No se puede esmerilar la confianza de los clientes con aumentos casi mensuales de los combustibles. Con esas palabras, un alto ejecutivo petroleros describió el escenario actual que atraviesa el mercado de derivados del petróleo, signado por el incremento, en simultáneo, de los tres grandes ejes que determinan su nivel de precios: a) el valor internacional, que en las últimas semanas se estacionó apenas por debajo de los 70 dólares (a principios de diciembre cotizaba a 55 dólares); b) el dólar, que se encareció desde diciembre en un 9 por ciento; y c) la carga impositiva que grava la venta de productos fósiles, que se elevará a partir de marzo por la reforma fiscal que impulsó el Gobierno.
El alza conjunta de estas tres variables ejerce una fuerte presión alcista sobre los precios de las naftas y el gasoil en surtidores y, por consiguiente, traslada ese efecto alcista sobre la inflación. Lo sabe Federico Sturzenegger, presidente del BCRA, que en las últimas semanas intentó justificar parcialmente los magros resultados de la política anti-inflacionaria en las subas de los combustibles registradas durante 2017.
Frente a ese escenario, YPF, la mayor petrolera del mercado, controlada por el Estado, acercó una propuesta alternativa a la Casa Rosada para morigerar los próximos aumentos en surtidores. En concreto, la compañía que preside Miguel Gutiérrez planteó reducir, de forma excepcional, la carga impositiva sobre el expendio de combustibles. Se trata, en la práctica, de la variable endógeno sobre la que el Ejecutivo puede operar con mayor facilidad.
El artículo 5 de la Ley 23.966 –que determina el esquema tributario de la industria- autoriza al Ministerio de Energía a reducir, sin la necesidad de obtener el aval del Congreso, hasta un 10% el valor del impuesto a la transferencia (ITC), que en el caso de las naftas representa hoy un 62% del precio a la salida de refinería. En el caso del gasoil, el porcentaje es un poco menor, pero aún es muy significativo.
En los albores de la gestión de Juan José Aranguren en Energía, el ministro se había comprometido a bajar el componente impositivo sobre el sector, pero eso proyecto fue finalmente postergado por la precaria situación fiscal de las cuentas públicas.
Con la reforma tributaria, el ITC será fijo: $ 6,726 tanto para la nafta «premium» como para la súper. Ambas también pagarán $ 0,412 por cada litro vendido como resultado de la creación del polémico Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2).
La propuesta de YPF, que está en línea con el pensamiento generalizado del resto de las petroleras, es reducir ahora un 10% el valor del ITC. “El aumento del barril a nivel internacional, la devaluación del peso y el aumento de la carga tributaria por la creación del impuesto al CO2 conforman un escenario de excepcionalidad. La baja circunstancial de los impuestos ayudaría a evitar que esas subas se trasladen a surtidores o, al menor, contribuiría a morigerar su impacto”, explicó a EconoJournal un directivo del sector, que está al tanto de la iniciativa. “El esquema funcionaría como un acordeón, bajando los impuestos ahora que el precio del del crudo subió, y subiéndolos cuando el barril pierda valor y el tipo de cambio se estabilice. De esa manera, llevaríamos previsibilidad al cliente, no sólo a automovilistas, sino también al mercado mayorista de industrias y PyMEs”, agregó.
Según los cálculos que manejan las empresas, la reducción del ITC significaría para el Estado un recorte en la recaudación de entre 3 y 5 millones de dólares diarios. Es decir, entre 100 y 150 millones de dólares por mes, que serán parcialmente compensados por el cobro del Impuesto al CO2.
“La baja del 10% del ITC podría representar una mejora de entre 3% y 4% del precio final de los combustibles, por lo que daría margen a las petroleras para amortiguar próximas subas”, indicó un consultor que sigue de cerca la situación.
YPF es la única petrolera que aún no aumentó sus combustibles. Shell, Axion Energy, Petrobras (Pampa Energía) y Oil remarcaron un 5% sus pizarras en los últimos 10 días. YPF espera una respuesta del gabinete económico para esta semana, que marcará los pasos a seguir.
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Es llamativo el requerimiento de Ypf al gobierno, da la impresión de una acción coordinada con el gobierno sobre la que resulta necesaria hacernos algunas preguntas:
Quien paga el requerimiento, si duda las provincias y que la mayor parte de esta recaudación alimenta fondos específicos que indefectiblemente deben utilizarse en imfraestructura eléctrica, viviendas, caminos entre los más importantes. La segunda es si el precio del producto resulta razonable, aquí se plantean varias dudas ya que si bien tanto las empresas refinadoras, en una mala práctica, como la actual autoridad sectorial han forzado precios de los combustibles en el mercado interno por encima de la paridad de importación (con lo cual rompen la principal virtud del autoabastecimiento que aún hoy en líquidos se mantiene como neto a pesar que por un problema de blend de refinación se importa un poco de crudo equivalente a “medanito” la realidad es que antes de impuestos los precios están por encima de sus equivalentes en Uruguay y Chile que importan casi la totalidad de crudo que procesan lo cual resulta poco razonable, aún cuando siempre el mercado de combustibles se ha regido por un sistema de precios y no de costos.
Si la cuestión es reforzar el flujo de fondos de Ypf, hay que tener en cuenta que por cada dólar que ceda el tesoro (en realidad las infraestructuras de las provincias) de los 54 centavos que recibe Ypf, veintiséis van a los tenedores privados de acciones como los restantes 46 centavos que directamente van a los privados que totalizan de esta manera setenta y dos centavos por cada dólar de
Transacción; si Ypf requiere de mayor flujo lo mejor sería que el Estado le preste plata resultaría más trasparente y eficiente. Si bien no comparto los precios actuales de los combustibles y creo ridiculizar la creación de otros impuestos (al dióxido de carbono) cuando la matriz de consumo es una de la más limpia del planeta (entre los paises consumidores de hidrocarburo en los que casi ninguno lo percibe) resulta ridiculi crear unos impuestos para bajar otros ( lo que en realidad es otra transferencia de recursos de las provincias al estado nacional) si Ypf al igual que las otras compañías en este espejismo de incrementar precios quieren seguir avanzando pues que se asuman el menor consumo por la flexibilidad de la demanda.
Y el gobierno se cagó bien de risa seguro. No?
Todos sabemos la severa crisis que genera el deficit fiscal, el consumidor de combustibles es en general un contribuyente que aporta sumas globales significativas. No dejara de usar sus movilidades o maquinarias porque le aumenten el precio de los combustibles, aun cuando ello sea injustificado. Si se quiere ya esta acostumbrado al abuso. Lo grave es que plantee una reduccion que indefectiblemente debera ser compensada con otros impuestos o mayor deuda publica, el juego de suma cero. Sean mas imaginativos, austeros y serios, tengan presente que el costo de produccion del barril argentino esta «inflado» respecto del que tienen otras empresas extractoras en el mundo.