El gobierno de Río Negro abrió un debate por el reparto de la coparticipación y las regalías a los municipios en el contexto de un cambio de matriz productiva que prepara a la provincia para convertirla en la puerta de salida del gas y el petróleo de Vaca Muerta al mundo.
La gestión de Alberto Weretilneck busca presentar el proyecto en la Legislatura en agosto, pero aún debe resolver cómo evitará un escenario de intendentes ganadores y perdedores en el proceso. Si aplica una actualización en función solamente de los nuevos índices poblacionales, habrá 13 localidades que se verán beneficiadas y otras 24 que perderán recursos, varias de ellas gobernadas por aliados políticos.
Lo mismo sucedería con la incorporación de nuevas ciudades al estatus de productoras de hidrocarburos para la recepción de regalías en detrimento de históricas como Catriel, que en su momento manifestó su malestar frente a eventuales modificaciones.
«El gobernador lo que nos pidió a los equipos técnicos es que evaluemos la posibilidad de buscar el mecanismo para beneficiar a los municipios que tendrían que tener mejores ingresos para corregir la inequidad del sistema vigente, sin perjudicar a ningún otro», dijo a EN/CLAVE el ministro de Gobierno de la provincia, Agustín Ríos.
El régimen de coparticipación de Río Negro está fijado por la ley 1946, sancionada originalmente en 1984 pero modificada en varias oportunidades.
La masa a repartir entre los municipios se integra del 26,5% de la recaudación provincial de impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y a los Automotores, del 10% de lo que ingresa por coparticipación nacional y del 10% de las regalías que percibe la provincia.
Según los criterios que establece la norma para determinar los coeficientes de cada localidad, el 40% se distribuye según datos poblacionales de 1991; otro 40% se basa en la recaudación generada en cada municipio; y el 20% restante se reparte en partes iguales.
La no actualización de los valores poblacionales generó que ciudades como Cipolletti o Bariloche, que son las más pobladas de la provincia, hoy reciban menos ingresos de los que les corresponderían si se aplicara el Censo 2022.
«Un tema difícil»
Weretilneck abrió este debate con todos los intendentes en febrero pasado, en una reunión que encabezó en Viedma. «No va a ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo. La decisión que tomemos la vamos a trabajar de tal manera que cuente con la participación y, en lo posible, con la aprobación mayoritaria de ustedes», planteó.
El gobernador reconoció en ese encuentro que el debate es «complejo» y que «cuando hay ganadores y cuando hay perdedores, es un tema difícil y por lo tanto necesita de mucha buena fe, de transparencia y de diálogo político».
A partir de esa primera charla, el gobierno organizó reuniones por zonas con los intendentes, pero el surgimiento de diversos malestares entre los que comenzaron a sentirse «perdedores» frenó la discusión temporalmente.
«Tuvimos reuniones, hubo algún intendente que por ahí estaba de acuerdo, pero estaba requiriéndole al gobierno un esquema de compensación y es lo que estuvimos analizando en este último tiempo», indicó Ríos.
Explicó que, en la reunión de gabinete realizada la semana pasada, el gobernador le pidió al equipo técnico del ministerio de Gobierno y al de Hacienda que evalúen un mecanismo para beneficiar a los municipios que tendrían que tener mejores ingresos pero «sin perjudicar a ningún municipio», con el objetivo de llevar un proyecto a la Legislatura en agosto.
«O sea, sostener en algún sentido el régimen vigente, pero corregir con la herramienta técnica jurídica que estamos evaluando a aquellos municipios que debieran tener mejores o mayores ingresos», sostuvo.
Sobre el formato que tendrá la propuesta, el funcionario aclaró que «el gobernador entendió y sostuvo que debería ser por ley», pero que aún evalúan si hacer una reforma sobre el propio esquema de coparticipación o si será «una ley independiente».
«Yo no me aventuraría a decir que vamos a actualizar los índices. Hoy la idea es corregir la inequidad que hay con los municipios que están reclamando que se actualice porque se ven beneficiados, sin entrar a actualizar los datos de la coparticipación», planteó.
Los que ganaban y los que «perdían»
Según el esquema que presentó el gobierno de Río Negro a los municipios en febrero, con la actualización de los índices de población del Censo 2022, los dos con mayor variación positiva en su coeficiente serían Dina Huapi y Fernández Oro, ambos con un aumento del 54%.
La primera es una localidad de unos 6.000 habitantes que creció en los últimos años al calor de Bariloche, ubicada a 15 kilómetros. La segunda, con una población de 15.000, experimentó una situación similar como «ciudad dormitorio» para el aglomerado de la Confluencia que incluye a Neuquén capital y Cipolletti.
En el tercer lugar de «beneficiadas» estaría El Bolsón, en el sur de la provincia, con una variación de su índice del 27%. El resto vería aumentos de entre el 11%, como Cipolletti, y del 1% en el caso de Guardia Mitre.
En el lote de las que perderían recursos si se aplicara la actualización estarían, por ejemplo, Sierra Grande, la ciudad cabecera para los puertos de exportación de petróleo y GNL que proyecta Río Negro. La localidad gobernada por Roxana Fernández, del oficialista Juntos Somos Río Negro, vería reducido en un 28% su índice de coparticipación.
Esto implicaría unos 110 millones de pesos menos por mes, según la simulación que presentó el gobierno a los intendentes.
Otras «perdedoras» según el esquema original propuesto eran Viedma (-10%), Villa Regina (-19%), San Antonio Oeste (-6%) y Cinco Saltos (-14%).
Cipolletti, por otro lado, hoy gobernada por Rodrigo Buteler, presidente de JSRN y eventual sucesor de Weretilneck para el 2031, ganaría 320 millones mensuales si se diera esta modificación.
Regalías, un debate de fondo
Con el debate de la coparticipación, el gobierno de Weretilneck también propuso modificar el régimen de reparto de regalías, en momentos donde Río Negro empieza a incrementar su participación en el desarrollo de Vaca Muerta.
El actual esquema integra un 10% de las regalías que recauda la provincia a la masa coparticipable, pero no las distribuye en partes iguales a todos los municipios como sucede en Neuquén. Solo va un 65% mientras que el 35% restante se reparte exclusivamente entre las localidades consideradas «productoras»: Catriel, Allen, Contralmirante Cordero, Campo Grande, Cervantes, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y General Roca.
Los índices para ese reparto, que datan del 2004, beneficiaron con más de la mitad de los recursos a Catriel, que hoy recibe un 60% del total y se vería perjudicada con el cambio que propone la gestión.
La intendenta Daniela Salzotto (PJ) fue una de las que más resistencia manifestó a este cambio junto a su par María Emilia Soria (PJ) de General Roca, que también vería reducida su participación en el reparto.
Según presentó el gobierno a los municipios a principios de año, hay una idea de que se incorporen cinco localidades más a ese estatus: Mainqué, Ingeniero Huergo, General Godoy, Chichinales y Villa Regina, pese a que no tener todas pozos en producción en su zona.
Al criterio de la Provincia, el nuevo esquema debe contemplar la producción acumulada del año anterior, la incidencia de la producción por cercanía (demanda por impacto de la actividad) y la cantidad de pozos dentro del ejido municipal.
El ministro de Gobierno, Agustín Ríos, dijo a EN/CLAVE que ese tema quedó en manos de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y que va por un «carril distinto» al proyecto que presentarían en agosto para modificar la coparticipación.
Pero analizó que «en algún momento se tiene que retomar, porque también hay situaciones en donde municipios tienen impacto en sus jurisdicciones con la producción de pozos y, obviamente, se debiera generar una actualización normativa», pero va por un carril distinto».
