El presidente Javier Milei anticipó este jueves que enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar en sesiones extraordinarias la Ley de Glaciares y que sea cada provincia la que determine cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. El objetivo oficial es destrabar una serie de inversiones, fundamentalmente en grandes proyectos de cobre.
“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, aseguró Milei en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la provincia de Corrientes.
El gobierno viene desde hace tiempo evaluando distintas opciones para modificar la Ley de Glaciares. Una de las alternativas que estuvo en carpeta fue introducir cambios por decreto, pero finalmente la idea fue descartada por temor a que fuera bloqueado por la Justicia.
La opción de un proyecto de ley cotizaba en baja, pero luego del triunfo electoral de octubre, el gobierno apuesta a destrabar las inversiones con un mayor número de legisladores propios y el apoyo de las jurisdicciones mineras.
De hecho, las provincias mineras son las que más vienen presionando para que se modifique la ley de Glaciares. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se juntó esta semana con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y le aseguró que la legislación actual constituye un freno para el desarrollo de proyectos mineros como El Pachón y Vicuña.
Lo mismo había señalado el mes pasado el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Roberto Cacciola. “Hay una ley de Glaciares que no solo protege glaciares, que protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Si eso no se modifica, lo que va a pasar es que nadie va a poner la plata en Argentina”, remarcó.
“Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales”, sostuvo Milei, quien reveló que la idea se la acercó el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.
Qué dice la ley
La ley 26.639 de 2010 prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en las zonas glaciares y periglaciares. Sin embargo, la norma no es clara en lo que respecta a la definición de las zonas periglaciares.
El artículo 2 de la ley dice que “se entiende por ambiente periglaciar en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”. Identificar esos suelos requiere criterios científicos que la ley no detalla.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha sido el organismo encargado de aplicar criterios científicos para identificar en el terreno aquello que la ley manda proteger y elaborar el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y caracteriza glaciares y geoformas periglaciales.
Ese inventario ha recibido varias objeciones por parte de organizaciones ambientalistas porque afirman que el inventario no incluye glaciares de menos de una hectárea. Al mismo tiempo, las empresas afirman que el inventario obstaculiza sus proyectos y buscan que se revise la interpretación técnica de dónde hay glaciares o periglaciares protegidos.
Centralismo o federalismo ambiental
El debate sobre la Ley de Glaciares estuvo atravesado desde su inicio por la dictomía federalización/centralización que ahora resurge de la mano del proyecto que enviará el gobierno al Congreso.
Las organizaciones ambientalistas defendieron la necesidad de que el inventario de zonas glaciares y periglaciares fuera realizado solo por el IANIGLIA porque aquellas áreas trascendían los límites políticos-administrativos y era indispensable utilizar una metodología uniforme a lo largo de toda la Cordillera de los Andes.
Además, cuestionaban que las auditorías ambientales fuesen realizadas por autoridades provinciales ya que con este instrumento se podía llegar a demorar la efectiva implementación de la Ley de Glaciares, como había sucedido en algunas jurisdicciones con la Ley de Bosques Nativos.
Por el contrario, los gobernadores de las provincias mineras plantearon que las instituciones provinciales debían participar en la elaboración del inventario y de las auditorías. Estos actores sostenían que como los recursos naturales son dominio de las provincias.
Como recuerda la investigadora de la Universidad de Buenos Aires, María Laura Isla Raffaele, en un paper donde repasa las discusiones y controversias sobre el federalismo ambiental que motivó la ley de Glaciares, los mandatarios de ocho provincias cordilleranas (Jujuy, Salta, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, Río Negro y Santa Cruz) firmaron incluso un documento en el cual se comprometieron a impulsar legislaciones provinciales sobre glaciares, como una forma de rechazo a las discusiones parlamentarias a nivel nacional
En cumplimiento de ese acuerdo, Jujuy, San Juan, La Rioja, Salta y Santa Cruz sancionaron leyes de protección de glaciares, cuyo objetivo fue reforzar la autonomía provincial sobre los recursos naturales y la potestad de decidir sobre el desarrollo de la megaminería.
La disputa incluso llegó a judicializarse hasta que en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la validez jurídica de la norma y determinó que las autoridades nacionales y provinciales debían arbitrar los medios necesarios para potenciar su cumplimiento. Sin embargo, el tema nunca terminó de resolverse y ahora el debate se reabre.
