Contreras S.A. $1.541.056.000 y Techint S.A. $1.700.058.611,57, todos con IVA incluido. Pese a ello, el 2 de julio la Comisión Evaluadora de la licitación, recomendó declarar inadmisibles las propuestas económicas correspondientes a BTU, Contreras Hermanos y Víctor Contreras y adjudicarle el contrato a Techint, que había presupuestado el monto mayor, un 20,48% superior a la propuesta más económica, correspondiente justamente a BTU.

Uno de los hombres que aparece detrás de esta decisión es Alberto Raúl Brusco, ex secretario de Infraestructura Energética del gobierno que ahora es responsable del área de proyectos de IEASA. Antes de incorporarse como funcionario de Mauricio Macri, Brusco se desempeñaba como gerente de Desarrollo de Negocios de IECSA, la constructora de Ángelo Calcaterra, que luego fue comprada por Pampa Energía. Allí estuvo a cargo de la construcción de la central termoeléctrica de Ensenada-Barragán, una obra que fue denunciada e incluso auditada por el gobierno actual por una serie de inconsistencias que terminaron obligando a Enarsa a rescindir el contrato con IECSA.

Argumentación técnica

BTU fue notificada de la decisión de la Comisión Evaluadora ese mismo 2 de julio  y dos días después impugnó formalmente la decisión. “Se solicita al directorio de IEASA, que, en su calidad de contratante (y sobre quien recae la decisión de seleccionar al oferente adjudicatario en esta licitación): 1) declare admisible la oferta presentada por mi representada, 2) se aparte del dictamen y disponga la adjudicación a favor de mi representada –ello, en atención a que la oferta formulada por BTU es la más conveniente y, como consecuencia, la licitación siga su curso normal; y 3) en subsidio a lo anterior, desestime la oferta de Techint”, dice la presentación firmada por Carlos Mundin, presidente de BTU.

La Comisión Evaluadora de la licitación descalificó las propuestas de BTU, Contreras Hermanos y Víctor Contreras por no indicar, para los insumos desagregados, los índices Indec asociados capaces de permitir la redeterminación definitiva de los precios ofertados, exigencia que supuestamente figuraba en el artículo 62 del pliego. Las descalificaciones fueron sin consulta previa ni posibilidad de aclaración, lo cual, según afirma BTU, aún en caso de haber efectivamente incurrido en un error éste es formal y podría haberse subsanado sin modificar la estructura económica de la propuesta.

No obstante, en su impugnación BTU sostiene que su propuesta no presentaba errores pues el pliego incluía un cuadro donde se explicitaba la estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada (la que también sería de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria) y las fuentes de información de los precios. “De esta manera, se entiende que, de acuerdo al artículo 62, y en aras de medir todas las ofertas bajo los mismos estándares, la redeterminación de los precios ofertados deberá realizarse de acuerdo a los índices de ponderación previstos en el cuadro”, agrega en la presentación a la que tuvo acceso EconoJournal.

Ajuste fiscal

Sin embargo, más allá del planteo administrativo de BTU, el proyecto está inmerso en una profunda incertidumbre. Fuentes privadas indicaron a este medio que lo más probable es que la licitación para concluir el GNEA se declare nula por la precaría situación fiscal del gobierno para incluir la obra en el presupuesto de 2019, en post de cumplir con la reducción del déficit fiscal.