El gobierno quiere que exista un mercado de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en funcionamiento para cuando comience a regir en Europa la tarifa de ajuste de carbono en frontera. El esquema alcanzará a todos los sectores de la economía y regirán penalidades económicas para las empresas que superen las emisiones permitidas por la autoridad de aplicación. El esquema podría ser «cap and trade» como el mercado de emisiones europeo, según fuentes del área energética del gobierno consultadas por EconoJournal.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, resaltó que la creación de un mercado de derechos de emisiones es uno de los pilares de la política de transición energética del gobierno. «Vamos a incorporar el tema del mercado de los derechos de emisión. Cabe destacar que Argentina tiene recursos sobresalientes de fuentes renovables y reservas de gas no convencional que ayudarán tanto a la transición en nuestro país y que esperamos que puedan ayudar también a la transición de otros países«, dijo Chirillo este lunes en un mensaje grabado para el evento Future Energy Summit (FES) Argentina.

La propuesta había sido incluida en la fallida Ley de Bases y Puntos de Partida. El gobierno buscará aprobar una versión corta de la ley que elimina la mayoría de los 600 artículos del texto original pero que suma nuevamente el paquete fiscal. EconoJournal consultó con la Secretaria de Energía si el articulado será incluido en la nueva versión de la Ley Bases, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.

Definiciones

Rodríguez Chirillo explicó cuáles son los trazos gruesos de la propuesta que el gobierno buscará llevar nuevamente al Congreso. En su exposición, sugirió la relevancia de tener un mercado de derechos en funcionamiento para cuando comience a regir el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM por sus siglas en inglés) en la Unión Europea en 2026.

«Todos debemos hacer un esfuerzo para cumplir con los compromisos y eso ayudará a que los productos que Argentina exporte no queden fuera del mercado cuando esté efectivo el impuesto al carbono en frontera«, advirtió el secretario de Energía.

La propuesta incluida en la Ley Bases original faculta al poder ejecutivo a asignar derechos de emisión de (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de la meta de emisiones comprometida por el país en el Acuerdo de París. Chirillo reforzó este concepto y señaló que la meta vigente de Argentina es no superar las 349 millones de toneladas de CO2 para el 2030.

«Para el desarrollo del mercado de derechos de emisión, quienes emiten gases de efecto invernadero,
sin importar a qué sector pertenezca, son los responsables de cumplir con los compromisos asumidos por el país», enfatizó. Añadió que el Estado «controlará el cumplimiento obligatorio de no superar el umbral y se establecerán penalidades en caso de incumplimiento».

El diseño pensado por el gobierno se inspira en el mecanismo «cap and trade» de Europa, en el cual las empresas que sobre cumplen con la meta de emisiones pueden vender sus derechos de emisión a las que están en infracción, aunque el diseño final todavía está en definición. «Hay que analizar experiencias internacionales, lecciones aprendidas y disponibilidad de información y hacer nuestro propio diseño«, confiaron desde la secretaría de Energía a una consulta de este medio.

Tarifas al carbono

La creación de un mercado de derechos de emisiones pondría a la Argentina en línea con algunos de los principales países y mercados del mundo en materia de regulación comercial orientada a la reducción de las emisiones. Las crecientes exigencias ambientales para los productos y servicios argentinos en los mercados de destino explican la iniciativa gubernamental.

La Unión Europea está liderando los avances en la materia comercial. Las empresas en los sectores alcanzados por el mercado de derechos de emisión, conocido como EU-ETS, deben asumir los costos económicos de invertir en reducir las emisiones en sus procesos productivos. Pero este esfuerzo económico las vuelve menos competitivas frente a la competencia importada. Para evitar la relocalización de fábricas fuera de Europa, la Unión Europea en 2023 puso en marcha el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono para que las importaciones comiencen a pagar una suerte de tarifa por sus emisiones a partir de 2026.

La iniciativa europea también está forzando a Estados Unidos a diseñar una legislación que incremente el costo de las importaciones por su huella de carbono. Una legislación que va en esa dirección es el proyecto PROVE IT: instruye al Departamento de Energía a estudiar y determinar la intensidad de carbono en las emisiones de determinadas materias primas y productos industriales fabricados en los EE.UU. y en el extranjero. La ley alcanzaría al litio e hidrocarburos exportados desde Argentina a EEUU. El proyecto obtuvo dictamen recientemente en el Comité de Ambiente del Senado y ya está en condiciones de ser votado en las cámaras del Congreso.