La decisión del gobierno hasta el lunes a la mañana era destinar el verano a revisar las tarifas de los servicios públicos con la intención de autorizar un aumento en marzo, que estuviera por debajo de la inflación. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, eran partidarios de esa propuesta y los equipos técnicos estuvieron trabajando para plasmar la idea en el proyecto de Emergencia Económica. Por eso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró el fin de semana que no habría congelamiento tarifario. Sin embargo, durante el lunes el presidente Alberto Fernández decidió que no haya subas hasta el 30 de junio y por la noche lo comunicó en una entrevista al canal Telefe.

La intención de dar un aumento menor a la inflación buscaba dejar en claro entre las empresas que no se volvería a transitar el camino que recorrió el kirchnerismo entre 2003 y 2015, pero que tampoco se le daría luz verde a los fuertes incrementos que tuvo que enfrentar la ciudadanía con el macrismo. De ese modo, se le deba una señal a la inversión para que no haya un freno en la producción de hidrocarburos sino el déficit de la balanza energética inevitablemente crecerá.

Otro de los motivos para autorizar un incremento en marzo tenía que ver con mandar una señal a las distribuidoras provinciales, sobre todo las controladas por los gobernadores, para que no dejen de pagarle la tarifa a CAMMESA. En la actualidad, el porcentaje de cobrabilidad está por encima del 90%, pero si se congelan tarifas lo más probable es que las distribuidoras continúen pagando salarios y otros gastos urgentes, pero decidan patear la factura de la energía, como ocurrió durante el kirchnerismo.  

A raíz de estas razones, el plan era tomarse el verano para negociar con las compañías y habilitar un ajuste en marzo, pero ahora la situación cambia porque el congelamiento se extenderá hasta mitad de 2020 y algunos creen, incluso dentro del gobierno, que no será sencillo autorizar una suba en pleno invierno. Por eso anoche el equipo económico trabajaba para tratar de suavizar la letra del proyecto. El problema es que a medida que el congelamiento se extiende el costo de la actualización que supone cierta normalización es cada vez más alto. El kirchnerismo sabe bien de que se trata eso porque cuando intentó salir del congelamiento en 2011 y 2014 no encontró la manera de hacerlo sin que eso tuviera un alto impacto social.

Por otra parte, si bien el gobierno anterior autorizó subas de tarifas muy por encima de la inflación, en este último año puso el pie en el freno para tratar de acrecentar sus chances electorales. Debido a ello, transportistas y distribuidoras de luz y gas no actualizan sus precios desde el primer cuatrimestre.